Antecedentes y contexto #

Los delitos contra la naturaleza – incluyendo tala, pesca, minería, conversión de bosques y comercio ilegal de vida silvestre (WRI, 2025) – representan una amenaza profunda y multidimensional para la conservación. Sus impactos se extienden más allá de los ecosistemas, afectando a comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. En la Amazonía brasileña, la deforestación ha aumentado drásticamente desde 2012, impulsada por actividades ilegales como la tala, la minería de oro, el acaparamiento de tierras y, especialmente, la ganadería. El sector ganadero, estrechamente vinculado a la industria cárnica, desempeña un papel central en esta dinámica. Según Imazon (2023), el 91 % de la deforestación en la Amazonía brasileña entre 2008 y 2021 ocurrió dentro de las zonas potenciales de compra de ganado de los mataderos activos, lo que evidencia un fuerte vínculo espacial y funcional entre la deforestación y la cadena de suministro de carne. Aunque el estudio no atribuye la causalidad exclusivamente a la ganadería, si demuestra que la expansión de pastizales suele ser el primer paso hacia una especulación territorial y la apropiación de tierras públicas no asignadas (Alvarenga, 2018; Silva et al., 2021).

La literatura sobre delitos contra la naturaleza en la Amazonía brasileña converge en un marco analítico claro: las fallas de gobernanza están en el centro de la dinámica de la deforestación. La limitada capacidad de aplicación de la ley, la inseguridad en la tenencia de la tierra, la débil coordinación institucional y las brechas de información crean condiciones que permiten la expansión de actividades ilegales —especialmente la ganadería—en la frontera forestal. Estas actividades impulsan los patrones observados de deforestación y degradación, mientras que otra línea de investigación cuantifica sus consecuencias económicas, valorando la pérdida forestal y estimando los costos fiscales y sociales asociados a la falta de aplicación de la ley.

Aunque este estudio se centra en Brasil, su alcance es regional. Brasil alberga la mayor parte del bioma amazónico y concentra gran parte de la presión de deforestación, lo que significa que sus fallas de gobernanza y respuestas políticas tienen efectos indirectos directos sobre la dinámica transfronteriza de los delitos contra la naturaleza en toda la cuenca amazónica.

Un hallazgo clave en el estudio de Cunha et al. (2016) es el fuerte vínculo entre el sector ganadero y la conversión forestal. En Brasil, la deforestación está impulsada abrumadoramente por la expansión agrícola, que representa en promedio el 97 % de la pérdida forestal total, mientras que la minería ilegal representa el 0,4 % y otras causas el 1,8 % (Mapbiomas Alerta, 2024). La expansión de pastizales facilita la especulación con tierras públicas no designadas y abre espacio para actividades ilegales más amplias. Este vínculo refleja fallas de gobernanza en múltiples escalas —desde disputas locales por la tenencia hasta brechas en la implementación de políticas nacionales— que alimentan las presiones de deforestación. Estudios empíricos como el de Cunha et al. (2016) muestran que mejoras en la aplicación de la ley y la expansión de áreas protegidas pueden alterar estos patrones, destacando la importancia del diseño e implementación de políticas.

La deforestación ilegal implica una disyuntiva económica fundamental entre los beneficios privados que genera el delito y el valor social de mantener los bosques en pie. Para los infractores, actividades como la tala ilegal, la ganadería y la especulación territorial generan ganancias rápidas y líquidas, con sanciones esperadas relativamente bajas. Desde una perspectiva social, sin embargo, la deforestación conlleva un costo de oportunidad sustancial: la pérdida de servicios ecosistémicos como regulación climática, almacenamiento de carbono, ciclo del agua, biodiversidad y otros beneficios no comerciales que sustentan el bienestar económico a largo plazo. Aunque estos beneficios tienen valor monetario claro, rara vez se incorporan en la toma de decisiones privadas. Como resultado, la conversión forestal ilegal genera ganancias privadas para unos pocos actores, pero produce grandes pérdidas económicas netas para la sociedad.

A nivel mundial, los delitos contra la naturaleza generan entre 110 y 281 mil millones de dólares (FACT Coalition, 2024), lo que subraya la magnitud de la extracción ilegal y los costos de oportunidad asociados a la pérdida de bosques. Los altos precios de las materias primas —como el oro y los productos ganaderos— continúan incentivando actividades ilegales en la cuenca amazónica, mientras que las deficiencias de gobernanza en Brasil amplifican los costos internos y limitan las respuestas políticas.

Una evaluación integral de los costos de la deforestación amazónica debe integrar múltiples canales de valoración. La valoración de los servicios ecosistémicos —especialmente el almacenamiento de carbono— aporta una dimensión crucial. Los beneficios de los bosques en pie para la regulación climática implican valores monetarios sustanciales a nivel global y regional, que deben incorporarse a cualquier estimación integral de costos. Los daños directos incluyen las rentas de la extracción ilegal y las rentas no percibidas por la conversión de tierras a pastizales u otros usos. Los daños indirectos abarcan pérdidas en servicios ecosistémicos como regulación hídrica, biodiversidad, estabilidad del suelo y polinización, junto con los daños climáticos derivados de emisiones y pérdida de almacenamiento de carbono. La valoración monetaria no solo comunica los costos sociales, sino también fortalece la aplicación de la ley, las multas y las reparaciones, reforzando los objetivos de justicia ambiental.

Andersen (1997) llevó a cabo uno de los primeros análisis exhaustivos de costo-beneficio de la deforestación en la Amazonía brasileña. El estudio comparó el valor económico total de los bosques en pie con el valor actual neto (VAN) de los usos agrícolas alternativos. Con una tasa de descuento social del 2 %, el valor económico de una selva tropical intacta se estimó en 18.000 dólares de EE. UU. por hectárea en 1990, equivalente a aproximadamente a 41.000 dólares de EE. UU./ha en 2024. Este valor incluía beneficios locales y globales, tales como productos madereros y no madereros sostenibles, regulación hídrica y de incendios, protección de cuencas, almacenamiento de carbono, biodiversidad, recreación y valores de existencia. Por el contrario, la secuencia óptima de uso agrícola de la tierra (tala, seguida de cultivo itinerante y posteriormente cultivos perennes) arrojó un VAN de 24.000 dólares de EE. UU. por hectárea (≈ 55.000 dólares de EE. UU. por hectárea en 2024), cifra que aumentaba a 120.000 dólares EE. UU./ha (≈ 275.000 dólares EE. UU./ha en 2024) cuando se consideraban los efectos de expansión urbana. Andersen concluyó que, aunque los beneficios privados de la deforestación superaban entonces sus costos sociales con una pérdida forestal de alrededor del 10 %, los costos globales aumentaban de manera no lineal con la tala adicional. Por ello, el estudio argumentó que serían necesarias transferencias internacionales superiores a 9.000 dólares EE. UU./ha (≈ 20.000 dólares EE. UU./ha en 2024) para mantener el bosque en su nivel óptimo a escala mundial.

Además, la deforestación en Brasil no es solo un problema interno. Gran parte de la actividad ilegal ocurre en zonas transfronterizas y contribuye a una dinámica regional más amplia de delitos contra la naturaleza. Sin embargo, la cooperación entre los países amazónicos sigue siendo limitada y existe una marcada falta de datos agregados sobre los impactos transfronterizos (UNODC, 2023; Crisis Group, 2023).

Los impactos de la deforestación van mucho más allá de la pérdida de vegetación. Incluyen consecuencias graves para la disponibilidad y la calidad del agua, la biodiversidad regional y el clima global. Estos daños reducen el bienestar local y global, lo que hace que la valoración monetaria de dichas pérdidas sea esencial. La valoración económica no solo ayuda a comunicar los costos sociales de los delitos ambientales, sino que también respalda el diseño de mecanismos de aplicación de la ley, multas y reparaciones, fortaleciendo la rendición de cuentas y la justicia ambiental (Hanusch, 2023). Por lo tanto, el desarrollo de metodologías sólidas para estimar estos impactos es fundamental para reforzar la responsabilidad legal y garantizar justicia ambiental.

Objetivos del estudio #

El objetivo de este estudio es evaluar la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña y estimar, en términos monetarios, las pérdidas asociadas en servicios ecosistémicos y beneficios socioambientales, utilizando datos de uso del suelo de alta resolución. Al cuantificar estos impactos, el estudio busca proporcionar una base empírica que oriente el diseño de políticas públicas, las estrategias de aplicación de la ley y los procesos de toma de decisiones relacionados con los delitos contra la naturaleza.

En este contexto, el Conservation Strategy Fund (CSF – Brasil), en asociación con Amazon Conservation (ACA) y con financiamiento del Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL), liderado por el Banco Mundial y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), pretende contribuir a los objetivos estratégicos del Banco Mundial. Esto incluye trabajar de manera coordinada con los gobiernos, la OTCA, los socios regionales, las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, con las comunidades locales, para apoyar la sensibilización, el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento, con el fin de prevenir y mitigar los impactos de los delitos contra la naturaleza.

Metodología para estimar el impacto socioambiental de la deforestación ilegal en Brasil #

Amazonía brasileña – Área de enfoque #

La selva amazónica es uno de los biomas con mayor biodiversidad del planeta. Se extiende a lo largo de nueve países de América Latina; algunas zonas albergan más del 20 % de todas las especies terrestres conocidas y almacenan aproximadamente 100 mil millones de toneladas de carbono. Además, desempeña un papel fundamental en la regulación del clima continental debido a su influencia en el reciclaje y la distribución de la humedad (Yao et al., 2024). La Amazonía también es esencial para el secuestro y la estabilidad del carbono a nivel global, lo que la convierte en un bioma estratégico en la lucha contra el cambio climático (Boulton et al., 2022).

A pesar de las recientes tendencias a la baja, las tasas de deforestación en la Amazonía continúan alcanzando niveles alarmantes cada año. Solo en 2023, se perdieron más de 2,9 millones de hectáreas¹ de bosque y otras formaciones de vegetación nativa en la Amazonía brasileña (Mapbiomas, 2024). Como se muestra en la Figura 1, los municipios de los estados de Maranhão y Pará registraron las tasas más altas de deforestación, especialmente el municipio de Altamira, que registró una pérdida de 20.000 hectáreas de bosque. Esta concentración espacial evidencia que municipios como Altamira y sus alrededores constituyen puntos críticos, donde los esfuerzos focalizados de fiscalización y restauración podrían generar impactos significativamente mayores.



Figura 1: Mapa de deforestación para 2023, por municipio en la Amazonía brasileña. Datos de Mapbiomas (2024)

La Amazonía brasileña se encuentra bajo una presión intensa y multifacética derivada de los delitos ambientales y los cambios insostenibles en el uso de la tierra, entre ellos la minería ilegal, el cultivo de soya, la expansión de la ganadería y la especulación inmobiliaria. Estas actividades, combinadas con factores de degradación como los incendios forestales, aceleran la pérdida de vegetación nativa y la fragmentación de los ecosistemas.

A partir de datos de uso del suelo de alta resolución de la plataforma MapBiomas, es posible cuantificar el alcance y la naturaleza de estas transformaciones, identificando los usos específicos del suelo que reemplazan a las áreas boscosas. Para este análisis, utilizamos datos de la Colección 9 de MapBiomas (MapBiomas, 2024), que proporciona información sobre la cobertura forestal y sus transiciones hacia otros usos del suelo, como agricultura y pastizales² . El conjunto de datos incluye transiciones entre 2022 y 2023 y fue la única fuente de datos disponible al momento de realizar este estudio. Dado que el informe considera dos escenarios de cambio en el uso del suelo —la conversión de bosques a pastizales y a agricultura—, los datos de transición son esenciales para el análisis de valoración. Su aplicación se detalla en las secciones siguientes.

Solo en 2023, los datos de MapBiomas muestran que aproximadamente 18,7 mil hectáreas de bosque y otras formaciones de vegetación nativa se convirtieron en pastizales, mientras que alrededor de 2,7 millones de hectáreas se transformaron en tierras de cultivo. Estas cifras resaltan el papel desproporcionado de la ganadería como impulsora de la deforestación en comparación con otros usos agrícolas, subrayando el desafío estructural de alinear las prácticas de uso de la tierra con los objetivos de conservación. Dado que este estudio se centra exclusivamente en la deforestación ilegal, adoptamos la estimación del Instituto Centro da Vida (ICV, 2024) que indica que el 90,8 % de la deforestación en la Amazonía brasileña es ilegal. Para estimar la deforestación ilegal, aplicamos esta proporción a las transiciones de uso del suelo registradas por MapBiomas en 2023, multiplicando las áreas totales convertidas a agricultura y pastizales por dicho porcentaje. Con base en este ajuste, el presente análisis evalúa los impactos de la conversión ilegal de aproximadamente 17 mil hectáreas en tierras de cultivo y 2,4 millones de hectáreas en pastizales.

Tabla 1: Transiciones en el uso de la tierra entre 2022 y 2023 en la Amazonía brasileña. Fuente: MapBiomas, colección 9 (2024)

Estado	Superficie forestal convertida en pastizales (en hectáreas)	Superficie forestal convertida en tierras de cultivo (en hectáreas)
Acre	58 271	0
Amazonas	190 184	384
Amapá	18 087	442
Maranhão	442 468	592
Mato Grosso	665 555	13 329
Pará	818 042	2 136
Rondônia	213 825	338
Roraima	65 877	1 022
Tocantins	260 040	475
TOTAL	2 732 349	18 718

Métodos para estimar el impacto socioambiental de la deforestación #

Antes de presentar la estimación del impacto socioambiental de la deforestación ilegal, es necesario explicar las bases conceptuales para la definición de valor. El valor es una medida de bienestar que puede representarse mediante «intercambios» socialmente definidos, según la importancia relativa que distintos agentes económicos asignan a los recursos. En el contexto de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña, estos agentes incluyen a quienes obtienen beneficios privados de la conversión forestal – taladores ilegales, acaparadores de tierras y ganaderos – como a quienes soportan los costos: comunidades locales e indígenas, gobiernos y la sociedad en general. Aunque algunos actores obtienen ganancias privadas a corto plazo, el impacto agregado constituye una pérdida neta significativa de valor para la sociedad. Por ello, este estudio adopta una perspectiva de bienestar social, cuantificando el daño económico general causado por la deforestación ilegal, en lugar de las ganancias privadas de los infractores.

En otras palabras, el valor es relativo: depende no solo de las características del recurso, sino también del contexto en el que se inserta, de su escasez relativa (oferta) y de la presión por su uso (demanda). El valor se define socialmente y refleja cómo los cambios en las condiciones de los recursos afectan el bienestar de las personas. La evaluación de lo que se pierde o se gana con un cambio —como la deforestación— requiere un punto de referencia o línea de base, que representa la situación actual y permite medir variaciones en las preferencias individuales.

La medición monetaria de la pérdida de bienestar busca informar a la sociedad y, principalmente, a los responsables de la toma de decisiones, sobre los efectos de los cambios en los atributos ambientales. Desde esta perspectiva, el análisis adopta un enfoque predominantemente nacional para los servicios ecosistémicos cuyos beneficios se concentran principalmente dentro de Brasil. Este tipo de instrumento puede utilizarse para diversos fines: definir compensaciones ecológicas, evaluar y priorizar inversiones o calibrar incentivos económicos como los programas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, dado que este informe se centra en la deforestación ilegal, se parte de la premisa de que los incentivos económicos no son pertinentes; en su lugar, debe exigirse compensación por el valor perdido, junto con la aplicación de sanciones disuasorias ( multas u otras medidas).

En este sentido, la valoración económica compara y sopesa lo que puede ganarse o perderse en los siguientes escenarios:

a) Mantenimiento del bosque en pie, preservando el valor económico derivado de los de servicios ambientales;

b) Deforestación con conversión a pastizales, con pérdida de servicios ambientales.

c) Deforestación con conversión a agricultura, también con pérdida de servicios ambientales.

La medición de las categorías de impacto utiliza diferentes métodos de valoración, agrupados en tres enfoques:

• Costo de oportunidad de la tierra o beneficios perdidos (valores directos): representan los beneficios que la sociedad amazónica y global deja de recibir debido a la deforestación. El costo de oportunidad se calcula con base en el rendimiento económico esperado de las alternativas de uso de la tierra. Incluye recursos madereros y no madereros del bosque, así como valores de bienestar no comercializados, como servicios culturales y recreativos.

• Costo de reemplazo o recuperación del área: corresponde al costo de las técnicas necesarias para restaurar el medio ambiente degradado y recuperar el bienestar humano asociado.

• Pérdida de servicios ecosistémicos (valores indirectos): la deforestación reduce el bienestar al eliminar servicios como el secuestro de carbono, la regulación hídrica y el control de la erosión.

Cada enfoque permite valorar la pérdida de bienestar desde una perspectiva distinta. La Tabla 2 resume los impactos considerados en esta metodología.

Tabla 2: Enfoques para valorar el impacto de la deforestación y las respectivas actividades medidas

Enfoque de valoración económica	Impacto específico
Costo de oportunidad (enfoque de valor directo)	Productos madereros y no madereros3
Pérdida de servicios ecosistémicos (enfoque de valor indirecto)	Eliminación de carbono4
	Bioprospección5
	Control de la erosión6
Costo de reposición	Recuperación forestal7

Fuente: Elaboración propia

Es fundamental tener en cuenta que los enfoques utilizados en esta valoración son complementarios y deben analizarse de manera conjunta. En otras palabras, se supone que podría producirse una recuperación hipotética en el año posterior a la deforestación. Sin embargo, incluso cuando la recuperación ocurre, los servicios ambientales tardan restablecerse plenamente.

Por ello, los diferentes costos por hectárea asociados a cada categoría de impacto – obtenidos mediante una revisión bibliográfica – se multiplican por el área afectada por la deforestación. La relación general puede expresarse como:

(3)

Donde:

C = costo social de la deforestación (en USD)

H = área ilegal afectada (en hectáreas)

A = costo por hectárea asociado al costo de oportunidad de la tierra (en USD/ha)

B = costo por hectárea de la recuperación forestal (en USD/ha)

E = costo por hectárea de la pérdida de servicios ecosistémicos (en USD/ha)

La fórmula se basa en parámetros reportados en la literatura, directamente vinculados a la información de entrada: el tamaño del área deforestada (en hectáreas).

En las subsecciones siguientes se detallan los métodos específicos utilizados para calcular cada componente de la valoración.

Enfoque del costo de oportunidad (valor directo) para medir el impacto de la deforestación #

Los valores directos están relacionados con el concepto de costo de oportunidad de la tierra, definido como la ganancia económica derivada de usos alternativos de la tierra. Por ejemplo, el costo de oportunidad de conservar un área puede equivaler al ingreso neto que se obtendría mediante la ganadería en pastizales (Imazon, 2017). Es un escenario convencional (business as usual) que mantiene la tendencia de deforestación, el costo de oportunidad se relaciona con los ingresos netos que podrían generarse mediante productos forestales madereros y no madereros obtenidos de manera sostenible.

El costo de oportunidad se estima utilizando el Valor Presente Neto (VPN) esperado, que representa el rendimiento económico promedio de la tierra a lo largo del tiempo. El VPN permite comparar los retornos de productos madereros y no madereros con los de otros usos del suelo que presentan ciclos de producción distintos. De este modo, se evalúan alternativas económicas para actividades que dejarían de ser viables en áreas recién deforestadas en la Amazonía brasileña.

La reducción de los productos forestales madereros y no madereros se valoró según su valor de uso, derivado del suministro directo de madera y de productos como las nueces de Brasil y el caucho. En un escenario de deforestación, este potencial de uso se pierde. La estimación se basa en la disponibilidad de madera por hectárea, según UFMG (2017a) y Strand et al. (2018). Este volumen de madera (m³/ha) podría extraerse de manera responsable a un precio de mercado de 160 R$/m³, conforme a las concesiones forestales descritas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA, 2022).

También se consideran los costos operativos, que incluyen supervisión, inspección, monitoreo, plantación, aclareo y costos administrativos, los cuales suman alrededor de R$11,39/m³ (Imazon, 2015; valores actualizados a 2023). Con base en estos parámetros, se calculó el ingreso potencial que podría generarse si el bosque se conserva para una concesión maderera.

Las estimaciones para los productos madereros y no madereros representan el valor de uso social de la extracción sostenible y legal. En la práctica, estos valores no siempre son capturados por los propietarios de tierras, debido a que los incentivos privados favorecen la conversión forestal: las cadenas de suministro ganaderas tienen menores costos de transacción y mayor liquidez; la débil aplicación de la ley reduce las sanciones esperadas; la infraestructura y el crédito suelen favorecer la ganadería; y los propietarios de tierras aplican tasas de descuento privadas más altas a los ingresos forestales, que tiene horizontes más largos. Para evitar sobreestimaciones, se dedujeron los costos de extracción y de cumplimiento, se limitaron los volúmenes a rendimientos sostenibles y se realizaron escenarios exhaustivos de sensibilidad y de «fricciones de mercado» (incluyendo casos de baja adopción), reflejando la viabilidad limitada en algunas partes de la región.

La proyección de los beneficios perdidos por los productos no madereros se basa en UFMG (2017b) y Strand et al. (2018), que consideran las nueces de Brasil y el caucho. Según UFMG (2017b), el valor de los ingresos por las nueces de Brasil es de R$64/ha/año ( actualizado a 2023).

La producción promedio de caucho es de 4,42 kg/ha/año, a un precio medio de R$9,20/kg (Strand et al., 2018; UFMG, 2017b), lo que genera un ingreso aproximado de R$6/ha/año. Para valorar estos productos, el área afectada se multiplica por estos valores actualizados.

Es importante señalar que estas estimaciones de costos de oportunidad se aplican de manera uniforme en toda el área de estudio y no diferencian categorías de uso del suelo ni estatus de protección (por ejemplo, áreas protegidas donde la extracción está restringida), lo que refleja la resolución municipal de los datos disponibles.

Enfoque de los valores indirectos (servicios ecosistémicos) para medir el impacto de la deforestación #

La deforestación afecta el bienestar social al reducir la provisión de servicios ambientales críticos. Este enfoque se distingue del costo de oportunidad de la tierra porque incorpora valores que no se contabilizan como rendimientos económicos directos, como el secuestro de carbono y la biodiversidad.

El carbono se valoró como un servicio ecosistémico de regulación climática, y no como un beneficio potencial derivado de los créditos de carbono bajo mecanismos como REDD+. Para reflejar el valor social del carbono⁸ , aplicamos una estimación basada en un enfoque de precaución del Costo Social del Carbono (CSC), fijado en 56 dólares estadounidenses por tonelada de CO₂ (IWG, 2021) junto con un escenario conservador de 15,00 dólares de EE. UU. por tonelada de CO₂ (Banco Mundial, 2022a) durante un período de 30 años. Estas estimaciones se aplican a los diferentes niveles de stock de carbono (toneladas de CO₂ por hectárea) en la Amazonía brasileña según el municipio (Heinrich et al., 2021). Este enfoque no supone que todas las áreas forestales sean elegibles para proyectos de REDD+, sino que refleja el valor social de las emisiones evitadas. Es importante considerar que una hectárea convertida en pastizal aún puede secuestrar 16,2 tCO₂ (Portela y Rademacher, 2001). Este secuestro residual se deduce al calcular la pérdida neta de carbono derivada de la conversión de la vegetación nativa en pastizales. Aunque estos valores se basan en precios de mercado, aquí se utilizan exclusivamente para estimar beneficios sociales, no retornos financieros.

El control de la erosión se clasifica como un valor de uso indirecto y desempeña un papel fundamental en la protección y conservación del suelo. Este servicio ecosistémico mitigar externalidades negativas como la sedimentación de los ríos, los deslizamientos de tierra y la pérdida de fertilidad del suelo. Aunque sus beneficios no se consumen directamente, el control de la erosión sustenta sectores económicos clave al reducir los daños a la productividad agrícola, la generación de energía hidroeléctrica y la infraestructura hídrica. Para esta evaluación, se estimó el valor económico utilizando los valores unitarios reportados por Costanza et al. (1997), adaptados al contexto amazónico.

El valor de la biodiversidad se estimó mediante la función de valoración derivada del metaanálisis de Siikamäki (2015), que sintetiza evidencia empírica de 54 puntos independientes en diversos contextos geográficos y ecológicos. Esta función calcula el valor económico anual por hectárea de la conservación de la biodiversidad, basándose en variables económicas clave: densidad de población —que refleja la demanda por servicios ecosistémicos y la presión humana — y el PIB per cápita, que sirve como indicador de la capacidad de pago por los beneficios de la conservación (Banco Mundial, 2022b). Al integrar estos parámetros, el enfoque proporciona una estimación sólida y empíricamente fundamentada que vincula los resultados ecológicos con factores socioeconómicos, permitiendo una valoración de la biodiversidad específica para el contexto de la Amazonía brasileña.

Enfoque del costo de reposición para la recuperación de la cobertura forestal #

El método del costo de reposición se utiliza para estimar el costo de recuperar la cobertura forestal perdida. Este enfoque cuantifica el valor de los insumos, las actividades y las intervenciones necesarias para restablecer las funciones ecológicas del bosque. A partir de una revisión bibliográfica, se recopilaron los costos de restauración por hectárea para cada técnica de recuperación forestal, los cuales se presentan en la Tabla 3. Estos costos pueden variar ampliamente según las condiciones biofísicas y ecológicas del sitio, entre ellas: el nivel de degradación del suelo, la presencia y abundancia de especies invasoras y la distancia a las fuentes de semillas o remanentes forestales.

Tabla 3: Costo de las técnicas de recuperación forestal en la Amazonía brasileña

Técnica de recuperación forestal	Valor (USD 2022 / hectárea)	Referencia
Plantación de plántulas	4 132	Ibama (2019)
	2 816	Imazon (2015)
	2 328	Brancalion (2019)
	4 765	TNC (2017)
	3 660	PROMEDIO
Regeneración natural	49	Brancalion (2019)
	899	Imazon (2015)
	49	TNC (2017)
	332	PROMEDIO
Regeneración natural asistida	475	Ibama (2019)
	344	Brancalion (2019)
	649	TNC (2017)
	489	Valor promedio

Los costos de restauración, presentados en la Tabla 3, pueden variar ampliamente, ya que dependen de un conjunto de condiciones biofísicas y ecológicas que determinan el esfuerzo necesario para devolver las tierras degradadas a una cobertura forestal funcional. Por ejemplo, las áreas con degradación severa del suelo o con baja disponibilidad de semillas requieren una preparación adicional del sitio, mejoras en la fertilidad o la introducción de material de siembra, lo que incrementa los costos en comparación con las áreas donde los suelos permanecen intactos y la regeneración natural es viable. De manera similar, la presencia de especies invasoras o la alta competencia de pastos y malezas puede exigir medidas de control costosas para permitir el establecimiento de la vegetación nativa. Asimismo, las mayores distancias a fuentes de semillas o a remanentes forestales reducen el flujo natural de propágulos y pueden requerir plantaciones complementarias (Siminski et al., 2021; Nature Conservancy Brasil, 2017). Estos factores específicos del contexto explican por qué los costos de restauración por hectárea pueden variar significativamente entre paisajes y métodos. Con base en la revisión bibliográfica, se seleccionó el promedio de los diferentes estudios para cada una de las tres técnicas de recuperación forestal. A partir de estos valores, se construyen varios escenarios de valoración multiplicando el área afectada por el costo de recuperación correspondiente a cada técnica.

Combinación de valores directos, indirectos y el costo de restauración para calcular el impacto de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña #

Para combinar los valores monetarios de los distintos componentes, es necesario aclarar su correspondencia con los enfoques de valoración. En este marco, los valores directos corresponden al costo de oportunidad, captando los beneficios económicos no obtenidos (por ejemplo, productos madereros y no madereros), mientras que los valores indirectos corresponden al enfoque de servicios ecosistémicos, reflejando la pérdida de servicios reguladores y de soporte (secuestración de carbono, regulación hídrica, biodiversidad). Estos se complementan con el enfoque del costo de reposición, que estima el costo de restaurar la cobertura forestal mediante técnicas de restauración. La combinación de estos componentes permite evaluar el impacto monetario total en el año analizado. Es importante destacar que no se produce un doble conteo al sumar los valores directos e indirectos (Fu et al., 2011).

El análisis se basa en el principio jurídico y económico de que la restauración debe realizarse en la región, dado que la deforestación es ilegal. Esto implica que los responsables deben asumir no solo el daño ambiental causado, sino también los costos completos de la restauración. Según metaanálisis globales (Rey Benayas et al., 2009; Meli et al., 2017), la recuperación forestal es un proceso gradual cuyo ritmo depende de la función ecosistémica considerada. En promedio, la abundancia y algunas funciones biogeoquímicas (estabilidad del suelo, ciclo de nutrientes) pueden recuperarse en una o dos décadas, mientras que la composición de la biodiversidad y las reservas de carbono suelen requerir 20 a 50 años para acercarse a los niveles de referencia.

Para esta evaluación económica, adoptamos un horizonte temporal de 30 años, una aproximación conservadora del período durante el cual la mayoría de los servicios ecosistémicos se recuperan de manera significativa bajo restauración activa o asistida (Rey Benayas et al., 2009; Meli et al., 2017). A medida que los bosques se regeneran, actividades económicas sostenibles – como la extracción de madera y productos forestales no madereros – pueden reanudarse, permitiendo una recuperación parcial de hasta el 80 % de los servicios ecosistémicos originalmente provistos.

Por lo tanto, es necesario considerar el flujo de beneficios a lo largo del tiempo. Para ello, se utiliza la fórmula del Valor Presente Neto (VPN), que permite llevar todos los flujos futuros al año inicial del análisis.

Impactos económicos de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña #

Como resultado metodológico de la evaluación del impacto económico de un delito contra la naturaleza – en este caso, la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña en 2023 – es posible estimar el costo socioambiental total asociado a esta actividad. Estas estimaciones se derivan de la combinación de tres enfoques de valoración complementarios descritos anteriormente: (i) costo de oportunidad (valores directos), que capta los beneficios no obtenidos por el uso sostenible de los bosques; (ii) servicios ecosistémicos (valores indirectos), que refleja las pérdidas de bienestar no comercializadas, como el almacenamiento de carbono, la biodiversidad y la regulación hídrica; y (iii) costo de reposición, que estima el costo de restaurar la cobertura forestal mediante técnicas de recuperación ecológica. Para cada hectárea de deforestación ilegal, estos componentes se estiman y se agregan en toda el área afectada, garantizando que los impactos directos, indirectos y los costos de restauración se contabilicen de manera conjunta sin doble conteo.

La restauración puede realizarse mediante diferentes técnicas, que varían en complejidad y costo.

En este estudio se consideran dos escenarios: uno que refleja los costos más elevados asociados con la implementación de técnicas de restauración más complejas (siembra directa) y otro que refleja los costos más bajos vinculados a enfoques más sencillos (regeneración natural).

A continuación, se presentan los costos totales estimados para ambos escenarios, considerando los dos principales contextos de conversión del uso del suelo: pastizales y tierras de cultivo. Como se señaló en la sección 3.1, los datos de MapBiomas para 2023 indican que aproximadamente 18,7 mil hectáreas de bosque y otras formaciones de vegetación nativa se convirtieron en pastizales, mientras que alrededor de 2,7 millones de hectáreas se transformaron en tierras de cultivo. Estas cifras refuerzan el papel desproporcionado de la ganadería como principal impulsora de la deforestación, lo que pone de relieve el desafío estructural de conciliar las dinámicas predominantes de uso del suelo con los objetivos de conservación.

Dado que este estudio se centra exclusivamente en la deforestación ilegal, se adopta la estimación del Instituto Centro da Vida (ICV, 2024), que indica que el 90,8 % de la deforestación en la Amazonía brasileña es ilegal. Esta proporción se aplica a los datos de transición del uso del suelo de MapBiomas como un factor de ajuste, lo que nos permite aislar la parte de la conversión atribuible a actividades ilegales.

Con base en este enfoque, el análisis evalúa los impactos de la conversión ilegal de aproximadamente 17 mil hectáreas en tierras de cultivo y 2,4 millones de hectáreas en pastizales.

Tabla 4: Escenarios y costos totales de los delitos contra la naturaleza en 2,4 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente

	Escenario con técnicas de restauración de menor costo (regeneración natural)	Escenario con técnicas de restauración más complejas (siembra directa)
	Impacto de la conversión a zonas agrícolas (16 mil hectáreas)	Impacto de la conversión a pastizales (2,4 millones de hectáreas)	Impacto de la conversión a zonas agrícolas (16 mil hectáreas)	Impacto de la conversión a pastizales (2,4 millones de hectáreas)
Costo total (CSC – Precio del costo social del carbono)	651 millones de dólares	25 mil millones de dólares	1,1 mil millones de dólares	110 mil millones de dólares
	25,6 mil millones de dólares para técnicas de menor costo en zonas agrícolas y de pastizales	111 mil millones de dólares para técnicas más complejas en zonas agrícolas y de pastoreo
Costo total (precio del carbono de REDD)	42 millones de dólares	2,7 mil millones de dólares	111 millones de dólares	7,7 mil millones de dólares
	2,7 mil millones de dólares para técnicas de menor costo en áreas agrícolas y de pastizales	7,8 mil millones de dólares para técnicas más complejas en zonas agrícolas y de pastoreo

Fuente: Elaboración propia



Figura 2: Costo total (USD) distribuido por municipio

Los resultados revelan un marcado contraste entre los impactos económicos asociados a los diferentes tipos de conversión del uso del suelo y a las estrategias de restauración. Aunque la conversión de bosques a tierras de cultivo genera costos de restauración sustanciales, la conversión a pastizales representa una carga financiera desproporcionadamente mayor. Esta discrepancia se explica principalmente por la enorme diferencia en la escala de las áreas convertidas —2,7 millones de hectáreas a pastizales frente a 17 mil hectáreas a cultivos agrícolas—, así como por posibles diferencias en el grado de degradación ecológica, que influyen directamente en los requisitos de restauración.

Desde un punto de vista metodológico, la comparación entre la regeneración natural y siembra directa pone de relieve la influencia decisiva que tiene la elección de la técnica de restauración en las estimaciones del costo total. La regeneración natural, un enfoque de menor costo, produce daños totales estimados de 42 millones y 651 millones de dólares para la conversión a uso agrícola, y de entre 2,7 mil millones y 25 mil millones de dólares para la conversión a pastizales. En contraste, la adopción de la siembra directa —una técnica más compleja e intensiva en insumos— eleva estos costos a entre 111 millones y 1,1 mil millones de dólares y entre 7,7 mil millones y 110 mil millones de dólares, respectivamente. Este aumento subraya las compensaciones entre la eficacia ecológica y viabilidad financiera que deben considerarse en la planificación de la restauración.

Desde una perspectiva de políticas y aplicación de la ley, estos hallazgos enfatizan la urgencia de prevenir la deforestación ilegal como la estrategia más rentable. Los recursos financieros necesarios para la restauración -especialmente en conversiones de pastizales a gran escala- son lo suficientemente sustanciales como para tensionar los presupuestos públicos como las posibles contribuciones del sector privado. Además, dado que la restauración ecológica se desarrolla a lo largo de décadas, es probable que estas estimaciones subestimen los costos socioambientales totales a largo plazo. En términos de recuperación ecológica, los costos monetarios presentados aquí solo reflejan parcialmente las pérdidas prolongadas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo que sugiere que el verdadero costo socioambiental de la deforestación ilegal es incluso mayor que el indicado por las estimaciones financieras.

Presentar los resultados por hectárea permite comprender mejor la carga económica relativa de la restauración en los distintos cambios de uso del suelo y estrategias de recuperación. Las cifras indican que la restauración de áreas convertidas a agricultura generalmente implica costos por hectárea más elevados que las convertidas a pastizales, independientemente de la técnica aplicada (Tabla 5). Por ejemplo, bajo regeneración natural, los costos de la conversión a uso agrícola se estiman en 2.476 dólares de EE. UU. por hectárea utilizando los precios del carbono de REDD, frente a 1.097 dólares de EE. UU. por hectárea para pastizales en el mismo escenario. En el caso de siembra directa, estos valores aumentan a 6.532 dólares de EE. UU. por hectárea y 3.125 dólares de EE. UU. por hectárea, respectivamente.

Tabla 5: Valores promedio de costos por hectárea

	Escenario con técnicas de restauración de menor costo (regeneración natural)	Escenario con técnicas de restauración más complejas (siembra directa)
	Impacto de la conversión a zonas agrícolas	Impacto de la conversión a pastizales	Impacto de la conversión a zonas agrícolas	Impacto de la conversión a pastizales
Costo por hectárea (Costo social del carbono)	38.335 dólares de EE. UU./ha	10.204 dólares de EE. UU. /ha	64.837 dólares de EE. UU. /ha	44.366 dólares de EE. UU. /ha
Costo por hectárea (precios de REDD)	2.476 dólares de EE. UU./ha	1.097 dólares de EE. UU./ha	6.532 dólares de EE. UU./ha	3.125 dólares de EE. UU./ha

Fuente: Elaboración propia



Figura 3: Costo por hectárea de la restauración de tierras deforestadas ilegalmente (USD) por municipio en la Amazonía brasileña

Este patrón refleja diferencias en la intensidad y el tipo de impactos asociados a los distintos usos del suelo. Las conversiones agrícolas -especialmente para monocultivo de gran escala – suelen implicar una alteración más profunda del suelo, el uso de insumos químicos y la eliminación completa de la vegetación, factores que dificultan la regeneración natural y aumentan la necesidad de intervenciones de restauración complejas (MARTÍNEZ-RAMOS et al., 2016). Por el contrario, los pastizales —incluso cuando están degradados— pueden conservar cierta capacidad de regeneración natural, lo que reduce la inversión requerida por hectárea, particularmente cuando se emplean métodos de restauración de menor costo (SILVA et al., 2023; MARTÍNEZ-RAMOS et al., 2016).

En términos generales, la agricultura de monocultivo a gran escala tiende a generar una mecanización intensiva y una degradación más severa del suelo, lo que exige mejoras sustanciales en la fertilidad y una preparación más exhaustiva del sitio para la restauración. En cambio, los sistemas de pastoreo presentan niveles más variables de degradación, dando lugar a una gama más amplia de costos de restauración según las condiciones específicas del sitio.

La comparación entre la regeneración natural y siembra directa resalta aún más las implicaciones financieras de la elección de la estrategia de restauración. La siembra directa duplica sistemáticamente los costos por hectárea, lo que refleja su carácter intensivo en recursos. Aunque puede ofrecer resultados ecológicos más rápidos o más confiables en áreas altamente degradadas, puede resultar financieramente prohibitiva si se aplica de manera indiscriminada. Esto refuerza la importancia de adaptar las técnicas de restauración a las condiciones específicas de cada sitio, equilibrando la rentabilidad con la eficacia ecológica.

En conjunto, las evaluaciones de costos -tanto totales como por hectárea- ponen de relieve la magnitud de la carga económica asociada a la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de una prevención proactiva, una aplicación rigurosa de las regulaciones ambientales y una asignación estratégica de los recursos de restauración. Al alinear las técnicas de restauración con la gravedad de la degradación y los contextos ecológicos locales, es posible optimizar los resultados y, al mismo tiempo, minimizar la carga financiera sobre los presupuestos públicos y los programas de conservación.

Conclusión #

Este estudio evaluó los costos socioambientales de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña mediante la combinación de tres enfoques de valoración complementarios: el costo de oportunidad (valores directos), las pérdidas de servicios ecosistémicos (valores indirectos) y los costos de restauración. Los resultados muestran que los daños totales son sustanciales, oscilando entre 2,7 mil millones y 25,6 mil millones de dólares en escenarios de restauración de menor costo, y entre 7,8 mil millones y 111 mil millones de dólares bajo supuestos de restauración más complejos.

Estas estimaciones se explican principalmente por la gran escala de la expansión de los pastizales, que representa la mayor parte de las áreas deforestadas y, por lo tanto, la mayor parte de los impactos asociados. Incluso cuando se analizan los resultados por hectárea, las cifras revelan pérdidas económicas significativas que reflejan tanto la merma de valores de mercado y no de mercado como los costos a largo plazo de la recuperación ecológica.

En general, los hallazgos indican que la deforestación ilegal genera pérdidas económicas netas sustanciales para la sociedad, ya que las ganancias privadas derivadas de la conversión de tierras se ven ampliamente superadas por los costos sociales más amplios asociados con la degradación de los ecosistemas y las obligaciones de restauración.

Consideraciones finales y perspectivas para la toma de decisiones #

La Amazonía brasileña enfrenta una presión creciente desde múltiples frentes, particularmente por parte de la ganadería, la tala ilegal, la minería de oro y el acaparamiento de tierras. Si las tendencias de emisiones y deforestación observadas en la última década continúan, la Amazonía brasileña podría perder otros 59 millones de hectáreas para 2050 -un área mayor que Francia- (Nobre et al., 2023), lo que provocará pérdidas irreversibles de biodiversidad, servicios ecosistémicos y costos económicos significativos. Este estudio estima que el impacto económico de la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña en 2023 se sitúa entre los 2,7 mil millones y los 25,6 mil millones de dólares estadounidenses, bajo el escenario con técnicas de restauración de menor costo. Estas estimaciones suponen que una parte de las áreas deforestadas puede recuperarse mediante la regeneración natural en condiciones ecológicas favorables y se evalúan en un horizonte temporal de 30 años. En los casos en que la regeneración natural no sea factible -debido a mayores niveles de degradación, como compactación del suelo o agotamiento de nutrientes – se requieren técnicas de restauración más complejas, períodos de recuperación más prolongados y mayores pérdidas de servicios ecosistémicos, tal como se refleja en los escenarios de límite superior.

El límite inferior de la estimación refleja escenarios con condiciones biofísicas favorables y menores costos de oportunidad, mientras que el límite superior abarca casos con mayores costos de restauración, períodos de recuperación más largos y valores implícitos más altos de los servicios ecosistémicos perdidos, particularmente el almacenamiento de carbono. En el escenario con técnicas de restauración más complejas, los valores estimados se sitúan entre 7,8 mil millones a 111 mil millones de dólares, dependiendo de si la conversión ocurrió en tierras agrícolas o pastizales. En comparación con la regeneración natural, los escenarios que se basan en técnicas más intensivas son particularmente sensibles a los supuestos relativos a los costos de implementación, la intensidad de mano de obra y los requisitos de mantenimiento. Por ello, el amplio rango estimado refleja variaciones plausibles en las trayectorias de restauración, más que incertidumbre sobre la existencia de impactos, destacando la importancia de las condiciones específicas de cada sitio y las decisiones de implementación. Los costos sociales de la pérdida de servicios ecosistémicos -incluyendo la regulación climática, protección del suelo y otros – son especialmente relevantes en los escenarios con técnicas de restauración más complejas). Para contextualizar estos valores estimados, la economía de la región norte de Brasil (que abarca gran parte de la Amazonía) ha tenido un PIB del orden de 970 mil millones de reales (≈ 176 mil millones de dólares) en los últimos años. Esto significa que el costo anual de la deforestación ilegal representa alrededor del 63 % de la producción económica regional, lo que demuestra que no se trata de un impacto marginal, sino de una carga económica significativa.

Estas cifras representan los daños económicos reales soportados por la sociedad, más que simples oportunidades perdidas, lo que subraya la urgencia de políticas que alineen el desarrollo económico con la conservación forestal. Sin embargo, estas cifras no cuentan toda la historia: se trata de pérdidas netas para la sociedad, mientras que una parte del valor se transfiere a actores ilegales a través de la madera, la especulación con tierras o la expansión ganadera. En otras palabras, los intereses privados capturan las ganancias mientras los bienes públicos se degradan.

Finalmente, es importante destacar que estas estimaciones probablemente sean conservadoras, ya que no incorporan otros impactos indirectos y externalidades, como la escalada de los conflictos por la tierra o los riesgos para la salud pública asociados con la pérdida de bosques.

Este análisis resalta la urgente necesidad de una acción coordinada para detener la deforestación ilegal y avanzar hacia modelos sostenibles de uso del suelo. La expansión de actividades económicas no reguladas y la persistente falta de una gobernanza eficaz de la tierra no solo aceleran la pérdida de biodiversidad, sino que también socavan el potencial de Brasil para generar valor económico a largo plazo a partir de los bosques en pie. La mayoría de estos daños no se internalizan mediante instrumentos económicos funcionales: el valor económico total de los bosques permanece, en gran medida, no compensado. Los mercados de carbono siguen siendo volátiles y geográficamente limitados; los créditos de carbono forestal de alta integridad enfrentan desafíos de credibilidad y demanda; los créditos de biodiversidad se encuentran en una etapa inicial y experimental; y los costos de la restauración ecológica recaen principalmente en organismos públicos o financiadores externos, no por los responsables de la tala ilegal. En la práctica, esto significa que las pérdidas sociales cuantificadas anteriormente son reales, inmediatas y, en su mayoría, no compensadas.

La respuesta actual de las autoridades públicas sigue sin ser suficientemente disuasiva. La deforestación ilegal persiste porque las sanciones previstas —multas, incautación de bienes o la pérdida de derechos sobre la tierra— suelen ser inciertas, lentas o reversibles. En contraste, las ganancias privadas derivadas de la tala son rápidas y líquidas: la madera se vende, el ganado se desplaza y los derechos sobre la tierra se pueden regularizarse posteriormente mediante presión política. Por lo tanto, para fortalecer la disuasión se requieren no sólo prohibiciones legales, sino también consecuencias creíbles, oportunas y costosas para los infractores.

Existen pruebas en otros ámbitos de los delitos ambientales que demuestran que esto es posible. En el caso de la minería ilegal de oro, por ejemplo, las herramientas de evaluación han permitido a fiscales y a las agencias ambientales calcular daños monetarios y utilizar esos valores como base para multas, demandas de responsabilidad civil y órdenes de restauración (Gasparinetti et al., 2024; Conservation Strategy Fund, 2023). Aplicar un enfoque similar a la deforestación ilegal — asignando un costo económico cuantificado y específico por jurisdicción a cada hectárea talada— permitiría exigir compensaciones que reflejen el verdadero daño socioambiental, en lugar de sanciones simbólicas o arbitrarias. Esto traslada parte de la carga de la restauración hacia los responsables.

Al mismo tiempo, la conservación forestal a largo plazo no puede depender únicamente de la represión. Una solución duradera también requiere crear fuentes de ingresos legítimas y predecibles para mantener los bosques en pie, especialmente para actores que no cometen delitos pero que enfrentan presiones económicas para convertir la tierra. Mecanismos establecidos, como las iniciativas REDD+ y nuevas iniciativas como el Fondo de Financiamiento para los Bosques Tropicales (TFFF, la sigla en inglés) buscan canalizar financiamiento hacia los bosques mediante pagos basados en el desempeño. Estos mecanismos podrían ayudar a cerrar la brecha entre el valor público y los incentivos privados, recompensando la conservación de manera estable y confiable. Sin embargo, a menos que estos beneficios se redistribuyan explícitamente a nivel local -entre comunidades, pequeños agricultores y propietarios legítimos de tierras en zonas de frontera bajo alta presión – no contrarrestarán completamente los incentivos para la tala. En la práctica, incluso con nuevos fondos, las políticas gubernamentales firmes de tipo «mando y control» seguirán siendo esenciales para contener la deforestación organizada y el acaparamiento de tierras.

En conjunto, la evidencia sugiere que detener la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña es un desafío tanto económico como institucional. No basta con «hacer que el bosque sea más valioso en el papel»; la combinación de políticas debe (i) aumentar el costo esperado de los delitos ambientales para los responsables, (ii) garantizar que el costo de la restauración se haga cumplir, en lugar de socializarse, y (iii) crear alternativas económicas accesibles y sostenibles a la ganadería extensiva y a la tala especulativa.

Para cambiar esta trayectoria, se requiere un conjunto de intervenciones estratégicas:

• Fortalecer y hacer cumplir la legislación ambiental, mejorando la rapidez, la certeza y la magnitud de las sanciones por tala ilegal. Esto incluye: (i) vincular multas y responsabilidades civiles a estimaciones estandarizadas y específicas por jurisdicción del daño socioambiental por hectárea; (ii) agilizar los procedimientos administrativos y judiciales para reducir retrasos en la imposición y ejecución de sanciones; (iii) fortalecer los sistemas de monitoreo y trazabilidad para garantizar que la detección rápida de la tala ilegal y la atribución efectiva de responsables; y (iv) mejorar la coordinación interinstitucional (entre organismos ambientales, fiscalías y registros de la propiedad) para permitir la incautación de activos, el cumplimiento de obligaciones de restauración y la prevención de la regularización de tierras vinculadas a la deforestación ilegal.

• Garantizar la tenencia de la tierra y aclarar los derechos de propiedad, especialmente en zonas vulnerables al acaparamiento de tierras, facilitando la gestión forestal sostenible, la restauración y el uso comunitario.

• Crear y ampliar mecanismos financieros predecibles que recompensen la conservación de los bosques en pie, como pagos basados en desempeño e iniciativas como el TFFF, con disposiciones explícitas para canalizar los beneficios directamente a comunidades locales, pequeños agricultores y otros administradores legítimos, y no solo a intermediarios nacionales o internacionales.

• Ampliar el monitoreo en tiempo real, la trazabilidad y la transparencia (incluyendo acceso público a los datos satelitales y resultados de la aplicación de la ley) para reducir la impunidad y permitir que la sociedad civil, los fiscales y los organismos de control actúen con mayor rapidez ante el desmonte ilegal.

• Fomentar la colaboración interinstitucional entre las autoridades federales, estatales y locales, sociedad civil y comunidades indígenas, con el fin de mejorar la planificación del uso del suelo y alinear la gobernanza territorial con los objetivos de conservación.

• Promover la voluntad política y la rendición de cuentas, traduciendo la evidencia científica —incluido el costo económico de la inacción— en argumentos convincentes para responsables de la toma de decisiones, donantes y ciudadanía.

En resumen, proteger la Amazonía brasileña no es solo un imperativo ambiental: es una necesidad de gobernanza económica. Los bosques ofrecen vías viables y escalables para el desarrollo sostenible, la mitigación del cambio climático y la resiliencia comunitaria. Al priorizar la aplicación de la ley, las alternativas sostenibles y la gobernanza transparente, Brasil puede evitar los altos costos de la deforestación y aprovechar todo el valor de su activo natural más vital.

Referencias #

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Notas #

1. Valores de la Colección 9 de MapBiomas: Base de datos de cobertura del suelo y transiciones (2024).

2. Según el sistema jerárquico de clasificación del uso y la cobertura del suelo de MapBiomas, las áreas clasificadas como «bosque» comprenden la formación forestal, la vegetación de bancos de arena arbolados, el bosque inundable, el manglar y la formación de sabana. En este estudio, el término «bosque» se utiliza para referirse a la agregación de estas clases.

3. La deforestación de la vegetación nativa implica una pérdida de oportunidades para explotar productos madereros y no madereros (como café, plátanos, cacao y guaraná, entre otros).

4. El mantenimiento del bosque proporciona algunos servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, lo que contribuye a la regulación del clima y a mitigar el cambio climático.

5. Investigación y aprovechamiento de la biodiversidad de una región, así como de sus recursos genéticos y bioquímicos de valor comercial.

6. El bosque en pie es esencial, ya que retiene agua en las raíces y los suelos. En los suelos degradados, se pierde la capacidad de absorción del suelo, lo que contribuye al aumento de las inundaciones y a la pérdida de funciones ecosistémicas.

7. La recuperación forestal consiste en transformar el área de pastoreo utilizada para el ganado en un área con las funciones ecológicas básicas de una zona boscosa.

8. El costo social del carbono se define como el costo económico generado por una tonelada adicional de dióxido de carbono o su equivalente (Nordhaus, 2016).