1. Introducción #

1.1 Los delitos contra la naturaleza en la Amazonía #

El término «delitos contra la naturaleza» se utiliza para referirse a formas ilegales de tala, conversión de ecosistemas, explotación y tráfico de vida silvestre (tanto nacional como internacional), pesca y minería, y suele estar asociado con delitos financieros, fraude, corrupción, crimen organizado y abusos laborales y de derechos humanos.¹ En la Amazonía, puede entenderse como un conjunto de actividades ilegales o con elementos de ilegalidad que dañan los bosques, los ríos, la vida silvestre y las poblaciones locales,² aunque su definición legal varía según las regulaciones ambientales de cada país amazónico y lo que constituye una violación de dichas regulaciones (véase el Capítulo III para una revisión de las definiciones legales en cada país).

Estas actividades no operan de manera aislada. Las redes criminales involucradas en la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de drogas suelen participar en más de una actividad y con frecuencia comparten canales de financiamiento.³

Establecer una línea de base sobre el alcance, la distribución y la gravedad de estas actividades en toda la Amazonía es un desafío, ya que no todas pueden representarse espacialmente con la misma precisión o consistencia. Las transacciones financieras y las redes criminales pueden estar geográficamente dispersas, ocultas tras transacciones opacas o ser imposibles de atribuir a ubicaciones específicas. Para abordar esta limitación, el análisis presentado en este informe se centra en las manifestaciones de los delitos contra la naturaleza: las consecuencias físicas y observables de la actividad ilegal que dejan una huella detectable —en la cobertura del suelo, en los sistemas fluviales o en los registros de violencia— y que pueden rastrearse sistemáticamente en todos los países de la cuenca amazónica.⁴

Este informe rastrea las siguientes manifestaciones potenciales de los delitos contra la naturaleza:

• Deforestación ilegal: eliminación permanente de la cubierta forestal para agricultura, ganadería u otros usos, realizada de manera ilícita —ya sea mediante la apropiación de tierras públicas o mediante violaciones de las normas que rigen el uso y la conversión de la tierra en áreas protegidas, territorios indígenas o propiedades privadas—.

• Tala ilegal: extracción de madera en violación de las leyes nacionales de manejo forestal —incluida la tala sin un plan de manejo válido, por encima de los volúmenes autorizados, en áreas donde la tala está prohibida (como áreas protegidas y territorios indígenas), o mediante documentación fraudulenta para introducir madera talada ilegalmente en las cadenas de suministro legales. La tala ilegal es, por sí misma, una fuente significativa de degradación forestal y un precursor común de la deforestación a gran escala, ya que las áreas taladas selectivamente se vuelven más vulnerables a los incendios y a la invasión agrícola.

• Minería artesanal y a pequeña escala de oro ilegal (en tierra y en ríos): la minería de oro se ha expandido drásticamente en toda la Amazonía durante las últimas dos décadas, impulsada por el aumento de los precios, el debilitamiento de la aplicación de la ley y la entrada de grupos del crimen organizado que la utilizan como vehículo para el lavado de dinero y el control territorial. Es una característica definitoria de la economía criminal de la región y una fuente de deforestación —por la remoción directa de la vegetación— como de degradación de los ecosistemas, debido a la contaminación de los cursos fluviales por el uso de mercurio.

• Contaminación por mercurio: utilizado en la minería artesanal de oro para aglutinar y separar el oro de los sedimentos, el mercurio ingresa a los sistemas fluviales amazónicos como una toxina persistente y bioacumulativa que cruza las fronteras nacionales a través de las vías fluviales compartidas y la cadena alimentaria, alcanzando concentraciones peligrosas en los peces y en las comunidades indígenas y ribereñas que dependen de ellos.

• Amenazas y muertes violentas de defensores del medio ambiente: ataques contra personas que vigilan, denuncian o se oponen a actividades ilegales en áreas afectadas por delitos contra la naturaleza y sus alrededores. Estos incidentes se reconocen cada vez más como una consecuencia directa y previsible del patrón más amplio de extracción ilegal, y a menudo son perpetrados por -o en nombre de- las mismas redes criminales responsables de los delitos denunciados.

  1.2 ¿Por qué evaluar el alcance y la gravedad de los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía? #

El objetivo central de este análisis es hacer un balance de los datos disponibles en los países amazónicos que permitan un seguimiento coherente y sistemático de la variación espacial y temporal de las manifestaciones de los delitos contra la naturaleza en toda la región —comprendiendo dónde se concentran, dónde se intensifican y dónde parecen disminuir—. Este enfoque busca abordar un desafío persistente en la comprensión de las dinámicas de degradación ambiental derivadas de actividades criminales o ilegales: la ausencia de una fuente de datos única e integrada que abarque los ocho países de la cuenca amazónica con definiciones y metodologías consistentes. Esta carencia impide evaluar la escala agregada del problema e identificar dinámicas transfronterizas.

Diversas plataformas impulsadas por gobiernos y la sociedad civil generan datos relevantes para el monitoreo de los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía, muchos de ellos de código abierto. Sin embargo, la mayoría cubre solo un subconjunto de países o de años, y su carácter fragmentado y retrospectivo dificulta la evaluación de tendencias regionales o de la magnitud acumulada del problema.

Otras organizaciones han intentado mapear los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía. La plataforma «Amazon Underworld» del Instituto Igarapé e InSight Crime, junto con sus documentos de políticas, ha documentado cómo la minería ilegal, la tala, el desmonte de tierras y el tráfico de vida silvestre son impulsados por redes de delincuencia organizada en cinco países amazónicos, basándose en investigaciones de campo y en fuentes abiertas. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, la sigla en inglés) publicó el informe «Delitos ambientales en la Amazonía: tendencias actuales y amenazas crecientes», que identificó más de 4.000 sitios de minería ilegal en toda la región en 2023, cartografió puntos críticos de deforestación en Brasil, Colombia y Perú, y documentó cómo las organizaciones criminales han adaptado sus métodos para aprovechar las lagunas normativas. Aunque estos esfuerzos han contribuido a visibilizar la gravedad y el alcance de los delitos contra la naturaleza como motor de degradación ambiental, no constituyen una evaluación sistemática de los datos disponibles en todos los países que pueda establecer una línea de base regional y monitorearla de manera regular.

El objetivo principal de dicha línea de base no es servir como evidencia para procedimientos legales específicos basados en casos individuales, sino sensibilizar al público, movilizar recursos y orientar los esfuerzos de política y aplicación de la ley —incluidas las contribuciones de la sociedad civil— hacia las jurisdicciones donde los datos indican que son más necesarios. Varios públicos se beneficiarán de un esfuerzo de monitoreo sostenido e integrado a nivel regional.

• Para los gobiernos, disponer de datos consistentes sobre la variación espacial y temporal de los delitos contra la naturaleza —dónde se intensifican, dónde disminuyen y qué factores están asociados— permite evaluar con mayor rigor la eficacia de políticas y operaciones de aplicación de la ley. Una base de evidencia regional es especialmente valiosa para evaluar intervenciones transfronterizas y justificar inversiónes sostenidas en capacidad de detección y enjuiciamiento.

• Para los organismos regionales de gobernanza y cooperación (por ejemplo, la comisión de seguridad pública de la OTCA o el Centro de Cooperación Policial Amazónica —CCPI—), resulta valioso monitorear los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía, y no solo dentro de fronteras nacionales, es esencial para comprender su magnitud total. Dado que estos delitos son cada vez más transfronterizos – y las redes criminales operan en múltiples categorías y aprovechan lagunas jurisdiccionales y corrupción – se requieren conjuntos de datos que abarquen más de una manifestación y permitan una respuesta política multinacional.

• Para las comunidades indígenas y locales, contar con una referencia cuantitativa de los delitos contra la naturaleza a los que se enfrentan proporciona una base para la incidencia ante gobiernos, donantes y organismos internacionales, permitiendo demonstrar con claridad cuándo los niveles de amenaza han aumentado y justifica mayor protección.

• Para las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de donantes, una visión regional integrada ayuda a identificar dónde son mayores las necesidades y dónde es más probable que el apoyo tenga un impacto —ya sea fortaleciendo sistemas de monitoreo, financiando operaciones de aplicación de la ley o apoyando a comunidades más expuestas.

• Para el sector privado, los datos espaciales sobre los delitos contra la naturaleza son insumos clave para la gestión de riesgos y diligencia debida. Empresas que exportan a la Unión Europea enfrentan obligaciones trazabilidad bajo marcos voluntarios y/o normativos (como el Reglamento de la UE sobre la deforestación —EUDR—) y requieren información confiable sobre el riesgo de deforestación en sus áreas de abastecimiento. Las instituciones financieras —bancos, administradores de activos y aseguradoras— necesitan comprender su exposición a activos vinculados a la conversión ilegal de tierras, un riesgo documentado en detalle en un informe de 2024 de WWF-UK sobre delitos financieros y conversión de tierras.⁵

En este contexto de creciente relevancia para responsables de políticas, agencias de aplicación de la ley, empresas, inversionistas y sociedad civil, surge una pregunta central: ¿hasta qué punto los datos actualmente disponibles en toda la cuenca amazónica pueden respaldar tales evaluaciones, y dónde se encuentran las brechas críticas? Para responderla, primero es necesario comprender qué tipo de datos que se requeren para evaluar el alcance y la gravedad de los delitos contra la naturaleza en la Amazonía.

1.3 Cómo evaluar el alcance y la gravedad de los delitos contra la naturaleza #

Una dificultad central para mapear los delitos contra la naturaleza en la Amazonía es que estos están sistemáticamente subdenunciados, subprocesados y subcondenados. En Brasil —posiblemente el país de la región con los sistemas de detección y aplicación de la ley más desarrollados— solo alrededor del 45 % de las áreas deforestadas ilegalmente recibieron notificaciones de infracción, incluso durante períodos de mayor fiscalización.⁶ Un factor importante que contribuye a ello es el bajo nivel de denuncias: en muchas zonas, más de la mitad de todos los delitos nunca llegan a conocimiento de las autoridades, en gran parte porque las comunidades tienen poca confianza en que se tomen medidas.⁷ Basar el análisis en las condenas penales proporcionaría una base probatoria más sólida, pero las tasas de condena siguen siendo bajas: en Brasil, solo se presentan cargos formales (indiciamento) en alrededor del 25 % de las investigaciones de delitos ambientales.⁸

Por lo tanto, no es posible obtener una imagen de dónde ocurren los delitos contra la naturaleza ni de su magnitud a partir de registros penales, que solo mostrarían los casos que efectivamente fueron procesados y sentenciados. En cambio, este informe mapea las manifestaciones potenciales de los delitos contra la naturaleza: eventos observables que combinan dos elementos — (i) evidencia de daño ambiental, establecida mediante teledetección u otros registros de datos espacialmente explícitos; (ii) fundamentos para caracterizar ese daño como una violación de la legislación aplicable, con base en la designación del suelo que determina qué usos, cambios en la cobertura vegetal natural y actividades están autorizados. Para algunos delitos, el acto en sí mismo es intrínsecamente ilegal y un registro espacialmente explícito de su manifestación es suficiente para establecer esa violación (por ejemplo, el vertido de mercurio proveniente de la minería ilegal o la violencia contra un defensor del medio ambiente).

Este informe examina las fuentes de datos actualmente disponibles en los ocho países amazónicos para cada una de estas manifestaciones, evalúa su potencial para una agregación panamazónica consistente y presenta análisis ilustrativos que demuestran cómo estas fuentes pueden combinarse para arrojar luz sobre la escala y la legalidad del daño.

2. Deforestación ilegal #

La deforestación ilegal es el desmonte permanente de bosques de manera ilícita, ya sea mediante la apropiación de tierras públicas o mediante violaciones de las normas que regulan el uso y la conversión de la tierra en áreas protegidas, territorios indígenas o propiedades privadas. La información sobre los factores que impulsan la pérdida de cobertura forestal es especialmente relevante para evaluar la legalidad, ya que facilita la identificación de actividades que pueden constituir una violación de las regulaciones aplicables.

Los sistemas de monitoreo de la deforestación cumplen tres propósitos analíticos distintos, y distinguirlos aclara para qué sí -o para qué no- es adecuado cada conjunto de datos. El monitoreo histórico reconstruye las trayectorias de pérdida forestal a largo plazo a partir de imágenes satelitales archivadas con metodologías consistentes, generalmente desde la década de 1980 o principios de la década de 2000. Su valor radica en establecer líneas de base, seguir tendencias multidecadales y fundamentar la contabilidad de carbono y los compromisos de REDD+. El monitoreo anual produce una medición consolidada de la deforestación por año —por lo general con un retraso de uno a dos años para permitir la composición y validación de imágenes sin nubes— y proporciona las cifras que los países reportan a marcos internacionales como la CMNUCC, además de servir para el desempeño de las políticas año tras año. El monitoreo casi en tiempo real genera alertas con frecuencia semanal o inferior a la semana, priorizando la rapidez sobre las estimaciones definitivas de superficie. Respaldan la intervención de las autoridades, la focalización operativa y el monitoreo de la sociedad civil antes de que la tala avance hasta la pérdida total del bosque.

Cada cadencia desempeña un papel distinto: los datos históricos establecen la línea de base; los datos anuales permiten evaluar porcentajes y factores impulsores de la ilegalidad; y las alertas en tiempo real sustentan la respuesta inmediata de las autoridades.

La sección 2.1 examina los conjuntos de datos oficiales y de la sociedad civil sobre deforestación en los ocho países amazónicos y evalúa su potencial para respaldar una línea de base panamazónica consistente. La sección 2.2 presenta cuatro enfoques analíticos que ilustran cómo los datos existentes pueden utilizarse para caracterizar la legalidad, los factores impulsores y la importancia económica de la deforestación ilegal, con el fin de aproximarse a una línea de base regional. La sección 2.3 concluye señalando las brechas que aún persisten para una evaluación completa y enumera posibles vías a seguir.

2.1 Revisión de los datos disponibles de fuentes gubernamentales y no gubernamentales #

Sistemas nacionales oficiales de monitoreo #

Seis de los ocho países amazónicos cuentan con sistemas oficiales de monitoreo forestal, aunque varían significativamente en su enfoque metodológico, resolución espacial, frecuencia temporal y nivel de acceso público.

• Solo Brasil, Colombia y Perú disponen de sistemas de monitoreo con capacidad de alerta casi en tiempo real, lo cual es esencial para una aplicación reactiva de la ley contra la deforestación ilegal.

• Bolivia, Brasil, Colombia y Perú mantienen conjuntos de datos anuales sobre las áreas deforestadas, accesibles en línea.

• El ciclo de monitoreo bienal de Ecuador y el retraso de al menos dos años en los datos de Guyana impiden que estos sistemas ofrezcan series anuales consistentes.

• La plataforma Gonini de Surinam estaba fuera de línea al momento de redactar este informe, y es posible que sus datos más recientes se remonten a 2023.

• Venezuela presenta la brecha más marcada: el colapso institucional ha dejado al país sin un sistema oficial de monitoreo forestal en funcionamiento desde 2011, coincidiendo con una expansión significativa de la minería ilegal y la deforestación asociada.

• Colombia parece ser el único país de la región que ha realizado una clasificación de sus datos oficiales de deforestación por causas, aunque ese ejercicio llevó a cabo por última vez en 2015.

Tabla 1. Datos oficiales de deforestación y degradación en los países amazónicos.

Los sistemas también difieren en su enfoque metodológico, resolución espacial y temporalidad (por ejemplo, el año de deforestación del PRODES de Brasil va de agosto a julio del año siguiente). Además, solo los sistemas PRODES y DETER de Brasil, el IDEAM de Colombia y Geobosques de Perú publican de manera rutinaria sus datos en formatos fácilmente descargables que podrían servir de base para un análisis transfronterizo. Actualmente no es factible agregar estos conjuntos de datos nacionales en una línea de base anual consistente para toda la Amazonía, ya que no se dispone de datos de varios países y sería necesaria una armonización metodológica significativa incluso en los casos en que sí existen datos disponibles.

Plataformas regionales y de la sociedad civil de monitoreo #

Varias plataformas de la sociedad civil y multiinstitucionales proporcionan datos sobre la deforestación a escala regional, ofreciendo en algunos casos la cobertura transnacional más completa y coherente disponible.

Tabla 2. Conjuntos de datos de la sociedad civil relevantes para el mapeo de la deforestación ilegal

Los datos anuales sobre la pérdida de cobertura arbórea de Global Forest Watch (GFW) y la Universidad de Maryland (UMD) ofrecen estimaciones consistentes a nivel mundial con una resolución de 30 metros, desde el año 2000 hasta el 2025. El producto anual de la UMD no distingue directamente entre pérdida forestal legal e ilegal. Una publicación reciente, también disponible en la plataforma de GFW, desglosa la deforestación detectada por factor impulsor directo (agricultura, minería, tala, asentamientos, otros), con una resolución de 1 km.⁹ Este avance metodológico se utiliza en la sección 2.2 de este informe para respaldar una evaluación más detallada de la relación entre los datos de deforestación y los esfuerzos de cartografía de los delitos contra la naturaleza.

MapBiomas Amazonia se destaca como una base sólida para establecer una línea de base consistente de la deforestación en toda la región. Aplica una metodología armonizada en los ocho países, generando datos de la cobertura del suelo y de transición del uso del suelo con una resolución de 30 metros desde 1985 hasta 2023, un intervalo temporal más amplio que el de UMD. Su capacidad para distinguir entre diferentes categorías de uso del suelo (agricultura, pastizales, minería, zonas urbanas) aporta información sobre los factores que impulsan la deforestación, y su capa de degradación forestal complementa los datos de detección de perdida de bosque. Es importante destacar que es específica de la región amazónica, lo que significa que las categorías de factores utilizadas pueden están más alineadas con la dinámica real sobre el terreno.

Por su parte, la plataforma geoespacial panamazónica de RAISG ofrece el conjunto de datos más completo disponible sobre designaciones de uso del suelo —áreas protegidas, territorios indígenas y concesiones mineras—esenciales para la evaluación de la legalidad. Su cobertura es verdaderamente panamazónica y refleja el intercambio colaborativo de datos entre organizaciones de la sociedad civil de toda la región. No obstante, algunas designaciones de uso del suelo pueden no ser lo suficientemente específicas como para establecer la legalidad, debido a la simplificación necesaria para producir una cobertura completa en ocho países, cada uno con su propio sistema legal y sus propias categorías de designación.

2.2 Análisis relevantes y su potencial de ampliación #

Calificación de los datos de deforestación en todo Brasil #

Una limitación recurrente del monitoreo de la deforestación es que detectar dónde se ha producido la pérdida de bosque, por sí solo, dice poco sobre si esa pérdida fue ilegal y constituye un posible delito contra la naturaleza. Los datos obtenidos por teledetección captan el hecho físico del desmonte; determinar su estatus legal requiere información adicional sobre lo que está permitido según la designación territorial aplicable. Se puede presumir la ilegalidad, por ejemplo, si la tala ha ocurrido en un área protegida con estatus de conservación estricta, como un parque nacional. En áreas de conservación que permiten uso sostenible o en territorios indígenas, la legalidad dependerá de las normas específicas y del tamaño de la tala: pequeñas áreas pueden ser compatibles con el uso permitido, mientras que la deforestación a gran escala conlleva una presunción más fuerte de ilegalidad.

En terrenos privados, la deforestación legal requiere una «Autorización de Supresión de Vegetación» (ASV). El Instituto Centro de Vida (ICV) ha sido pionero en una metodología que cruza sistemáticamente los datos georreferenciados de deforestación de PRODES con los registros de ASV mantenidos por SINAFLOR (el sistema federal de trazabilidad de productos forestales) y por las agencias ambientales estatales. Cuando las áreas desforestadas no pueden vincularse a una autorización válida y georreferenciada, la deforestación se clasifica como no autorizada —un indicador operativo razonable de ilegalidad según el Código Forestal Brasileño.

Al aplicar este análisis al ciclo más reciente de PRODES (agosto de 2024 a julio de 2025), se encontró que aproximadamente el 90 % de la deforestación en la Amazonía brasileña —alrededor de 4.400 km²— ocurrió sin una autorización registrada. Los diez municipios con mayor proporción de desmonte no autorizado se concentran en Pará, Amazonas y Mato Grosso, en consonancia con los patrones de deforestación en zonas fronterizas observados desde hace tiempo (véase la Figura 1).

La solidez de este enfoque depende por completo de la calidad y accesibilidad de los datos de las ASV. Auditorías realizadas por el propio ICV revelan que varios estados no publican registros georreferenciados de autorizaciones, o los publican en formatos no legibles por máquina, lo que impide la verificación cruzada sistemática. Solo Pará y Mato Grosso mantienen bases de datos digitalizadas y de acceso público con calidad suficiente para una evaluación confiable de la ilegalidad.¹⁰ En otros estados, la estimación de la deforestación no autorizada debe considerarse un límite inferior, ya que algunas autorizaciones no pueden cotejarse debido a la fragmentación de los datos. Consciente de estas limitaciones, IBAMA lanzó en 2025 un panel especializado (SINAFLOR x PRODES) que automatiza el cruce de autorizaciones federales con los datos de PRODES, representando un avance institucional significativo hacia el monitoreo sistemático de la ilegalidad en toda la Amazonía Legal.¹¹ Aunque carece de una visualización cartográfica tan detallada como la del ICV, la disponibilidad de esta herramienta demuestra cómo las iniciativas de la sociedad civil pueden abrir camino para mejoras en los sistemas oficiales.

Figura 1. Deforestación autorizada en los biomas de la Amazonía y el Cerrado en Brasil (Fuente: Instituto Centro de Vida, 2026).

Figura 2. Panel de control de Sinaflor x PRODES sobre la deforestación ilegal

Potencial de replicación en toda la Amazonía. El enfoque de ICV y Sinaflor es replicable en principio: requiere una capa confiable de detección de deforestación (análoga a PRODES), una base de datos exhaustiva y georreferenciada de autorizaciones de desmonte de vegetación, y un marco legal que establezca que el desmonte no autorizado es presuntamente ilegal. Brasil está excepcionalmente bien equipado en estas tres dimensiones.

En la mayoría de los demás países amazónicos, una o más de estas condiciones están ausentes o son insuficientes.

• Colombia y Perú cuentan con sistemas funcionales de monitoreo de la deforestación, pero carecen de bases de datos nacionales de autorizaciones de desmonte con cobertura y accesibilidad equivalentes. Ninguno de los demás países amazónicos dispone actualmente con un registro de autorizaciones para la eliminación de vegetación que sea plenamente equivalente y esté georreferenciado públicamente. Perú, Colombia y Bolivia mantienen registros parciales de permisos de desmonte forestal y agrícola en sus respectivas autoridades ambientales, pero estos no están georreferenciados de manera consistente ni se publican en formato legible por máquina. Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela no publican registros equivalentes en absoluto.

• La plataforma ABT360 de Bolivia incluye una capa actualizada de «Áreas designadas para la quema controlada de pastizales por la Superintendencia Agrícola». Esta información forma parte de la Resolución Administrativa N.º 147-2005 y podría utilizarse junto con datos de detección de incendios por teledetección para evaluar la legalidad de estos eventos. Sin embargo, su cobertura parece limitarse a pastizales, lo que restringe su utilidad para análisis combinados con datos de pérdida de cobertura forestal.

Cerrar estas brechas requeriría tanto inversión técnica —para crear registros interoperables equivalentes al ASV— como reformas legislativas y regulatorias que establezca la obligación de reportar con georreferencia las autorizaciones de desmonte a nivel nacional. El modelo brasileño del ICV ofrece una plantilla probada; adaptarlo a nivel regional es un objetivo a mediano plazo que el programa ASL podría apoyar mediante asistencia técnica específica a las agencias ambientales nacionales.

Calificación manual de alertas de deforestación en Mato Grosso #

Entre 2022 y 2025, Amazon Conservation llevó a cabo un programa de monitoreo mensual de cuatro años en Mato Grosso, en colaboración con ICV, que abarcó todo el estado. Cada mes, Amazon Conservation identificó las principales detecciones de nueva pérdida forestal a partir de las alertas de GLAD (Universidad de Maryland) y confirmó los casos candidatos mediante la interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución.

Los casos confirmados se ingresaron en una base de datos compartida y se clasificaron por factor impulsor. Posteriormente, el ICV evaluó la situación legal de cada caso utilizando registros catastrales —principalmente el Catastro Ambiental Rural (CAR)— para determinar si el desmonte ocurrió en terrenos donde la deforestación estaba autorizada según el Código Forestal. En los casos de minería de oro, la legalidad se evaluó tomando como referencia los registros válidos de concesiones mineras y el estatus de protección de los terrenos. El alcance de las categorías de factores impulsores evolucionó a lo largo del período de monitoreo: la campaña de 2022 abarcó soja y ganadería; en 2023 se añadió una tercera categoría (cultivos distintos de la soja); y en 2024 se incorporó la minería de oro, generando un conjunto de datos completo de cuatro factores impulsores a partir de este año.

A lo largo de cuatro años de monitoreo, se confirmaron 479 casos de deforestación en Mato Grosso, que abarcaban 131.702 hectáreas. De estos casos, el 67 % (321) fueron ilegales. Medido por superficie, el 61 % de la tierra desmontada —aproximadamente 80.000 hectáreas— constituía posibles manifestaciones de delitos contra la naturaleza, mientras que el 39 % restante correspondía a desmontes legales realizados bajo autorizaciones del Código Forestal. La diferencia entre el número de casos y superficie refleja las distintas escalas de las operaciones: las talas legales, que requieren autorización previa y están sujetas a controles procedimentales, tienden a abarcar áreas más grandes por caso que las incursiones oportunistas, a menudo de pequeña escala, que caracterizan la actividad ilegal.

Durante los dos años con datos completos en las cuatro categorías (2024–2025), se confirmaron 336 casos de deforestación, de los cuales el 75 % (252 casos) fueron ilegales. Estos 336 casos abarcaron 86.615 hectáreas, de las cuales el 70% (60.553 hectáreas) correspondía a actividades ilegales.

Figura 3. Eventos de deforestación en Mato Grosso durante el período 2022-2025, clasificados por factor impulsor y evaluación de ilegalidad (Fuente: Amazon Conservation/Instituto Centro de Vida, 2026).

El desglose de las áreas ilegales por causa revela un contraste entre la frecuencia de los casos y el impacto espacial (Tabla 3). La minería de oro representó la mayor proporción de casos ilegales (70 % de los casos ilegales), pero la expansión de los pastizales para ganado fue responsable de la mayor proporción de deforestación ilegal (49 % del área ilegal, 29.854 ha), seguida de los cultivos distintos de la soya (39 %, 23 783 ha) y la soya (1 %, 862 ha). La deforestación ilegal relacionada con la soja, aunque poco frecuente en términos absolutos, reviste una importancia desproporcionada desde el punto de vista de la rendición de cuentas en la cadena de suministro, debido a los mecanismos de trazabilidad aplicados a las exportaciones brasileñas de soja.¹²

Este desglose tanto de los factores impulsores de la deforestación como de su legalidad abre nuevas posibilidades de incidencia política. Un ejemplo es la presión sobre las autoridades gubernamentales por parte de los actores de la cadena de suministro, quienes pueden estar sujetos a estrictos requisitos de diligencia debida. Si se replicara en toda la Amazonía, podría constituir un complemento útil para los datos de trazabilidad de la cadena de suministro, como los de Trase.earth, y permitir evaluaciones específicas por sector y a nivel jurisdiccional del riesgo de exposición a la deforestación ilegal.

Tabla 3. Desglose de los factores impulsores de la deforestación ilegal por número de casos y superficie, Mato Grosso, 2024–2025.

Impacto económico de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña #

La deforestación ilegal en la Amazonía brasileña genera beneficios privados a corto plazo para quienes la realizan, mientras impone a la sociedad costos socioambientales sustanciales y no compensados. La calculadora de impacto de la deforestación del Conservation Strategy Fund estima el costo socioambiental total de la tala ilegal al monetizar las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad, los servicios de regulación del agua y otros valores de los servicios ecosistémicos, y al compararlos con los costos de restauración y las sanciones que enfrentarían los responsables en caso de una aplicación plena de la ley. La herramienta se desarrolló inicialmente para la minería ilegal de oro y posteriormente se amplió para abarcar cinco países amazónicos. La valoración económica proporciona una base para evaluar la gravedad de los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía más allá de una perspectiva estrictamente territorial. También puede ayudar a calibrar multas, indemnizaciones y costos de restauración ambiental, fortaleciendo la rendición de cuentas y la justicia ambiental.

Solo en 2023, se perdieron aproximadamente 2,9 millones de hectáreas de bosque y vegetación nativa en la Amazonía brasileña, de las cuales 2,4 millones de hectáreas se convirtieron en pastizales, lo que demuestra el papel significativo de la ganadería como principal impulsor de la deforestación ilegal. En segundo lugar se situó la conversión a tierras de cultivo (incluida la soya), con 17.000 hectáreas. Se estima que el 90,8 % de esta deforestación es ilegal, según el estudio del ICV citado anteriormente.

La metodología integra tres enfoques de valoración:

1. Costo de oportunidad (valores directos): estima los beneficios económicos perdidos derivados de los usos sostenibles del bosque, como la extracción responsable de madera y productos forestales no madereros (castaña amazónica, caucho).

2. Pérdida de servicios ecosistémicos (valores indirectos): valora la pérdida de los servicios ambientales que brindan los bosques en pie, incluyendo secuestro de carbono (utilizando el Costo Social del Carbono y precios de REDD+), control de erosión y conservación de biodiversidad.

3. Costo de reemplazo: estima el costo financiero necesario para recuperar la cobertura forestal mediante distintas técnicas de restauración, desde la regeneración natural de bajo costo hasta métodos más complejos, como la siembra directa.

La suma de estos costos revela la magnitud de la responsabilidad económica asociada a la deforestación ilegal. El costo socioambiental total estimado varía entre 26 mil millones y 111 mil millones de dólares estadounidenses, dependiendo del tipo de conversión del uso del suelo, el modelo de fijación de precios del carbono aplicado y la estrategia de restauración elegida.

Tabla 4. Costo de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña (Fuente: CSF)

Los resultados indican que, si bien la conversión de bosques en tierras de cultivo genera mayores costos de restauración por hectárea debido a una mayor alteración del suelo y al uso de insumos químicos, la conversión en pastizales representa una carga financiera total considerablemente mayor debido a la mayor extensión de las áreas convertidas. Por hectárea, el costo se estima en 2.476 dólares de EE. UU./ha para la conversión a uso agrícola, en comparación con 1.097 dólares de EE. UU./ha para los pastizales, suponiendo que se utilice la regeneración natural para restaurar la tierra a su cobertura original. Si se emplean técnicas de siembra directa más costosas para la restauración, estos valores aumentan a 6.532 dólares de EE. UU./ha y 3.125 dólares de EE. UU./ha, respectivamente.

Una limitación importante de este análisis es que supone que se harán cumplir las obligaciones de restauración y que las partes responsables asumirán la totalidad de los costos de la recuperación ambiental. Esta suposición no refleja la realidad actual en la Amazonía brasileña. Según el Termômetro do Código Florestal,¹³ , la región presenta un déficit de 9,4 millones de hectáreas de «Reserva Legal» (áreas que deberían conservarse según el Código Forestal, pero que han sido deforestadas ilegalmente) y un déficit de aproximadamente 800 000 hectáreas de «Área de Protección Permanente». La persistencia de estos déficits sustanciales refleja una capacidad de implementación débil a nivel estatal y federal, así como una aplicación limitada de las obligaciones de restauración. Esta brecha significa que los costos de restauración estimados en este análisis no se materializan en la práctica, y que la responsabilidad económica de la deforestación ilegal continúa acumulándose en toda la región.

Desde una perspectiva de políticas públicas, estos hallazgos indican que prevenir la deforestación ilegal es la estrategia más rentable. Los recursos financieros necesarios para la restauración -especialmente en conversiones a pastizales a gran escala- son considerables en relación con los presupuestos públicos. Además, dado que la recuperación ecológica ocurre a lo largo de décadas, es probable que estas estimaciones monetarias representen solo una parte de las pérdidas a largo plazo en biodiversidad y servicios ecosistémicos.

La calculadora de impacto de la deforestación es idónea para su replicación en los países amazónicos, siguiendo el precedente de la calculadora de impacto minero de la CSF, que actualmente abarca cinco países. Sus usos operativos más importantes se encuentran en el ámbito de los procesos judiciales (estableciendo daños cuantificados para procedimientos penales y civiles) y en la planificación de la remediación (determinando la escala y el costo de las obligaciones de restauración para las partes responsables). Ampliar la herramienta para abarcar los ocho países de la cuenca amazónica, con parámetros armonizados, fortalecería la rendición de cuentas en toda región.

La deforestación en áreas protegidas y territorios indígenas como indicador sustitutivo de la deforestación ilegal en toda la Amazonía: línea de base para el año 2024 #

Esta sección presenta un indicador panamazónico de la deforestación ilegal que combina dos conjuntos de datos ampliamente disponibles: (i) las cartografías oficiales de Áreas Naturales Protegidas (ANP) – en este caso Parques Nacionales- y Territorios Indígenas (TI) recopiladas por el RAISG para los ocho países amazónicos;¹⁴ y (ii) el conjunto de datos recientemente publicado por la Universidad de Maryland titulado «Mapping Drivers of Primary Forest Loss (2001–2024)», que atribuye píxeles de 1 km de pérdida forestal a uno de seis factores directos (incendios forestales, agricultura, materias primas, tala, asentamientos y otras perturbaciones naturales).¹⁵ La deforestación dentro de las ANP estrictamente protegidas y los TI con títulos de propiedad -salvo contadas excepciones como la agricultura de subsistencia- no está autorizada por la legislación nacional y, por lo tanto, constituye un indicador de primer orden de la deforestación ilegal. El cruce de estas designaciones de tierras con la atribución de factores permite que separar las pérdidas asociadas a los impulsores los delitos contra la naturaleza (agricultura, minería, tala, asentamientos) de aquellas vinculadas a incendios forestales y perturbaciones naturales.

Entre 2001 y 2024, en los ocho países amazónicos, la pérdida forestal acumulada dentro de los parques nacionales alcanzó aproximadamente 3,9 millones de hectáreas de pérdida no relacionada con incendios y 2,0 millones de hectáreas adicionales de pérdida relacionada con incendios. Dentro de los territorios indígenas, las cifras correspondientes fueron de 2,4 millones de hectáreas de pérdida no relacionada con incendios y 2,6 millones de hectáreas de pérdida relacionada con incendios. El año 2024 fue un año récord en ambas categorías, en el que los incendios se convirtieron en el factor impulsor inmediato dominante en la Amazonía brasileña, boliviana y del sur de Perú —un patrón consistente con la sequía excepcional de ese año debido al fenómeno de El Niño.

Figura 4. Pérdida forestal anual (2001–2024) dentro de las áreas protegidas y los territorios indígenas de los países amazónicos, desglosada por incendios y causas no relacionadas con incendios. Fuente: análisis propio de los autores

Para obtener una línea de base de la ilegalidad en toda la Amazonía que fuera más manejable, el análisis se limitó a los 23 parques nacionales y 86 territorios indígenas que registraron cada uno más de 1.000 hectáreas de pérdida forestal acumulada durante el año 2024. Dentro de este subconjunto filtrado, los incendios forestales representaron aproximadamente el 84,4 % de la pérdida forestal en los parques nacionales más afectados y una proporción comparable en los territorios indígenas más afectados. Los cuatro factores directamente asociados con los delitos contra la naturaleza —la agricultura, los productos básicos (minería), la tala y los asentamientos— representaron en conjunto aproximadamente el 13,2 % de la pérdida forestal en los parques nacionales y una proporción similar en los territorios indígenas.

Los patrones a nivel nacional difieren notablemente. En Brasil y Bolivia, los incendios son la principal causa de la pérdida forestal tanto en las áreas naturales protegidas (ANP) como en los territorios indígenas (TI), con una pérdida sustancial impulsada por la agricultura en los límites de los TI. En Colombia, la agricultura (en particular la expansión ganadera en el noroeste de la Amazonía) es el factor dominante, aparte de los incendios, dentro de los parques nacionales y los territorios indígenas con títulos de propiedad. En Venezuela, las materias primas —principalmente la minería ilegal de oro — dominan la pérdida de bosques dentro de las ANP. El Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal Imataca y las tierras indígenas afectadas por el decreto del Arco Minero representan la mayor parte de las pérdidas. En Perú y Ecuador, tanto la agricultura como la minería figuran como factores significativos, con una marcada expansión de la pérdida relacionada con la minería en la Amazonía ecuatoriana (cuenca del Punino, Podocarpus) y en Madre de Dios (Perú) en 2024.

Figura 5. Factor directo dominante de la pérdida de bosques dentro de los 23 parques nacionales de la Amazonía con una pérdida acumulada superior a 1,000 ha (2001–2024). Fuente: análisis de los autores basado en el estudio «Mapping Drivers of Primary Forest Loss» de la UMD.

Figura 6. Factor directo dominante de la pérdida forestal dentro de los 86 territorios indígenas de la Amazonía con una pérdida acumulada superior a 1,000 ha (2001–2024). Fuente: análisis de los autores basado en el estudio «Mapping Drivers of Primary Forest Loss» de la UMD.

Se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución de Planet para confirmar los factores impulsores en una submuestra de detecciones. Se confirmaron visualmente pérdidas impulsadas por la agricultura en 12 parques nacionales y 38 territorios indígenas, con patrones distintivos de expansión de pastizales y tala mecanizada. Se confirmaron pérdidas provocadas por la minería de oro en 6 parques nacionales y 15 territorios indígenas. Las pérdidas provocadas por la tala se confirmaron en un subconjunto más pequeño, generalmente a lo largo de caminos de acceso y redes fluviales. Como herramienta de detección de primer orden, este enfoque ayuda a distinguir la probable pérdida forestal ilegal de los incendios y las perturbaciones naturales en 2024, al mismo tiempo que no sustituye la determinación legal, caso por caso, de posibles delitos contra la naturaleza.

2.3 Conclusión sobre la disponibilidad de datos a escala amazónica #

De esta revisión se desprenden tres conclusiones:

En primer lugar, no es factible realizar una agregación directa de los datos nacionales oficiales para un análisis panamazónico. No es posible armar una línea de base de deforestación consistente y actualizada a partir únicamente de fuentes oficiales, ya que estas suelen estar desactualizadas o, en algunos casos, son inexistentes. Cuando están actualizadas, sus formatos y metodologías varían, lo que dificulta su comparación. Por lo tanto, cualquier análisis a nivel de toda la Amazonía deberá basarse en datos generados por la sociedad civil, lo que a su vez podría limitar su aceptabilidad para ser considerados en decisiones oficiales en foros de cooperación intergubernamental, como la OTCA.

La consolidación de una cifra de deforestación para toda la Amazonía requerirá una cooperación más estrecha entre las agencias nacionales responsables de estos conjuntos de datos. Alinear las definiciones de «bosque» y «deforestación», armonizar las unidades mínimas de mapeo y las categorías de factores impulsores, y acordar un ciclo común de presentación de informes son condiciones previas para la agregación de los conjuntos de datos nacionales. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) está en una posición idónea para facilitar esta coordinación, basándose en las decisiones ministeriales de 2023 de la Declaración de Belém y la próxima Agenda de Cooperación Estratégica.

La capa de evaluación de la legalidad sigue siendo la principal limitación. Incluso cuando los datos de detección de deforestación son consistentes y están actualizados, determinar la ilegalidad requiere una capa igualmente consistente de permisos gubernamentales georreferenciados (como concesiones mineras), datos de designación de tierras —que distingan entre áreas naturales protegidas, territorios indígenas y propiedades privadas, así como las normas que se aplican a cada una— en los ocho países. La plataforma geoespacial de RAISG ofrece la base transnacional más completa para esta capa, pero se necesitan datos catastrales nacionales complementarios para determinar la ilegalidad fuera de las ANP y los TI.

Los datos desagregados por factor impulsor representan un avance significativo que ayuda a refinar las evaluaciones de legalidad en el marco de las regulaciones pertinentes, evitando la necesidad de contar con datos sobre autorizaciones de deforestación, para los cuales no existen registros consolidados y espacialmente explícitos en muchos países.

Mientras tanto, la línea de base a corto plazo más manejable para la deforestación ilegal combina la atribución de factores impulsores de la UMD con los datos de RAISG sobre áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Las designaciones de conservación por sí solas no pueden captar el contexto completo de legalidad en tierras privadas, pero proporcionan una unidad común de análisis en los ocho países que actualmente no está disponible en ningún sistema oficial panamazónico. En conjunto, representan un indicador justificable de la huella espacial de la deforestación ilegal en toda la Amazonía, a través de varios factores impulsores, cada uno de los cuales es indicativo de posibles manifestaciones específicas de delitos contra la naturaleza.

3. Tala ilegal #

3.1 Análisis de la disponibilidad de datos a escala nacional #

El monitoreo de la tala ilegal presenta desafíos metodológicos que son fundamentalmente distintos de los del monitoreo de la deforestación. La tala total de bosques —en la que se centran los sistemas de alerta nacionales y regionales— se detecta fácilmente en imágenes satelitales de resolución media. La tala selectiva, por el contrario, elimina árboles individuales mientras deja el dosel en gran parte intacto, generando señales sutiles que requieren imágenes de muy alta resolución (VHR, la sigla en inglés) o algoritmos especializados para detectarlas de manera confiable. Determinar la ilegalidad añade un nivel adicional de complejidad: requiere cruzar la información de las actividades de extracción detectadas con las autorizaciones de los planes de manejo forestal, los límites de concesiones y las designaciones de áreas naturales protegidas —capas de datos que presentan niveles desiguales de exhaustividad y accesibilidad en toda la región amazónica—. En esta sección se revisan las principales fuentes de datos gubernamentales y no gubernamentales disponibles para el monitoreo de la tala ilegal en cada uno de los ocho países amazónicos.

Brasil #

Brasil cuenta con la infraestructura de monitoreo institucional y de sociedad civil más desarrollada para la tala ilegal en la Amazonía. El sistema federal de trazabilidad de la madera, SINAFLOR (Sistema Nacional de Control de la Origen de los Productos Forestales), operado por el IBAMA, es el principal instrumento legal para rastrear el origen de los productos madereros a lo largo de la cadena de producción. Desde 2023, SINAFLOR está operativo en 25 de los 27 estados de Brasil y registra la emisión y el uso de los Documentos de Origen Forestal (DOF), vinculando los volúmenes autorizados a planes de manejo específicos. Sin embargo, en la práctica, la eficacia de SINAFLOR se ve significativamente socavada por la emisión fraudulenta de créditos madereros. Auditorías independientes han documentado que los créditos DOF válidos pueden utilizarse para blanquear madera extraída ilegalmente de áreas no autorizadas, incluidas áreas naturales protegidas y territorios indígenas, vinculándolos a planes de manejo ficticios o agotados.¹⁶

El sistema de monitoreo independiente más confiable para la tala en la Amazonía brasileña es el SIMEX (Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira), elaborado por Imazon y publicado en colaboración con las agencias ambientales estatales. El SIMEX utiliza imágenes satelitales de resolución media para detectar la infraestructura de tala —caminos, patios de madera y senderos de arrastre— en lugar de la tala de árboles individuales, y luego cruza esta información con los registros de autorización del SINAFLOR para clasificar las áreas como autorizadas, no autorizadas o de estatus incierto. Los datos publicados más recientes estiman que aproximadamente 35 % de todas las áreas activas de extracción de madera en la Amazonía brasileña carecen de autorización válida, con variaciones significativas según el estado. La extracción ilegal se concentra particularmente en Pará, donde el SIMEX documentó un aumento interanual del 22 % en el área de tala ilegal en su ciclo de informes más reciente, alcanzando aproximadamente 28.100 hectáreas de extracción sin licencia.¹⁷ Los datos de SIMEX para Mato Grosso indican que el 46 % del área total explotada ilegalmente en 2024 se encontraba dentro de territorios indígenas o unidades de conservación, donde la tala comercial está prohibida independientemente del estado de la autorización.¹⁸

En conjunto, SINAFLOR y SIMEX constituyen la infraestructura de datos a nivel nacional más completa y de acceso público sobre la tala ilegal en la Amazonía brasileña. Su principal debilidad es la vulnerabilidad del sistema de autorizaciones ante la generación fraudulenta de créditos, lo que significa que incluso las áreas clasificadas como «autorizadas» en SINAFLOR no pueden considerarse plenamente legales sin una verificación adicional.

Figura 7. Simex Amazonia 2020-2030, SIMEX (Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira), elaborado por Imazon y publicado en colaboración con las agencias ambientales estatales



Perú #

Perú cuenta con dos organismos gubernamentales principales con mandatos relacionados con el monitoreo de la tala ilegal. OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) es la autoridad independiente encargada de verificar el cumplimiento de los planes de manejo forestal; sus auditorías abarcan tanto concesiones como bosques comunitarios indígenas y constituyen la principal fuente de datos oficiales sobre los incumplimientos detectados. SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) administra el sistema nacional de información forestal SNIFFS (Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre), cuyo objetivo es centralizar los datos sobre concesiones, planes de manejo y autorizaciones de transporte de madera. Al momento de redactar este informe, el geoportal del SNIFFS estaba operativo, pero los datos disponibles sobre la tala ilegal eran limitados, con solo dos ubicaciones reportadas.¹⁹

Una investigación realizada por la Universidad de Sheffield, que aplicó un análisis satelital de altura y textura del dosel para cotejarlo con los registros de inspección de OSINFOR, reveló que aproximadamente 37 % de todos los sitios que reportaban la extracción legal de madera presentaban patrones de daño incompatibles con la tala selectiva autorizada, lo que sugiere una subestimación significativa de los volúmenes reales de extracción.²⁰ El Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de Amazon Conservation ha demostrado la viabilidad técnica de detectar impactos de tala selectiva mediante imágenes VHR (Planet NICFI y Maxar), estableciendo una metodología aplicable en Perú que podría extenderse a otros países. Sin embargo, aún no se ha aplicado de manera sistemática para generar una cobertura nacional de la tala ilegal, a diferencia de la deforestación causada por minería.²¹

Colombia #

En Colombia, el seguimiento oficial de los cambios forestales lo realiza el IDEAM a través del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), que publica alertas anuales de deforestación y cifras consolidadas de deforestación utilizando imágenes Landsat y Sentinel-2. Los análisis de atribución del IDEAM indican que la tala ilegal representa alrededor de 10 % de la deforestación anual total, aunque esta cifra refleja eventos de desmonte más que extracción selectiva, y la metodología de atribución no está completamente estandarizada entre ciclos de reporte.²² No existe un monitoreo nacional sistemático de la tala selectiva.

En 2021, Colombia desarrolló su Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTFC) para rastrear madera y productos forestales a lo largo de toda la cadena de suministro mediante herramientas de etiquetado, registro y monitoreo digital. Este sistema integra múltiples plataformas de información nacionales, como el Sistema Nacional de Información Ambiental (SIAC), el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) y los sistemas de trazabilidad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), permitiendo verificar el origen legal de los productos forestales e identificar actores involucrados.

Las herramientas complementarias fortalecen aún más este ecosistema: el Sistema Único de Trámites Ambientales (VITAL) centraliza permisos ambientales y trámites administrativos, mejorando la trazabilidad desde la autorización, mientras que la aplicación COVIMA facilita la verificación y reporte de los flujos de madera en campo. El sistema en línea de permisos de transporte (SUNL) y el Libro de Operaciones Forestales (LOFL) han mejorado la transparencia y generado estadísticas nacionales actualizadas. Sin embargo, la eficacia del sistema depende de la capacidad institucional desigual entre las autoridades ambientales regionales (CAR), particularmente en financiamiento, personal y coordinación.

El Ministerio de Medio Ambiente también diseñó el Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal (SNTF), cuyo objetivo es monitorear la cadena de suministro desde su origen hasta el destino final. El sistema registra el origen legal de la madera y se espera que se integre con herramientas como el Sistema Único de Trámites Ambientales (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales, Vital) y otros registros administrativos. El objetivo es facilitar la verificación del origen de la madera y apoyar la formalización de los productores. Su implementación avanza de manera desigual y enfrenta limitaciones de conectividad, recursos y coordinación.²³

Este esquema se complementa con la plataforma «Elija Madera Legal», que conecta productores que cumplen la normativa con compradores, facilitando la distinción entre madera legal e ilegal. Su cobertura y uso efectivo aún no han sido evaluada sistemáticamente.

El panorama general de la legalidad de la madera en Colombia se documenta mediante investigaciones de ONG y datos oficiales. Estudios que cruzan documentación de transporte de madera con estimaciones satelitales indican que aproximadamente el 47 % de la madera comercializadas proviene de fuentes ilegales, generando alrededor de 750 millones de dólares al año.²⁴ Un análisis de los registros de exportación (2008–2019) reveló que 40 % de las exportaciones no pudieron verificarse como de origen legal.²⁵

Bolivia #

La gobernanza forestal de Bolivia está a cargo de la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra), que expide autorizaciones de manejo forestal y tiene facultades formales para actuar contra la tala ilegal. Sin embargo, su capacidad de aplicación es principalmente administrativa: la legislación boliviana no prevé sanciones penales por la tala ilegal, solo sanciones administrativas.²⁶ Entre 2012 y 2018, la ABT incautó aproximadamente 110.344 metros cúbicos de madera ilegal, cifra que -según reconocen las propias autoridades – subestima considerablemente la extracción ilegal total, dada la extensión de los bosques y la lejanía de las zonas de producción.²⁷

Ecuador #

En Ecuador, la autoridad formal para la gestión forestal y el control de la madera recae en el MAE (Ministerio de Ambiente y Energía), que administra permisos de transporte y monitorea cambios forestales. Sin embargo, la capacidad de monitoreo y aplicación de la ley en la región amazónica es limitada, y no existe un sistema nacional de trazabilidad equivalente al SINAFLOR. Estimaciones basadas en datos oficiales y en investigaciones de ONG sugieren que hasta el 70 % de la madera extraída en algunas provincias amazónicas es de origen ilegal, con un valor anual estimado de 100 millones de dólares.²⁸

Surinam #

En Surinam, el principal organismo encargado de la aplicación de la ley es la SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht/Fundación para el Manejo y la Supervisión Forestal), una entidad estatutaria semiautónoma que administra las concesiones forestales, expide autorizaciones para la extracción de madera y supervisa el cumplimiento. En 2019, la SBB introdujo el SFISS (Sistema de Información y Supervisión Forestal de Surinam), una plataforma dirigida a personas y empresas involucradas en la industria maderera. Solo los usuarios registrados pueden obtener una cuenta, y el registro requiere un permiso previo y debe realizarse en persona en la oficina de la SBB. El SFISS ofrece una plataforma digital para registrar los límites de las concesiones, las aprobaciones de los planes de manejo y los volúmenes de madera, lo que permite una verificación cruzada más sistemática entre las actividades de extracción y las autorizaciones.²⁹ Sin embargo, cada usuario solo tiene acceso a su propia información, según lo definido en su permiso.

El sistema Gonini es el geoportal del Sistema Nacional de Monitoreo de Tierras (SLMS) de Surinam, administrado también por la SBB. Como componente central del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (NFMS), integra imágenes satelitales, alertas de deforestación casi en tiempo real y mapas de uso del suelo para monitorear cambios en el paisaje forestal. Las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar esta plataforma para monitorear la tala ilegal mediante el análisis de estas capas abiertas, identificar puntos críticos, verificar la legalidad de operaciones madereras a través del SFISS y colaborar con comunidades indígenas para contrastar sobre el terreno las alertas satelitales. Al combinar los datos de Gonini con el monitoreo comunitario y los análisis estadísticos del portal KOPI (kopi.sbb.sr), las ONG pueden construir argumentos sólidos basados en evidencia, exigir rendición de cuentas y apoyar los esfuerzos nacionales de aplicación de la ley contra la tala ilícita.

Guyana #

El sector forestal de Guyana está regulado por la GFC (Comisión Forestal de Guyana), que expide licencias de extracción de madera, mantiene una base de concesiones y opera un sistema de etiquetado y seguimiento de troncos para monitorear los flujos de madera desde el bosque hasta las instalaciones de procesamiento.³⁰

Venezuela #

Venezuela carece de un sistema nacional operativo de monitoreo forestal y de aplicación de la ley contra la tala ilegal. El colapso institucional del MINEA (el Ministerio del Ecosocialismo, anteriormente MARN) ha eliminado la capacidad institucional para una gobernanza forestal sistemática, y en los últimos años no ha estado operativo ningún programa de trazabilidad de la madera ni de monitoreo por teledetección.

El desafío particular en Venezuela es que el decreto del Arco Minero del Orinoco, aunque dirigido principalmente a la minería, también ha facilitado la expansión de otras actividades extractivas, incluida la tala, hacia áreas que antes estaban protegidas de manera más efectiva. La intersección entre extracción autorizada por el Estado, el control de territorios forestales por actores armados no estatales y el colapso institucional crea condiciones en las que no puede aplicarse de manera significativa ningún marco de evaluación de la legalidad.

3.2 Conjuntos de datos regionales y conclusión sobre la disponibilidad de datos a escala amazónica #

Si bien, en lo que respecta a la deforestación, MapBiomas Amazonia y las capas de pérdida forestal de la UMD ofrecen una cobertura panamazónica armonizada, la tala selectiva —que elimina árboles individuales mientras deja el dosel en gran medida intacto— no está representada en los conjuntos de datos supranacionales.

Considerando este panorama junto con el análisis a escala nacional de la sección 3.1, surgen tres niveles entre los ocho países amazónicos. Brasil cuenta con la infraestructura nacional más desarrollada (SINAFLOR combinado con el SIMEX de Imazon), aunque se ve socavada por fraudes documentados en la emisión de créditos madereros que debilitan la clasificación de «autorizado» en su origen. Guyana y Surinam, y Colombia en cierta medida, cuentan con sistemas funcionales de gestión de concesiones y seguimiento de troncos —el SFISS en Surinam y el sistema de etiquetado de troncos de la GFC en Guyana—, pero no publican capas de detección independientes que puedan cotejarse con estos sistemas a escala nacional. Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela carecen de datos sistemáticos y de acceso público sobre la extracción mediante tala selectiva y su estatus de legalidad. La evidencia más detallada proviene de muestras de auditoría (inspecciones de OSINFOR en Perú), comparaciones de flujos comerciales (la estimación del 47 % de la proporción ilegal en Colombia; el 40 % de exportaciones no verificables entre 2008–2019) y estudios puntuales (el análisis de perturbación del dosel de Sheffield en Perú).

Por lo tanto, no es posible obtener una medida consistente de la tala ilegal en toda la Amazonía a partir de los datos existentes. Cerrar esta brecha requerirá un horizonte temporal más largo que el de las otras manifestaciones analizadas en este informe. Implicaría dos inversiones paralelas: ampliar una metodología de detección de infraestructura de tala tipo SIMEX (carreteras, patios de madera, senderos de arrastre) a los siete países restantes, y crear registros interoperables de concesiones y autorizaciones en cada país, con una cobertura comparable a la del SINAFLOR de Brasil.

Mientras tanto, la comparabilidad entre países podría basarse en estimaciones nacionales de la proporción ilegal de la extracción o indicadores sustitutivos, como la expansión de caminos y la alteración del dosel forestal detectadas por GFW dentro de las concesiones.

4. Minería aurífera ilegal, artesanal y a pequeña escala #

4.1 Revisión de los datos disponibles de fuentes gubernamentales y no gubernamentales #

El monitoreo de la minería artesanal y a pequeña escala de oro (ASGM) ilegal presenta un conjunto distinto de desafíos en comparación con las manifestaciones de delitos contra la naturaleza que ocurren exclusivamente en tierra firme. Si bien las huellas de la minería en tierra firme pueden detectarse mediante imágenes satelitales, gran parte de la actividad ocurre en las riberas de los ríos o cerca de ellas, zonas naturalmente dinámicas en la Amazonía que complican la interpretación de la evidencia de teledetección. Para determinar la ilegalidad es necesario cruzar la información de la actividad detectada con los registros de concesiones mineras, los límites de las áreas naturales protegidas y las designaciones de territorios indígenas, capas de datos que son difíciles de obtener de manera consistente y actualizada en los ocho países amazónicos. La minería con dragas, realizada íntegramente en los ríos, añade un nivel adicional de complejidad: su naturaleza móvil y su pequeña huella suelen quedar por debajo del umbral de detección de los satélites de resolución media (véase la sección 6). Esta sección revisa las principales fuentes de datos disponibles a nivel nacional y regional para el monitoreo de la ASGM terrestre, organizadas por país y luego por plataforma regional.

Brasil #

Brasil cuenta con la infraestructura de monitoreo más desarrollada para la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM) en la Amazonía. La plataforma de detección BrasilMAIS, aunque disponible solo para funcionarios públicos, desglosa las alertas de deforestación por causa, incluida la minería de oro. La clase específica «minería» de MapBiomas Brasil muestra que el área dedicada a la minería a pequeña escala más que se duplicó entre 2012 y 2022, alcanzando aproximadamente 264.000 hectáreas, antes de disminuir un 35 % en 2023 y en un 45 % adicional respecto al pico.³¹ La evaluación de legalidad indica que, en 2022, el 77 % de los garimpos detectados mostraban signos explícitos de ilegalidad, ya sea por ubicarse fuera concesiones válidas o dentro de áreas naturales protegidas.³²

El monitoreo casi en tiempo de Amazon Mining Watch (AMW) revela un panorama más complejo detrás de esa tendencia. Solo en el cuarto trimestre de 2025, Brasil registró la mayor expansión minera nueva de todos los países amazónicos, con aproximadamente 2.000 hectáreas.³³ El análisis de resurgimiento de AMW —que identificar áreas donde la minería había disminuido pero reapareció— detectó nuevas huellas en dos áreas protegidas de Mato Grosso: el Parque Estatal Igarapés do Juruena, donde aparecieron 2,83 hectáreas tras una pausa de tres trimestres, y el Territorio Indígena de Aripuanã, donde se registraron casi 60 hectáreas en un solo trimestre.³⁴ Estas detecciones ilustran lo que los datos agregados pueden ocultar: las medidas de aplicación frenan la minería a corto plazo, pero sin una presión sostenida, las redes criminales regresan —a menudo a los mismos sitios—.

Perú #

Conservación Amazónica – ACCA implementa el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) en Perú, donde ha generado el conjunto de datos nacional más completo sobre la deforestación por la minería de oro. Su informe más reciente (MAAP n.º 233, febrero de 2026) documenta la actividad minera en las nueve regiones afectadas de la Amazonía peruana (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali), abarcando tanto las operaciones terrestres como fluviales. La deforestación acumulada por la minería de oro en Perú alcanzó las 139.169 hectáreas a mediados de 2025, con 97,5 % concentrado en Madre de Dios.

Los datos del MAAP representan el conjunto nacional más completo y mejor documentado metodológicamente robusto sobre ASGM en la Amazonía. Su enfoque de múltiples fuentes está diseñado explícitamente para cerrar la brecha entre la detección satelital y la verificación sobre el terreno.

Figura 8. Mapa a escala nacional de los sitios de ASGM (en tierra y en ríos) en Perú



Ecuador #

El MAAP también lleva a cabo un monitoreo sistemático de la minería de oro en Ecuador en colaboración con la Fundación Ecociencia, con especial atención a la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, donde la actividad minera se ha expandido rápidamente en los últimos años. Los informes abarcan tanto el sector norte como el sector sur de la Amazonía ecuatoriana.

En el sector norte (cuenca del río Punino), el informe MAAP n.º 227 documenta una deforestación acumulada de 1.422 hectáreas desde 2019, con un aumento de 420 hectáreas solo en 2024. Aproximadamente 90 % de esta deforestación es probablemente ilegal, ya que ocurre fuera de los límites de las áreas mineras autorizadas. En el sector sur (provincia de Morona Santiago), el informe MAAP n.º 238 documenta 856 hectáreas afectadas en 2024 —el doble del área impactada en solo cuatro años—. La minería ilegal también ha penetrado en áreas formalmente protegidas: en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, la deforestación por minería aumentó 125 % entre julio de 2023 y septiembre de 2024, pasando de 22 a 50 hectáreas.

Colombia #

En Colombia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) es la principal organización de la sociedad civil que realiza monitoreo minero validado en el terreno en la Amazonía colombiana. La FCDS trabaja estrechamente con el MAAP, combinando sobrevuelos de reconocimiento con el análisis satelital para documentar la actividad minera en corredores fluviales.

El informe MAAP n.º 228 señala que en noviembre de 2024 operaban 29 dragas en el río Puré y 27 entre marzo y abril de 2025, todas dentro del Parque Nacional del Puré, donde la minería está prohibida. Los sobrevuelos a baja altitud realizados por la FCDS en septiembre de 2024 proporcionaron detalles adicionales sobre métodos e infraestructura minera que no eran visibles en las imágenes satelitales. Una investigación basada en datos de la FCDS y en cartografía social documentó una pérdida del 1,8 % de la cobertura forestal (990 hectáreas) en áreas de conservación entre 2020 y 2023, y que 70 % de los puntos críticos coincidían con nuevas aperturas mineras. La FCDS también ha colaborado con el Conservation Strategy Fund en la aplicación de la Calculadora de Impactos Mineros, generando estimaciones de costos socioeconómicos para comunidades indígenas afectadas.

Bolivia #

El monitoreo de la minería artesanal y en pequeña escala (ASGM) en Bolivia está menos desarrollado institucionalmente que en Brasil, Perú o Colombia. Conservación Amazónica – ACEAA está desarrollando un monitoreo de dragas fluviales en el río Madre de Dios boliviano mediante un flujo de trabajo basado en imágenes Planet y digitalización manual, generando informes mensuales utilizados como evidencia en coordinación con la Fiscalía Departamental de Pando. La minería ASGM terrestre en Bolivia aún no cuenta con monitoreo sistemático por parte de la sociedad civil equivalente al existente en Brasil, Perú o Ecuador.

Surinam #

En Surinam, el análisis más exhaustivo de la deforestación provocada por la minería de oro proviene de una colaboración entre el Amazon Conservation Team (ACT) y el MAAP, que combina 24 años de datos satelitales con detección mediante inteligencia artificial en tiempo casi real (MAAP n.º 237). El análisis revela que la minería de oro ha afectado aproximadamente 92.000 hectáreas de bosque en Surinam en 24 años, de las cuales unas 25.000 hectáreas —el 28 % del total acumulado— ocurrieron entre 2021 y 2024, indicando una aceleración reciente. Las áreas protegidas se ven cada vez más afectadas: la deforestación por la minería dentro del Parque Natural de Brownsberg alcanzó las 1.274 hectáreas (8.8 % del parque) entre 2001 y 2024, y en marzo de 2025 apareció un nuevo frente minero dentro de la Reserva Natural de Brinckheuvel. Una versión confidencial del análisis fue compartida con el gobierno de Surinam para apoyar de política pública.

Guyana #

No existe un monitoreo específico de la sociedad civil ASGM en Guyana. Los datos disponibles se limitan a conjuntos regionales (véase la sección 5.1.2)

Venezuela #

Venezuela presenta el entorno de monitoreo más complejo de la Amazonía debido al colapso institucional de sus organismos ambientales y al papel activo del Estado en la promoción de actividades extractivas dentro del Arco Minero del Orinoco —una zona decretada que abarca aproximadamente 12 % del territorio nacional—. En este contexto, SOS Orinoco se ha convertido en la principal fuente de evidencia documentada sobre los impactos de la minería.

Su monitoreo combina análisis satelital con informes de campo de comunidades indígenas afectadas. Los datos muestran una destrucción ambiental sostenida y acelerada: dentro del Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la UNESCO), las áreas minadas crecieron más del 1.300 % entre 2000 y 2023, pasando de 122 a 1.582 hectáreas, con 73 hectáreas 2024³⁵ . En los cuatro años posteriores al decreto del Arco Minero (2016), se destruyeron más de 2.821 km² de bosque, la mitad dentro de territorios protegidos.³⁶

Conjuntos de datos regionales #

Amazon Mining Watch (AMW). Amazon Mining Watch es una alianza entre Earth Genome, la Red de Investigaciones sobre Selvas Tropicales del Centro Pulitzer y Amazon Conservation. Es la primera plataforma que ofrece detección casi en tiempo real, impulsada por inteligencia artificial, de la deforestación causada por la minería de oro a cielo abierto en los ocho países amazónicos. La plataforma se actualiza trimestralmente, lo que permite un monitoreo sistemático de los nuevos frentes mineros. En 2025, detectó 37.109 hectáreas de expansión reciente de la minería de oro en toda la Amazonía, siendo Brasil (15.538 ha), Perú (6.511 ha) y Guyana (4.942 ha) los que registraron las áreas más extensas, mientras que Venezuela, Surinam, Ecuador y Bolivia superaron cada uno las 2.000 hectáreas (MAAP n.º 235).

Se están realizando evaluaciones de precisión para refinar el modelo basándose en conjuntos de datos nacionales de alta calidad, como los de Conservación Amazónica – ACCA en Perú y la Fundación Ecociencia en Ecuador. Está previsto que en 2026 se publiquen los datos revisados para toda la serie anual de 2018 a 2025. A lo largo de 2026, AMW seguirá proporcionando actualizaciones periódicas que alerten sobre nuevas incursiones en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, resurgimiento de la minería en áreas donde había sido detenida, y zonas con deforestación minera persistente y en aumento.³⁷

Una característica clave de AMW es su capa de evaluación de legalidad, que cruza los datos de las zonas mineras detectadas con los límites de las áreas naturales protegidas, territorios indígenas y, en cinco países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú), los registros de concesiones mineras. Esto permite generar una clasificación de presunción de ilegalidad.³⁸

Según este análisis, Colombia y Brasil presentan las tasas más altas de ilegalidad en la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM), seguidos por Ecuador y Perú (véase la Tabla 5). En conjunto, la clase de minería de MapBiomas, los conjuntos de datos de SOS Orinoco, MAAP y WWF/OTCA constituyen la referencia más completa disponible sobre la extensión y distribución de la minería ASGM ilegal en toda la Amazonía. Mantener estos conjuntos de datos en un ciclo anual y consolidarlos en una serie temporal común es esencial para evaluar la solidez de los esfuerzos políticos para frenar la ASGM ilegal, hacer seguimiento de la intensidad de la aplicación de la ley y monitorear los efectos de desplazamiento en toda la cuenca.

Tabla 5. Presunción de ilegalidad de la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM) en cinco países de la Amazonía, en % del área total (Fuente: Amazon Mining Watch)

Presunción de ilegalidad:	Muy alta La actividad se lleva a cabo sin permiso y dentro de un área protegida que no permite ningún tipo de explotación de recursos	Alta La actividad se lleva a cabo fuera de cualquier concesión explícita para ello	Media La actividad se está llevando a cabo dentro de una concesión, pero no se pudo verificar el estado activo de la concesión.	Bajo La actividad se está llevando a cabo dentro de una concesión activa (suponiendo que se cumplan todos los requisitos de exploración aplicables)	Índices de ilegalidad – todas las categorías
Bolivia	15,3 %	2,6 %	1,4 %	80,8 %	19,2 %
Brasil	2,1 %	56,7 %	20,0 %	21,2 %	78,8 %
Colombia	7,0 %	33,7 %	53,6 %	5,7 %	94,3 %
Ecuador	1,1 %	38,7 %	21,2 %	39,0 %	61 %
Perú	1,0 %	23,5 %	29,2 %	46,3 %	53,7 %

Figura 9. Gráfico que representa la presunción de ilegalidad en cinco países de la Amazonía como porcentaje del área total.



MapBiomas Amazonia. MapBiomas Amazonia elabora mapas anuales de cobertura y uso del suelo con una resolución de 30 metros, desde 1985 hasta 2023, en los ocho países amazónicos. La plataforma incluye una categoría específica de «minería» que abarca tanto las operaciones artesanales como industriales. El año más reciente disponible es 2023 y los datos no permiten distinguir la minería artesanal y a pequeña escala (ASGM) de la minería industrial. Esto limita su utilidad para evaluar la extensión y distribución recientes de la ASGM en toda la Amazonía, así como para realizar análisis de legalidad comparando con concesiones mineras específicas de ASGM.

WWF, en asociación con OTCA, también elaboró un estudio a nivel de cuenca que identificó más de 4.000 sitios de minería ilegal en los nueve países amazónicos —uno de los primeros intentos de realizar un recuento exhaustivo de la minería ilegal en toda la región.³⁹ El estudio es de 2023 y no ha sido actualizado desde entonces.

RAISG. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) mantiene el conjunto de datos espaciales más completo de toda la Amazonía sobre áreas naturales protegidas, territorios indígenas y concesiones mineras. Esta información es un insumo esencial para el análisis de la legalidad de la extensión conocida de la minería artesanal y a pequeña escala (ASGM). En 202, RAISG elaboró una capa de ASGM ilegal basada en una combinación de concesiones mineras y datos de MapBiomas sobre áreas mineras. Al momento de redactar este informe, esta capa panamazónica se encontraba en proceso de actualización, incorporando nuevas feuentes com MapBiomas y Amazon Mining Watch. El objetivo es proporcionar una capa datos fidedigna sobre el tema.

4.2 Desafíos para la detección consistente de la minería fluvial #

La minería artesanal y a pequeña escala de oro (ASGM) fluvial —que utiliza plataformas de dragado ancladas directamente en los ríos amazónicos— se ha convertido en una de las formas de delitos contra la naturaleza de expansión más rápida en la cuenca.

A diferencia de la ASGM terrestre, que deja huellas visibles en la cobertura forestal detectables mediante el monitoreo satelital, la minería con dragas fluviales presenta un desafío de detección fundamentalmente distinto. La huella física de una draga —una barcaza o balsa flotante que opera en un curso de agua— puede ser tan pequeña como unos pocos metros cuadrados y, además, es móvil. Las dragas se desplazan diariamente a lo largo de los sistemas fluviales, siguiendo patrones hidrológicos estacionales, reubicándose según las concentraciones de oro o dispersándose tras operaciones de aplicación de la ley.

Estas brechas estructurales en el monitoreo tienen implicaciones directas para la aplicación de la ley. El regreso de aproximadamente 130 dragas al río Madeira apenas cinco meses después de una operación de control en agosto de 2024⁴⁰ ilustra tanto la resiliencia de las redes criminales como los límites de los ciclos de aplicación que no se basan en monitoreo continuo.

En enero de 2026, Amazon Conservation convocó un taller en Bogotá con representantes de organizaciones de la sociedad civil de siete países de la Amazonía⁴¹ para debatir la disponibilidad de datos de monitoreo consistentes sobre la minería fluvial y posibles vías de avance. El debate identificó brechas persistentes en el monitoreo, las tecnologías disponibles y las inversiones prioritarias para una arquitectura regional de monitoreo.

El taller confirmó cuatro brechas estructurales:

• ​Movilidad de las dragas y metodología de conteo: se requiere una cadencia de monitoreo casi diaria para obtener recuentos confiables, pero no existe una metodología estándar para reducir el error en objetos móviles. Las prácticas de registro siguen siendo inconsistentes entre organizaciones y jurisdicciones.

• ​Resolución de imágenes y asignación de tareas satelitales: las imágenes ópticas de alta resolución (VHR < 0,5 m) son esenciales para las dragas más pequeñas, pero son costosas y dependen de la asignación anticipada de tareas —lo que presupone información previa sobre las ubicaciones mineras y excluye sistemáticamente los frentes no documentados.

• ​Hidrología estacional: en la estación seca, las operaciones se concentran en bancos de arena expuestos; en la estación húmeda, se dispersan hacia las llanuras aluviales. Esto requiere protocolos adaptados a la morfología cambiante de los ríos, aún no estandarizados a nivel regional.

• ​Desplazamiento transfronterizo: las redes de dragado cruzan habitualmente los límites jurisdiccionales para evadir la aplicación de la ley —como en el Territorio Indígena Yanomami, donde mineros desplazados por operaciones brasileñas migraron hacia corredores fluviales de Venezuela y Surinam—. No sin exise una coordinación transfronteriza en materia de monitoreo.

Los participantes también identificaron varias tecnologías disponibles y emergentes:

• Las imágenes de radar de apertura sintética (SAR) —La constelación Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) representa un avance significativo. El SAR penetra nubes y opera día y noche, resolviendo dos limitaciones críticas del monitoreo óptico. Investigaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos demostraron que la detección semiautomatizada de dragas mediante SAR es técnicamente viable en el río Madeira, donde la fuerte retrodispersión de estructuras metálicas permite extraerlas con umbrales estadísticos adaptados de la detección de embarcaciones oceánicas.⁴²

• Los algoritmos de detección automatizada de objetos aplicados a imágenes satelitales ofrecen un complemento escalable. La detección trimestral impulsada por IA de Amazon Mining Watch para minería terrestre demuestra su viabilidad regional;⁴³ Un enfoque comparable para dragas fluviales requiere conjuntos de datos de entrenamiento etiquetados en diversos entornos y estaciones, identificados como una inversión técnica prioritaria.

• Los sobrevuelos con drones y aeronaves ligeras proporcionan datos de referencia de muy alta resolución y están bien establecidos entre varias organizaciones. Su limitación es la escalabilidad y los riesgos de seguridad en áreas controladas por redes criminales.

• Las aplicaciones móviles permiten registrar observaciones con coordenadas GPS casi en tiempo real, útiles en tramos inaccesibles por aire o satélite. La principal limitación es la interoperabilidad: las aplicaciones actuales no comparten datos entre organizaciones, impidiendo la agregación regional.

• Entre las capacidades satelitales más recientes, la constelación Pelican de Planet puede generar imágenes ópticas de muy alta resolución (VHR) de 0,3 m con detección de objetos mediante IA a bordo,⁴⁴ lo que la convierte en una herramienta potencialmente transformadora si se reducen los costos de acceso para las organizaciones de la sociedad civil. La constelación Tanager de Planet (400–2.500 nm)⁴⁵ ofrece un potencial adicional para detectar las firmas espectrales de la contaminación por mercurio y las plumas de sedimentos en suspensión asociadas con las operaciones de dragado.⁴⁶ Por su parte, la misión BIOMASS de la ESA y la detección por infrarrojo térmico —que aprovecha las firmas térmicas de los motores diésel que impulsan las dragas— también fueron señaladas como enfoques complementarios.

• El monitoreo de la sedimentación fluvial y la turbidez del agua representa un enfoque indirecto pero robusto: la minería artesanal provoca cambios detectables en las concentraciones de sedimentos en suspensión, incluyendo estacionales distintas de variabilidad natural.⁴⁷ Aunque no identifica dragas individuales, señala segmentos fluviales alterados y orienta la asignación de tareas VHR. Combinado con detección de luz nocturna puede servir como primer filtro en una arquitectura de monitoreo de múltiples fuentes.

El taller coincidió en cuatro inversiones prioritarias para avanzar desde un monitoreo fragmentado y específico a nivel nacional hacia una línea de base consistente para toda la Amazonía:

• ​Marco de informes estandarizado: definiciones acordadas de los tipos de dragas y su estado operativo, protocolos comunes de georreferenciación y formatos de datos interoperables que permitan que las observaciones de campo, los levantamientos con drones y los análisis satelitales alimenten una única capa de monitoreo regional.

• Protocolo de seguridad con directrices estandarizadas sobre apariciones públicas y comunicaciones relacionadas con el trabajo de detección de actividades mineras, que puede generar amenazas.

• ​Base de datos geográficos regional: una base de datos actualizada continuamente y de múltiples fuentes sobre la actividad minera en los ríos, accesible para todas las organizaciones colaboradoras, regida por protocolos de seguridad de la información para evitar que las redes criminales se aprovechen de los datos sobre la ubicación de las minas.

• ​Análisis del movimiento de las dragas: modelación sistemática de los rangos de desplazamiento diarios y estacionales por tipo de río, con seguimiento transfronterizo explícito para los sistemas fluviales fronterizos compartidos por dos o más países.

• ​Capacitación técnica: inversión en el análisis de imágenes satelitales (ópticas y SAR), implementación de aplicaciones móviles y adopción de protocolos de datos estandarizados para ampliar la red de organizaciones nacionales y subnacionales que contribuyen a un sistema común de monitoreo.

  4.3 Evaluación: Brechas de cobertura e implicaciones para una línea de base regional #

En conjunto, las fuentes de datos nacionales y regionales analizadas anteriormente representan un panorama de monitoreo de la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM) considerablemente más desarrollado que el que existía hace cinco años, impulsado en gran medida por la inversión de la sociedad civil en la detección satelital y por el lanzamiento de Amazon Mining Watch como plataforma regional. Sin embargo, persisten brechas significativas.

A nivel nacional, la cobertura del monitoreo sistemático se concentra en Brasil y Perú, con conjuntos de datos de la sociedad civil cada vez más confiables que surgen en Ecuador, Colombia y Surinam. Bolivia carece de un sistema de monitoreo terrestre de la ASGM equivalente a los de los países vecinos. Venezuela es monitoreada casi exclusivamente por SOS Orinoco en condiciones de acceso severamente restringido, y la promoción activa por parte del Estado dificulta la aplicación de marcos estándar de evaluación de la legalidad. Guyana no cuenta con capacidad de monitoreo dedicada de la sociedad civil para ASGM, a pesar de haber sido identificada como un país de alto impacto por los datos satelitales regionales.

A nivel regional, Amazon Mining Watch ofrece la base más prometedora para establecer una línea de base panamazónica consistente sobre la ASGM, al combinar una amplia cobertura, frecuencia casi en tiempo real y una capa incipiente de evaluación de la legalidad. Si bien es útil para evaluar tendencias generales a gran escala y detectar nuevas incursiones gracias a la alta frecuencia de las actualizaciones, la plataforma no es lo suficientemente precisa ni tiene la resolución necesaria para ser utilizada como evidencia en informes oficiales, lo que subraya su complementariedad con los sistemas nacionales mantenidos por organizaciones de la sociedad civil con presencia local sólida y relación directa con las autoridades.

En lo que respecta a la minería fluvial, las prioridades identificadas en el taller de Bogotá ponen de relieve el desafío que representa monitorear esta manifestación destructiva y de rápido crecimiento de los delitos contra la naturaleza. Traducir esa experiencia en una arquitectura regional formal de monitoreo requerirá apoyo institucional sustancial y mecanismos deliberados para integrar los datos de monitoreo de la sociedad civil en los flujos de trabajo gubernamentales de aplicación de la ley y de fiscalía.

5. Contaminación por mercurio #

La contaminación por mercurio derivada de la minería artesanal y a pequeña escala de oro (ASGM) representa una de las manifestaciones más generalizadas y menos visibles de los delitos contra la naturaleza en la Amazonía. A diferencia de la deforestación —que deja una cicatriz permanente detectable por satélite—, el mercurio ingresa a los sistemas fluviales como un contaminante invisible, circulando a través del agua, los sedimentos y los organismos vivos, cruzando fronteras nacionales y sin respetar las divisiones jurisdiccionales. Las estimaciones de las emisiones anuales de mercurio procedentes de la ASGM en la Amazonía oscilan entre 200 y más de 500 toneladas, y las emisiones acumuladas a lo largo de cuatro décadas podrían superar las 8.000 toneladas métricas⁴⁸ .

5.1 Conjuntos de datos disponibles #

Los conjuntos de datos existentes sobre el mercurio en la Amazonía pueden agruparse en tres categorías: estudios científicos revisados por pares, programas de monitoreo institucionales e inventarios nacionales reglamentarios. En conjunto, constituyen un cuerpo de evidencia sustancial, pero geográficamente desigual y metodológicamente inconsistente.

Los conjuntos de datos revisados por pares proporcionan la información más rigurosa disponible, pero se concentran en gran medida en Brasil y, en menor medida, en Perú. Un metaanálisis de 2025 sobre la contaminación por mercurio en distintos grupos sociales y contextos ambientales identificó 25 estudios revisados por pares para Brasil, 13 para Perú y 6 para Colombia; Ecuador y Venezuela no estaban representados, y la literatura disponible contiene pocos datos publicados de Guyana, Surinam y Bolivia.⁴⁹ El conjunto de datos científicos más completo desde el punto de vista espacial es el modelo probabilístico SERAFM, aplicado a 8.259 subcuencas de los sistemas fluviales del Branco, Tapajós y Xingu, generando proyecciones de la distribución del mercurio y estimaciones de la bioacumulación en peces con resolución de subcuenca.⁵⁰

El mercurio se bioacumula a lo largo de la cadena alimentaria, alcanzando sus concentraciones más altas en peces carnívoros grandes y longevos. Las concentraciones promedio de mercurio en los peces de cuencas clave ilustran la magnitud de la contaminación: 0,47 μg/g en el Madeira, 0,69 μg/g en el Tapajós y 0,72 μg/g en el Madre de Dios (Perú); estas dos últimas por encima de la directriz de la OMS de 0,5 μg/g para la mayoría de las especies.⁵¹

Una evaluación de riesgos que abarcó las cuencas del Branco y del Tapajós reveló que aproximadamente el 49,8 % de la población evaluada enfrenta un riesgo extremadamente alto de exposición al mercurio a través del consumo de pescado.⁵² En Santarém, en la confluencia del Tapajós y el Amazonas, 75 % de los residentes presenta niveles elevados de mercurio en la sangre, y algunos superan cuatro veces el umbral de seguridad de la OMS.⁵³

A nivel institucional, el esfuerzo más significativo en curso es el estudio regional de panorama general del mercurio coordinado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) a través de su Proyecto de la Cuenca Amazónica.⁵⁴ Este estudio, que abarca los ocho países amazónicos, aplica el Conjunto de Herramientas para el Inventario de Mercurio del PNUMA para desarrollar una evaluación estandarizada y multinacional de las fuentes de mercurio y los niveles de contaminación —el primer intento sistemático de establecer una línea de base verdaderamente panamazónica —.⁵⁵ El Observatorio Regional de la Amazonía (ORA) de la OTCA está desarrollando una plataforma integrada que agregará datos ambientales y sociales de todos los países miembros, incluidos indicadores de calidad del agua relevantes para el monitoreo del mercurio.

Además, la OPS/OMS realiza un seguimiento de la exposición al mercurio en el ámbito de la salud a través de los sistemas nacionales y firmó un acuerdo de cooperación específico con la OTCA en octubre de 2024, abarcando salud indígena, riesgos climáticos y acceso a servicios de salud en la región amazónica.⁵⁶

​El Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía del Banco Mundial y la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO) reúnen a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam para generar evidencia compartida y promover diálogo multinacional sobre los impactos de la minería de oro, sirviendo como plataforma práctica para traducir los datos científicos en recomendaciones de políticas.⁵⁷

Los inventarios normativos nacionales en el marco del Convenio de Minamata proporcionan una tercera capa de datos. Todos los países amazónicos, con la notable excepción de Venezuela, son partes del Convenio. Este exige que cualquier país donde la ASGM sea «más que insignificante» elabore un Plan de Acción Nacional (PAN) con inventarios de mercurio, estimaciones de emisiones por sector y metas de reducción.⁵⁸ Sin embargo, la calidad, exhaustividad y coherencia metodológica de los PAN varía considerablemente en la región. Representan un mínimo de datos autoinformados, más que una línea de base regional verificada, y su utilidad comparativa es limitada por diferencias de alcance y ciclos de actualización.

La plataforma Amazon Targets Tracker de Amazon Conservation monitorea el estado de implementación de varios convenios internacionales, incluido Minamata. Este análisis revela grandes disparidades: Brasil, Bolivia y Ecuador aún no han presentado un PAN, pese a la importante actividad de ASGM en su territorio. Tanto las evaluaciones iniciales como los PAN pueden proporcionar datos útiles para una línea de base regional, pero siguen sin estar disponibles para dos países, incluido Brasil.

Tabla X. Estado de implementación del Convenio de Minamata en los países de la Amazonía #

La siguiente tabla resume el estado de implementación del Convenio de Minamata en ocho países amazónicos. La evaluación se basa en seis criterios: condición de Parte, ratificación, evaluación inicial, plan de acción, metas forestales y metas amazónicas. Los resultados completos se pueden consultar en el Amazon Targets Tracker.

País	Puntuación total sobre 6 criterios	Justificación / Detalles de la implementación
Colombia	6/6	Aplicación plena. Ratificado el 26/08/2019. Evaluación inicial completada en 2017. Plan de acción establecido en 2024. Se dispone de metas específicas tanto para los bosques como para la Amazonía.
Guyana	5/6	Aplicación plena. Ratificado el 24/09/2014. Evaluación inicial completada en 2016. Plan de acción establecido en 2021. Se dispone de metas forestales. No se dispone de una meta específica para la Amazonía, pero todo el país forma parte de la Amazonía.
Perú	4/6	Aplicación avanzada. Ratificado el 21/01/2016. Evaluación inicial completada en 2020. Plan de acción establecido en 2019. No se especifican metas específicas para los bosques ni para la Amazonía.
Surinam	4/6	Implementación avanzada. Fecha de ratificación: N/A. Evaluación inicial completada en 2020. Plan de acción establecido en 2024. No se especifican metas específicas para los bosques ni para la Amazonía.
Bolivia	3/6	Progreso moderado. Ratificado el 26/01/2016. Evaluación inicial completada en 2017. No se especifican el plan de acción, ni los objetivos forestales, ni los objetivos para la Amazonía.
Ecuador	3/6	Progreso moderado. Ratificado el 29/07/2016. No se cuenta con la evaluación inicial. Plan de acción establecido en 2020. No se especifican las metas forestales ni las metas para la Amazonía.
Brasil	2/6	Progreso limitado. Ratificado el 08/08/17. No se especifican la evaluación inicial, el plan de acción, los objetivos forestales ni los objetivos para la Amazonía.
Venezuela	0/6	Sin implementación. No es parte de la convención. No se cuenta con información sobre la ratificación, la evaluación inicial, el plan de acción, los objetivos forestales ni los objetivos para la Amazonía.

En el ámbito de la sociedad civil y la investigación, la FIOCRUZ de Brasil ha generado una gran cantidad de datos sobre la exposición a nivel comunitario. Estos datos se publican, junto con otras fuentes, en el Observatorio do Mercúrio na Amazônia, una herramienta en línea desarrollada por WWF-Brasil, FIOCRUZ y Cincia. El Observatorio del Mercurio es una plataforma que recopila información sobre la contaminación por mercurio en toda la región panamazónica, creada para monitorear los impactos de la minería ilegal de oro. La plataforma georreferencia todos los estudios disponibles sobre emisiones de mercurio, contaminación de peces y riesgos para la salud humana, destacando los altos niveles de contaminación que afectar especialmente a las comunidades indígenas y ribereñas. ⁵⁹

Figura 10. Portal del Observatorio del Mercurio, una plataforma en línea que recopila datos sobre la contaminación por mercurio en toda la región panamazónica (2026).

5.2 Conclusión sobre el potencial de un monitoreo consistente en toda la Amazonía #

La brecha de datos sobre la contaminación por mercurio sigue siendo significativa. No existe una red de monitoreo sistemática y a largo plazo en los principales ríos transfronterizos de la cuenca que permita un seguimiento coherente del flujo de mercurio a través de las fronteras nacionales. Tampoco existe actualmente una base de datos integrada que combine, de manera harmonizada, mediciones de mercurio en la columna de agua, concentraciones en sedimentos, contaminación en tejidos de peces y niveles de mercurio en sangre o cabello humano en los ocho países amazónicos, utilizando metodologías consistentes. ⁶⁰

Los cimientos institucionales para un sistema de este tipo ya están parcialmente establecidos. El estudio regional de la OTCA establecerá la primera línea de base metodológica compartida entre varios países⁶¹ y los Planes de Acción Nacionales (PAN) del Convenio de Minamata -si se refuerzan con requisitos de reporte armonizados- podrían consolidar las contribuciones nacionales dentro de una plataforma regional. El Conservation Strategy Fund, con apoyo del programa «Paisajes Sostenibles de la Amazonía» del Banco Mundial, ha desarrollado la Calculadora de Impacto de la Minería de Oro —una herramienta que estima los costos socioambientales de los daños causados por la minería, incluidos los derivados de la contaminación por mercurio—.⁶² Esta herramienta ha sido utilizada por fiscales brasileños para estimar los daños causados por operaciones ilegales de ASGM y fijar multas o reparaciones. Su uso podría allanar el camino para una evaluación a escala panamazónica del costo social y ambiental de la contaminación por mercurio como delito contra la naturaleza, basándose en el ejemplo presentado en el apartado 2.2.3 sobre la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña.

6. Violencia contra los defensores del medio ambiente #

Los defensores del medio ambiente desempeñan un papel fundamental en el monitoreo de las condiciones ambientales y la denuncia de actividades ilegales en la región. Las represalias contra ellos se han asociado con frecuencia a la expansión de los delitos ambientales, incluidos aquellos perpetrados por grupos del crimen organizado.

Las autoridades de la región han destacado cada vez más la conexión entre la protección ambiental y la seguridad pública. En particular, en junio de 2025, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) estableció la Comisión Especial de Seguridad Pública y Actividades Ilícitas Transnacionales en la Región Amazónica (CESPIT), dedicada a fortalecer la seguridad regional y la cooperación contra los delitos transnacionales que afectan la integridad de la Amazonía. Esta medida forma parte de una agenda de seguridad más amplia que vincula explícitamente la protección del bioma con la defensa de los derechos humanos y la seguridad de las poblaciones amazónicas.⁶³

Un mejor monitoreo de los ataques contra los defensores permite a los gobiernos y a las autoridades locales y transfronterizas comprender las presiones asociadas a los delitos ambientales y respaldar intervenciones políticas basadas en evidencia para proteger tanto el bioma como a quienes lo defienden. Dicho monitoreo también ayuda a identificar cómo distintos grupos de defensores (incluidas mujeres, pueblos indígenas y niños) pueden verse afectados de manera desproporcionada.

6.1 Disponibilidad de datos #

Los datos sobre esta manifestación de delitos contra la naturaleza suelen provenir de registros de organismos gubernamentales o de organizaciones la sociedad civil, y a menudo incluyen coordenadas GPS o nombres de jurisdicciones que permiten su mapeo. La ilegalidad se considera inherente al acto —el cual probablemente está directamente relacionado con las actividades extractivas ilegales que el defensor denunciaba o a las que se oponía—. El principal desafío analítico no es establecer que un acto fue ilegal, sino confirmar que estuvo motivado específicamente por el trabajo ambiental de la víctima, una determinación que requiere una evaluación cuidadosa, caso por caso, de cada incidente registrado.

Esta evaluación y la recopilación de casos de violencia contra defensores del medio ambiente son desarrolladas y organizadas en gran medida por organizaciones de la sociedad civil. La tabla a continuación resume los conjuntos de datos disponibles en cada país y las organizaciones que los mantienen:

País	Cobertura local
Bolivia	Media	A nivel local, las organizaciones sin fines de lucro Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y la Coordinadora Nacional de Defensores de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) mantienen un conjunto de datos que documenta los sucesos desde 2017 hasta la actualidad. Aunque el conjunto de datos ofrece información detallada sobre cada incidente registrado, los datos no están disponibles públicamente en formato abierto.
Brasil	Medio	El país cuenta con iniciativas relativamente bien establecidas dedicadas a recopilar datos sobre violaciones contra los defensores de los derechos humanos en general, con referencia indirecta a los defensores del medio ambiente. La Comissão Pastoral da Terra (CPT), una organización de la sociedad civil afiliada a la Iglesia católica que supervisa los conflictos por la tierra en las zonas rurales, ha estado recopilando datos históricos sobre la violencia rural desde la década de 1980. El Conselho Missionário Indígena (CIMI), una organización de defensa de los derechos indígenas también vinculada a la Iglesia católica, se ha enfocado en documentar casos de violencia contra los pueblos indígenas desde la década de 1990. Si bien ambos conjuntos de datos ofrecen un nivel similar de detalle, en el caso del CIMI, la falta de datos en un formato abierto y legible por máquina limitó su potencial para un análisis o compilación más profundos.
Colombia	Medio	El país cuenta con iniciativas relativamente bien establecidas dedicadas a recopilar datos sobre violaciones contra defensores de los derechos humanos en general, con referencia indirecta a los defensores del medio ambiente. Los datos históricos se refieren principalmente a conflictos que involucran a grupos armados. Una organización sin fines de lucro, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), informa sobre los asesinatos de líderes sociales, incluyendo una categoría específica para defensores del medio ambiente, desde 2016 hasta la actualidad. En algunas de sus publicaciones, INDEPAZ clasifica a otros grupos bajo el paraguas más amplio de los defensores del medio ambiente (como líderes locales y grupos indígenas). Como resultado, se crea un posible solapamiento entre categorías y se limita la comparabilidad de los datos desde una perspectiva regional.
Ecuador	Bajo	Los datos específicos del país son limitados. Las iniciativas locales no son sistemáticas ni exhaustivas, y se centran en el análisis cualitativo, pero carecen de conjuntos de datos cuantitativos sistemáticos.
Perú	Medio	A nivel local, dos organizaciones documentan casos de manera independiente: el Instituto del Bien Común (IBC) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La CNDDHH, una institución integrada por varias organizaciones de derechos humanos, documenta casos desde 2002 y cuenta con una categoría específica para defensores de los derechos ambientales e indígenas. El IBC, por su parte, proporciona información sobre tendencias generales y datos agregados a partir del año 2000. De manera similar, la Defensoría del Pueblo del Perú publica información sobre cifras generales en lugar de proporcionar detalles sobre cada caso específico. Ambas fuentes proporcionan datos agregados y no detallan la información sobre cada incidente.
Guyana y Surinam	Bajo	Estos países carecen de datos cuantitativos específicos sobre la violencia contra los defensores del medio ambiente. La investigación sobre estos países se basa en gran medida en la información recopilada por organizaciones globales.
Venezuela	Bajo	El país enfrenta limitaciones significativas en cuanto a la disponibilidad de datos. Organizaciones locales sin fines de lucro, como SOS Orinoco, VE360 e Infove360, han documentado casos desde al menos 2013, aunque no se presentan en detalle, sino que las cifras se muestran de manera general, sin datos individuales.

Además de estos conjuntos de datos gestionados a nivel local, Global Witness y Tierra de Resistentes mantienen conjuntos de datos globales cuya cobertura incluye a los países amazónicos.

Global Witness define a los defensores de la tierra y el medio ambiente como personas que adoptan una postura y realizan acciones pacíficas contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente. Su conjunto de datos documenta ataques en los que existe un vínculo razonable y sospechoso con el activismo de la persona. La base de datos también incluye desapariciones forzadas de defensores en las que la persona continúa desaparecida después de al menos seis meses.

De manera similar, Tierra de Resistentes documenta episodios de violencia contra defensores de la tierra y el medio ambiente, entendidos como personas o grupos que se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. La base de datos, que abarca el período 2009-2018, se construyó mediante solicitudes de información, investigación documental y reportajes sobre el terreno, asegurando que la información procedentes de distintas fuentes estuviera debidamente corroborada.

Amazon Conservation compiló ambos conjuntos de datos, además de los de la Comissão Pastoral da Terra para Brasil —el único conjunto de datos nacional fácilmente disponible para análisis—, y conciliaron los registros para eliminar duplicados y estandarizar las categorías utilizadas por cada base de datos. El resultado, presentado con más detalle en la siguiente sección, constituye el primer intento conocido de crear un registro panamazónico, consolidado y espacialmente explícito de la violencia contra los defensores del medio ambiente.

6.2 Una base de datos consolidada a nivel de toda la Amazonía sobre la violencia contra los defensores del medio ambiente #

Los datos presentados en esta sección examinan los incidentes de violencia contra defensores del medio ambiente dentro de la biorregión amazónica, a partir de tres fuentes de datos que abarcan el período 2016-2024. En conjunto, los datos revelan focos geográficos concentrados, violencia predominantemente letal impulsada por disputas por la tierra e impactos desproporcionados sobre los pueblos indígenas y los productores rurales de pequeña escala.

La concentración espacial observada en los datos refleja la geografía de las presiones por la extracción de recursos, especialmente en zonas fronterizas donde la expansión de la agroindustria, la minería ilegal y las operaciones de tala se superponen con territorios indígenas y áreas protegidas. El patrón confirma que la violencia funciona como un mecanismo deliberado para facilitar la extracción de recursos y la apropiación de tierras, dirigido contra quienes se resisten a estos procesos. Como era de esperarse, los conflictos por la tierra representan 333 incidentes (58 %), convirtiéndose en el principal motor de la violencia, por delante de los conflictos relacionados con los bosques, la minería y el agua.

El conjunto de datos documenta 574 incidentes distribuidos en ocho categorías de violencia, siendo el homicidio la forma más grave (346 incidentes, 60 %), seguido de las amenazas (149 incidentes, 26 %), los ataques directos (36 incidentes, 6 %), el acoso judicial (14 incidentes, 2 %), las desapariciones (9 incidentes, 2 %), criminalización/estigmatización (9 incidentes, 2 %), desplazamiento (3 incidentes, 1 %) y otras formas (8 incidentes, 1 %). El predominio del homicidio refleja el peligro extremo al que se enfrentan los defensores del medio ambiente en la Amazonía. Sin embargo, es importante señalar que las amenazas —la segunda forma más común— probablemente representen solo una fracción de los incidentes reales de intimidación y acoso, ya que muchos no se denuncian ni se registran. Esto sugiere que el verdadero alcance de la violencia es sustancialmente mayor que lo que indican las cifras documentadas.

La violencia afecta de manera desproporcionada a comunidades específicas. Los pueblos indígenas representan 227 incidentes (40 %) del total, seguidos por los productores rurales a pequeña escala con 182 incidentes (32 %). Los territorios indígenas han sido reconocidos como elementos valiosos para la conservación de la Amazonía, pero este papel tiene un costo: los líderes y las comunidades indígenas enfrentan violencia sistemática por parte de quienes buscan explotar los recursos dentro de sus territorios.

Figura 11. Registro de la violencia contra los defensores del medio ambiente en toda la Amazonía. Fuente: análisis propio de los autores, basado en la consolidación de datos de Global Witness, Tierra de Resistentes y la Comisión Pastoral de la Tierra.
Estos datos también están disponibles en un geoportal dinámico, que permite filtrar por categorías y consultar los detalles de puntos de datos específicos





6.3 Conclusión sobre el potencial para una recopilación de datos consistente en toda la Amazonía #

La disponibilidad de datos varía según las jurisdicciones, ya que la denuncia de incidentes depende de múltiples factores. En países que enfrentan altos niveles de violencia o que operan bajo sistemas judiciales sesgados, es probable que se registren menos delitos, dada la incertidumbre y el riesgo que representa para las víctimas presentar una denuncia. La subdenuncia también puede deberse a la dificultad para verificar los datos y a la lejanía geográfica de muchos ataques. Por ello, las iniciativas de recopilación de datos suelen centrarse en los asesinatos, que son más fáciles de identificar y verificar, mientras que los ataques no letales, las amenazas y el acoso tienden a estar subreportados.

Los datos también se ven limitados por restricciones temporales ya que la información histórica rara vez se extiende más allá de la década de 2000. Otros desafíos incluyen la accesibilidad, dado que la información suele publicarse en formatos no legibles por máquina -como archivos PDF o Word-, lo que limita el potencial para análisis a gran escala y referencias cruzadas.

La arquitectura de datos necesaria para una capa regional sostenida sobre la violencia contra los defensores es, sin embargo, más sencilla que la requerida para otras manifestaciones analizadas en este informe: no existe una barrera de teledetección, y la base consolidada de 574 incidentes ya funciona como un prototipo operativo. Lo que se requeriría es un protocolo compartido de definición de casos, adoptado por todas las organizaciones de la sociedad civil participantes —un esfuerzo que podría basarse en los compromisos del Plan de Acción 2025–2026 del Acuerdo de Escazú⁶⁴ sobre el monitoreo de defensores y en el CESPIT de OTCA—, junto con recursos sostenidos para el trabajo de verificación y conciliación que actualmente se realiza en el marco de proyectos específicos.

7. Conclusión #

Las cinco manifestaciones de delitos contra la naturaleza analizadas en este informe —la deforestación ilegal, la tala ilegal, la minería artesanal y a pequeña escala de oro ilegal, la contaminación por mercurio y la violencia contra los defensores del medio ambiente— comparten una geografía física subyacente y un conjunto común de redes criminales, pero actualmente se registran mediante sistemas de datos separados, con frecuencias distintas y una cobertura desigual entre los países.

Esta fragmentación es el hallazgo más importante de esta evaluación técnica. Significa que, incluso cuando manifestaciones individuales pueden documentarse de forma confiable —como la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña, que representa aproximadamente el 90 % de la tala total (Sección 2.2.1); la minería de oro en Madre de Dios, Perú, con 139.169 hectáreas acumuladas (Sección 4.1); o un registro consolidado de 574 incidentes de violencia contra defensores (Sección 6.2)—, la escala agregada y la distribución espacial de los delitos contra la naturaleza en toda la cuenca no pueden interpretarse a partir de una sola fuente, ya sea oficial o de la sociedad civil.

De la revisión surgen cuatro patrones que señalan lo que debe cambiar. #

Si bien las cinco manifestaciones comparten una geografía subyacente y un conjunto común de redes criminales transnacionales, son monitoreadas por sistemas en gran medida separados, en diferentes escalas temporales y frecuencias, con una cobertura que refleja más la capacidad institucional que la gravedad del problema. De la evidencia surgen cuatro patrones de manera consistente:

El mapa de monitoreo es el inverso del mapa de delitos. Brasil y Perú —los dos países con la infraestructura de monitoreo más desarrollada— no son lugares donde los delitos contra la naturaleza están más fuera de control; son los lugares donde la inversión sostenida de la sociedad civil y las instituciones ha hecho que el problema sea visible. Venezuela, donde las instituciones ambientales han dejado de funcionar efectivamente desde 2011, es simultáneamente el país con la destrucción impulsada por la minería más grave y acelerada, y el que genera los datos menos confiables. Bolivia y Guyana se encuentran en el mismo punto ciego. La consecuencia práctica es clara: las fronteras criminales más peligrosas de la Amazonía son también las menos monitoreadas —un patrón que los recursos de aplicación de la ley, las prioridades de los donantes y la atención intergubernamental corren el riesgo de reproducir.

Las redes criminales, a diferencia de los sistemas de monitoreo, son transfronterizas. Las redes criminales operan habitualmente a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, todos los conjuntos de datos nacionales analizados se detienen en la frontera. La responsabilidad de rastrear estos desplazamientos —y de mantener una visión coherente de la dinámica en toda la cuenca— ha recaído en organizaciones de la sociedad civil que operan sin mandato regional formal ni financiamiento estable acorde con esa responsabilidad.

La sociedad civil está proporcionando los datos que los gobiernos no pueden —o no quieren— proporcionar. MapBiomas Amazonia, RAISG, Amazon Mining Watch, MAAP, el Observatório do Mercúrio y las bases de datos de Global Witness y Tierra de Resistentes son productos de la sociedad civil. En todos los casos analizados, el monitoreo de la sociedad civil es más consistente, más actualizado y más completo desde el punto de vista espacial que los sistemas oficiales —no por falte interés gubernamental, sino por limitaciones de capacidad, restricciones políticas sobre lo que puede publicarse o sistemas que nunca fueron diseñados para la agregación transfronteriza. Esto constituye una vulnerabilidad institucional significativa: el panorama a nivel de cuenca depende de organizaciones que financiadas por proyectos, con poco personal para la escala territorial que cubren y cuyos datos tienen peso incierto en los foros intergubernamentales, donde las delegaciones nacionales pueden mostrarse reacias a aceptar que la sociedad civil dispone de mejores datos que sus propias instituciones oficiales.

La evaluación de la legalidad sigue siendo el principal cuello de botella. La detección ha mejorado drásticamente en la última década. El problema más difícil es determinar qué es ilegal, lo que requiere: cartografías georreferenciadas y actualizadas de áreas naturales protegidas, territorios indígenas, concesiones mineras y forestales, y autorizaciones de propiedad privada. Esta combinación se logra con mayor precisión en Brasil -y aun así solo parcialmente, dada la existencia de fraudes documentados en los sistemas de autorización. Fuera de Brasil, el indicador operativo de la ilegalidad suele reducirse a la presencia de actividades dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas. La evaluación de la ASGM en cinco países (Sección 4) demuestra que es posible agregar datos de legalidad utilizando categorías generales de presunción, en lugar de juicios definitivos, lo que amplía sustancialmente la utilidad de los datos para agencias de aplicación de la ley, fiscales, actores de la cadena de suministro y financiadores.

En conjunto, estos cuatro patrones definen tanto el problema como la oportunidad. Existen datos —imperfectos, desiguales y generados en gran medida por la sociedad civil— para establecer una línea de base regional creíble sobre los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía. Lo que aún no existe es la arquitectura necesaria para que estos datos sean suficientemente consistentes, sostenidos y fidedignos como para impulsar políticas públicas. El capítulo 2 examina a las organizaciones de la sociedad civil que están construyendo esa arquitectura desde cero: quiénes son, qué han logrado, en qué áreas carecen de recursos suficientes y dónde son mayores las brechas en la cobertura.

Notas #

1. Barber, C. V., K. Winfield y Y. Aspinall. . People. Planet. Justice. Understanding and countering nature crime. Informe. Washington, DC: Instituto de Recursos Mundiales. 2024. Disponible en línea endoi.org/10.46830/wrirpt.22.00038 .

2. Funari, Gabriel; Cote, María Antonia; Aponte, Andrés; Ríos, Lina María Asprilla. Environmental crimes in the Amazon: current trends and rising threats. Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. 2025. Disponible en: https://globalinitiative.net/analysis/environmental-crimes-in-the-amazon/

3. Waisbich, L. T., Risso, M., Husek, T. y Brasil, L. (2022). The ecosystem of environmental crime in the Amazon: An analysis of illicit rainforest economies in Brazil. Documento estratégico n.º 55. Instituto Igarapé. Disponible en: igarape.org.br.

4. Este informe abarca los ocho países amazónicos incluidos en el Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía del Banco Mundial: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Estos países también son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

5. WWF-UK (2024), Financial Crimes and Land Conversion: Uncovering Risk for Financial Institutions. Disponible en https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2024-04/WWF-UK-Financial-Crimes-and-Land-Conversion-Uncovering-Risk-for-Financial-Institutions.pdf.

6. Schmitt, J. (2015). Crime sem castigo: a efetividade da fiscalização ambiental para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia. Tesis doctoral, Universidad de Brasilia. https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19914/1/2015_JairSchmitt.pdf. Véase también Nunes et al. (2024), «Lessons from the historical dynamics of environmental law enforcement in the Brazilian Amazon», Scientific Reports 14: https://www.nature.com/articles/s41598-024-52180-7.

7. Véase Mongabay (2022), «Government inaction sees 98% of deforestation alerts go unpunished in Brazil», https://news.mongabay.com/2022/05/governmet-inaction-sees-98-of-deforestation-alerts-go-unpunished-in-brazil/ ; Washington Post (2022), « Brazil fails to protect world’s largest rainforest », https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/brazil-amazon-deforestation-enforcement/.

8. https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2025/01/75-dos-inqueritos-por-queimada-e-desmatamento-na-policia-federal-nao-indiciam-ninguem.shtml#:~:text=Mas%20ressaltó%20que%20a%20su,n%C3%A3o%20exclusivamente%20queimadas%20y%20deforestación).

9. Sims, M.J., R. Stanimirova, A. Raichuk, M. Neumann, J. Richter, F. Follett, J. MacCarthy, K. Lister, C. Randle, L. Sloat, E. Esipova, J. Jupiter, C. Stanton, D. Morris, C. M. Slay, D. Purves y N. Harris. 2025. «Global Drivers of Forest Loss at 1 Km Resolution». Environmental Research Letters 20 (7): 074027. doi:10.1088/1748-9326/add606.

10. Instituto Centro de Vida, Imaflora, UFMG y WWF-Brasil (2024), Estudo inédito aponta falta de transparência e ilegalidade em 94% do desmatamento na Amazônia e Matopiba. Disponible en https://www.icv.org.br/noticias/estudo-inedito-aponta-falta-de-transparencia-e-ilegalidade-em-94-do-desmatamento-na-amazonia-e-matopiba/.

11. IBAMA (2025), Sinaflor x Prodes: ferramenta do Ibama distingue desmatamento legal de irregularidades na Amazônia e no Cerrado. Disponible en https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2026/ferramenta-do-ibama-distingue-desmatamento-legal-do-potencialmente-ilegal

12. Reglamento (UE) 2023/1115, de 31 de mayo de 2023, sobre la comercialización en el mercado de la Unión y la exportación desde la Unión de determinados productos básicos y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Texto consolidado en https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj. Sobre la moratoria de la soya amazónica, véase Gibbs, H. et al. (2015), «Brazil’s Soy Moratorium», Science 347: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa0181.

13. Observatorio del Código Forestal (2024), O “eco” passivo de Reserva Legal no país ultrapassa 16 milhões de hectares — 9,4 milhões deles no bioma Amazônia. Disponible en https://observatorioflorestal.org.br/o-eco-passivo-de-reserva-legal-no-pais-ultrapassa-16-milhoes-de-hectares/.

14. RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada) (2024), Cartografías panamazónicas de áreas protegidas y territorios indígenas. Disponible en https://www.raisg.org/en/maps/.

15. Sims, M., Stanimirova, R., Raichuk, A., Neumann, M. y cols. (2025), «Global Drivers of Forest Loss at 1 km Resolution», Environmental Research Letters 20: https://doi.org/10.1088/1748-9326/add606. Datos: https://datasets.wri.org/datasets/dominant-drivers-of-tree-cover-loss-at-1km.

16. Mongabay (2024), « Amazon Fraud 101: How timber credits mask illegal logging in Brazil. ». Disponible en https://news.mongabay.com/2024/08/amazon-fraud-101-how-timber-credits-mask-illegal-logging-in-brazil/

17. Imazon (2024), Boletín SIMEX Pará — Sistema de Monitoramiento de la Explotación Maderera, según se informó en Brasil de Fato (2024), «La tala ilegal en el estado de Pará aumentó un 22 % en un año»: https://www.brasildefato.com.br/2024/08/16/illegal-logging-in-the-state-of-para-rose-by-22-in-a-year/.

18. Instituto Centro de Vida (2024), Boletín SIMEX Mato Grosso — de agosto de 2022 a julio de 2023: 219 032 ha de explotación maderera mapeadas. Resumen en CenárioMT: https://cenariomt.com.br/mato-grosso/quem-lucra-com-a-madeira-ilegal-em-mato-grosso-cadeias-ocultas-e-falhas-na-fiscalizacao/

19. https://sniffs.serfor.gob.pe/monitoreo/dgioffs/tala.html

20. https://sheffield.ac.uk/news/new-technology-helping-fight-against-illegal-logging-perus-valuable-rainforest

21. MAAP n.º 125 (2020), Detecting Illegal Logging with Very High Resolution Satellites: https://www.maapprogram.org/high-res-satellites/ ; MAAP n.º 139 (2021), Using Satellites to Detect Illegal Logging in the Peruvian Amazon: https://www.maapprogram.org/peru_logging/ .

22. UICN NL (2022), Drivers of deforestation in the Colombian Amazon: Illegal logging, summarizing IDEAM estimates. Disponible en https://www.iucn.nl/en/publication/drivers-of-deforestation-in-the-colombian-amazon-illegal-logging/ .

23. https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2026/04/ENG_Timber-Report-Markets-and-Forest.pdf

24. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y WWF-Colombia, citado en WWF (2023), Illegal logging in the Amazon Basin: What could countries do to fight it? https://www.wwf.org.co/en/?380470%2FIllegal-logging-in-the-Amazon-Basin-What-could-countries-do-to-fight-it=.

25. Agencia de Investigación Ambiental (2025), «Decking the Forest: How Colombia’s unlawful timber enters US and EU supply chains.». Disponible en https://eia.org/wp-content/uploads/2025/05/EIA-DECKING-THE-FOREST-5.8.pdf.

26. InsightCrime (2019), « Bolivia Forestry Officials Profit from Harvest of Illegal Wood, summarizing ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) reporting. Disponible en https://insightcrime.org/news/brief/bolivia-forestry-officials-profit-harvest-illegal-wood/.

27. InsightCrime (2019), « Bolivia Forestry Officials Profit from Harvest of Illegal Wood », https://insightcrime.org/news/brief/bolivia-forestry-officials-profit-harvest-illegal-wood/ ; Amazon Underworld (2024), «), Forest On the Run: Timber Trafficking Devouring Bolivian Forests », https://amazonunderworld.org/selva-en-fuga-el-trafico-de-madera-que-devora-los-bosques-bolivianos/.

28. Funcionarios del Ministerio del Ambiente de Ecuador, según informa InsightCrime (2015), « Ecuador Deforestation Spurred by Illegal Logging », https://insightcrime.org/news/brief/ecuador-deforestation-spurred-by-illegal-logging/; véase también Eurasia Review (2018), « Illegal Logging: An Organized Crime That Is Destroying Latin American Forests », https://www.eurasiareview.com/21052018-illegal-logging-an-organized-crime-that-is-destroying-latin-american-forests/.

29. Gobierno de Surinam — Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Véase REDD+ Surinam: https://sbb.sr/sfiss-info/

30. Comisión Forestal de Guyana, sistema de etiquetado de troncos y trazabilidad de la madera. Resumen en Forest Policy / Herramienta de evaluación de riesgos de Preferred by Nature para Guyana: https://forestpolicy.org/risk-tool/country/guyana.

31. Siqueira-Gay, J. et al. (2024), « Uncontrolled Illegal Mining and Garimpo in the Brazilian Amazon », Nature Communications 15: https://www.nature.com/articles/s41467-024-54220-2.

32. Siqueira-Gay, J. et al. (2024), « Uncontrolled Illegal Mining and Garimpo in the Brazilian Amazon », Nature Communications 15: https://www.nature.com/articles/s41467-024-54220-2.

33. Amazon Mining Watch Panorama INFORME TRIMESTRAL / Octubre – diciembre de 2025. https://www.amazonconservation.org/wp-content/uploads/2026/03/Amazon-Mining-Watch-Panorama-Issue-1.pdf

34. ibíd.

35. SOS Orinoco, informes sobre el Parque Nacional Canaima: https://sosorinoco.org/en/reports/2025-world-heritage-watch-canaima-report/. Véase también Americas Quarterly (2022), « The Destruction of Venezuela’s Amazon Is Going Virtually Unnotice »: https://americasquarterly.org/article/the-destruction-of-venezuelas-amazon-is-going-virtually-unnoticed/.

36. Global Forest Watch (2021), « Arco Minero Destroys Venezuelan Forests »: https://www.globalforestwatch.org/blog/users-in-action/arco-minero-venezuela-gold-mining/.

37. https://amazonminingwatchpanorama.org/

38. www.amazonminingwatch.org. Se prevé extender esta capa al resto de los países amazónicos para 2026

39. WWF-Brasil / Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (2023), Amazon has more than 4,000 illegal mining sites — estudio de OTCA-WWF. Disponible en https://www.wwf.org.br/?86681%2FAmazon-has-more-than-4000-illegal-mining-sites-shows-ACTO-study-with-WWF-Brazil=.

40. Mongabay (febrero de 2025). Mining dredges return to Amazon River’s main tributary, months after crackdown.. https://news.mongabay.com/2025/02/mining-dredges-return-to-amazon-rivers-main-tributary-months-after-crackdown/

41. Fundación EcoCiencia (Ecuador), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS, Colombia), Conservación Amazónica – ACEAA (Bolivia), Conservación Amazónica – ACCA (Perú), Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Amazon Conservation Team (ACT, Surinam y Guyana), el Instituto Centro de Vida (ICV, Brasil) y el Instituto Socioambiental (ISA, Brasil)

42. Alessi, M.A. et al. (2023). Artisanal Mining River Dredge Detection Using SAR: A Method Comparison. Remote Sensing 15(24), 5701. https://www.mdpi.com/2072-4292/15/24/5701

43. Amazon Conservation Association (2024). Amazon Mining Watch: AI-Powered Platform Detects Gold Mining Deforestation in All Amazonian Countries for the First Time. https://www.amazonconservation.org/amazon-mining-watch-launch-press-release/

44. Planet (2026). Pelican — Constelación de tareas de próxima generación (resolución de 0,3 m, detección de objetos mediante IA a bordo). https://www.planet.com/constellations/pelican/

45. Planet (2024). Tanager — Constelación de imágenes hiperespectrales (400–2,500 nm). https://www.planet.com/constellations/tanager/

46. Vásquez et al. (2024). Mercury Dynamics and Bioaccumulation Risk Assessment in Three Gold Mining-Impacted Amazon River Basins. Toxics 12(8), 599. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11359172/

47. Lopes et al. (2019). Heightened levels and seasonal inversion of riverine suspended sediment in a tropical biodiversity hotspot due to artisanal gold mining. PNAS 116(43). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1907842116

48. WWF (2018), Healthy Rivers Healthy People: Addressing the mercury crisis in the Amazon: https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2018-11/WWF%20-%20Healthy%20Rivers%20Healthy%20People.pdf; IPEN (2023), Massive Amounts of Mercury for Gold Mining are Smuggled from Mexico: https://ipen.org/news/massive-amounts-mercury-gold-mining-are-smuggled-mexico-polluting-amazon-and-threatening.

49. Costa et al. (2025). Mercury Scenario in Fish from the Amazon Basin: Exploring the Interplay of Social Groups and Environmental Diversity. Toxics 13(7), 580. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12298900/

50. Vásquez et al. (2024). Mercury Dynamics and Bioaccumulation Risk Assessment in Three Gold Mining-Impacted Amazon River Basins. Toxics 12(8), 599. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11359172/

51. Vásquez et al. (2024). Mercury Dynamics and Bioaccumulation Risk Assessment in Three Gold Mining-Impacted Amazon River Basins.Toxics 12(8), 599. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11359172/

52. Azevedo, B.M.S. et al. (2023). Risk Assessment of Mercury-Contaminated Fish Consumption in the Brazilian Amazon: An Ecological Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10535031/

53. Dórea, J.G. et al. (2024). Trends in Mercury Contamination Distribution among Human and Animal Populations in the Amazon Region.Toxics 12(3), 204. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974390/

54. OTCA / Proyecto de la Cuenca Amazónica. Overview of Mercury Pollution in the Amazon Region. https://aguasamazonicas.otca.org/environmental-and-water-resources-monitoring/regional-overview-of-mercury-contamination/

55. OTCA / Proyecto de la Cuenca Amazónica. Overview of Mercury Pollution in the Amazon Region. https://aguasamazonicas.otca.org/environmental-and-water-resources-monitoring/regional-overview-of-mercury-contamination/

56. OPS/OMS (octubre de 2024). PAHO and OTCA sign agreement to promote health and sustainable development in the Amazon region. https://www.paho.org/en/news/3-10-2024-paho-and-otca-sign-agreement-promote-health-and-sustainable-development-amazon

57. Banco Mundial (octubre de 2023). Regional Collaboration to Address the Impacts of Mercury Pollution in the Amazon (ARAIMO). https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/10/27/colaboraci-n-regional-para-abordar-los-impactos-de-la-contaminaci-n-por-mercurio-en-la-amazon-a

58. PNUMA / Secretaría del Convenio de Minamata. National Action Plans — Artisanal and Small-Scale Gold Mining. https://www.unep.org/globalmercurypartnership/what-we-do/artisanal-and-small-scale-gold-mining/national-action-plans

59. https://experience.arcgis.com/experience/90af50053d514c6eb5c7d07d5e2bc616 https://storymaps.arcgis.com/stories/c14f2a58f2c4422aaf3388243040f288

60. Grotto et al. (2025). Mercury Contamination and Co-exposures in the Amazon Basin: At the Center of the Planetary Environmental Crisis. Annals of Global Health 91(1). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12315690/

61. OTCA / Proyecto de la cuenca del Amazonas. Overview of Mercury Pollution in the Amazon Region. https://aguasamazonicas.otca.org/environmental-and-water-resources-monitoring/regional-overview-of-mercury-contamination/

62. Banco Mundial (octubre de 2023). Regional Collaboration to Address the Impacts of Mercury Pollution in the Amazon (AARIMO). https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/10/27/colaboraci-n-regional-para-abordar-los-impactos-de-la-contaminaci-n-por-mercurio-en-la-amazon-a

63. Véase la resolución ministerial RES/XIV MRE-OTCA de la OTCA, que menciona «la necesidad de fortalecer y ampliar la cooperación policial y de inteligencia para la prevención, represión e investigación de actividades ilegales, incluidos los delitos ambientales y las violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos socioambientales que afectan a la región amazónica»;

64. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente saludable y sostenible para las generaciones actuales y futuras.