Introducción #

El término «delitos contra la naturaleza» o «crímenes contra la naturaleza» se utiliza para referirse a formas ilegales de tala, conversión de ecosistemas, explotación y tráfico de vida silvestre (tanto nacional como internacional), pesca y minería, y suele asociarse con delitos financieros, fraude, corrupción, crimen organizado, así como abusos laborales y de derechos humanos.¹² En el contexto de la Amazonía, puede entenderse como un conjunto de actividades ilegales o marcadas por la ilegalidad que dañan los bosques, los ríos, la vida silvestre y las poblaciones locales³ , aunque, desde el punto de vista jurídico, esta definición varía según las regulaciones ambientales de cada país de la región y lo que constituye una violación de dichas normas.

Los delitos contra la naturaleza no ocurren como una serie de incidentes aislados, sino como parte de una red interconectada —o ecosistema— de delincuencia⁴ , en la que los delitos ambientales están estrechamente vinculados con la corrupción, los delitos económicos, las violaciones de los derechos humanos y la violencia.⁵ Este ecosistema se nutre del aumento de los precios de las materias primas (en particular, el oro)⁶ , del lavado de materias primas (especialmente madera, oro y ganado), de las fronteras remotas con escasa presencia gubernamental^7,8,9 , del control territorial disputado o paralelo ejercido por grupos del crimen organizado¹⁰ y de las brechas de gobernanza en los países amazónicos en materia de protección ambiental.

Algunas de estas brechas de gobernanza, como los sistemas de tenencia de la tierra inseguros o incompletos¹¹ , los registros catastrales desorganizados¹² , la presencia territorial y la capacidad operativa limitadas de las agencias estatales¹³, o la corrupción dentro de los organismos reguladores¹⁴, crean un terreno fértil para violaciones ambientales generalizadas. Otros factores, como la corrupción de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley¹⁵ o la fragmentación entre las autoridades ambientales, mineras, policiales y fiscales¹⁶, obstaculizan una respuesta eficaz a estas violaciones a nivel nacional y subnacional. Por lo tanto, los delitos contra la naturaleza en la Amazonía se sustentan no solo en la comisión directa de actos ilegales, sino también en debilidades institucionales y normativas persistentes que limitan gravemente la rendición de cuentas de quienes causan daño ambiental.

La rendición de cuentas por el daño ambiental requiere la producción y validación de evidencia confiable, el inicio oportuno de investigaciones, la prevención de la corrupción y la intimidación de fiscales y jueces, y la sanción efectiva de los responsables. Si bien la aplicación de la ley y la justicia penal son (y deben seguir siendo) prerrogativas del Estado, las instituciones gubernamentales a menudo reciben aportes de la sociedad civil que ayudan a reducir las asimetrías de información, aumentan la rendición de cuentas y, en ocasiones, contribuyen mediante la prestación de servicios.

Para explorar este papel auxiliar de la sociedad civil, lo analizamos en relación con cinco etapas principales de la respuesta de las autoridades gubernamentales ante el daño ambiental. En conjunto, estas etapas pueden describirse como un «proceso de las pruebas a la rendición de cuentas» a través del cual los casos de posibles violaciones ambientales deben avanzar desde su definición inicial hasta su detección, investigación (y enjuiciamiento en el caso de delitos penales), resolución por parte de organismos administrativos o tribunales penales y, en última instancia, la ejecución de la sanción. En cada una de estas etapas, la sociedad civil contribuye de diferentes maneras, ya sea colaborando con las autoridades o presionando para que actúen.

Las siguientes secciones presentan ejemplos de contribuciones de la sociedad civil que complementan los esfuerzos de los gobiernos para promover la rendición de cuentas por las violaciones ambientales y los delitos contra la naturaleza, organizados en torno a una tipología de siete contribuciones de la sociedad civil (véase la Figura 1). Estos ejemplos y la tipología se derivan de una encuesta realizada a 41 organizaciones de la sociedad civil y 16 entrevistas (véase más adelante la sección sobre Metodología para obtener más detalles). Estos diferentes tipos de contribuciones se refuerzan mutuamente a través de «vías de colaboración» (representadas por las flechas grises en la Figura 1), algunas ya establecidas y otras que podrían fortalecerse aún más.

Figura 1. Etapas de la respuesta gubernamental a lo largo del proceso de rendición de cuentas y la contribución de la sociedad civil

A continuación, repasamos las diversas etapas del proceso de rendición de cuentas y ofrecemos una visión general de las formas en que la sociedad civil contribuye a ellas:

Etapa 1. Conceptualización y definición de los delitos contra la naturaleza: este paso fundamental implica definir qué constituye un delito contra la naturaleza, identificando qué infracciones ambientales se consideran delitos penales y asegurando su incorporación en los códigos penales, las leyes ambientales y los reglamentos administrativos. La claridad y exhaustividad de estas definiciones legales determinan directamente qué se puede procesar, a quién se le puede exigir rendir cuentas y qué sanciones se pueden imponer.

• En esta etapa preliminar, la contribución de la sociedad civil consiste en abogar por que la agenda de los delitos contra la naturaleza sea prioritaria (Sección 1), dando forma al debate de políticas y presionando para que se lleve a cabo una reforma legal que establezca claramente estas categorías de delitos y, en la medida de lo posible, las armonice entre las jurisdicciones amazónicas.

Etapa 2. Monitoreo y detección: Esta etapa implica identificar y detectar manifestaciones de posibles delitos ambientales, a medida que ocurren o poco después. Esto requiere establecer sistemas de monitoreo sólidos, tanto tecnológicos como institucionales, capaces de identificar estas manifestaciones en territorios vastos y, a menudo, remotos. El desafío es particularmente grave en la Amazonía, donde la extensión del territorio, la presencia limitada del Estado y la naturaleza transnacional de las operaciones delictivas complican los esfuerzos de detección.¹⁷

• En esta etapa inicial, la sociedad civil puede desempeñar un papel importante en el monitoreo independiente de casos de posibles violaciones ambientales (Sección 2), así como en el fortalecimiento de la capacidad investigativa de las autoridades gubernamentales mediante capacitación y apoyo técnico, refuerzando el valor probatorio de las pruebas recopiladas.

Etapa 3. Investigación y enjuiciamiento: Una vez detectadas las posibles manifestaciones de delitos ambientales, la etapa de investigación debe establecer tanto la comisión del acto ilegal como, idealmente, la identidad y la culpabilidad de los responsables. Esto puede incluir inspecciones in situ, recolección de muestras, documentación fotográfica y en video, declaraciones de testigos y la creación de expedientes completos. La calidad de las pruebas recabadas durante la investigación suele determinar si los casos pueden avanzar hacia el enjuiciamiento y la sentencia.

Las tasas de enjuiciamiento siguen siendo bajas en muchos países amazónicos, reflejando tanto los recursos judiciales limitados dedicados a los delitos ambientales como la complejidad de los casos que involucran redes de delincuencia organizada¹⁸ .

• Este es un punto crítico del proceso debido a la capacidad limitada de las autoridades, y también el ámbito en el que se concentran muchas contribuciones de la sociedad civil. La información obtenida en el monitoreo y la detección requiere un análisis de legalidad (Sección 3). Dependiendo del contexto político y de la relación con las autoridades, los resultados de este análisis pueden compartirse directamente con los fiscales (Sección 4) o con el público mediante campañas de presión (Sección 5).

Etapa 4. Sentencia o imposición de una sanción administrativa: El proceso legal formal mediante el cual se presentan pruebas documentadas ante autoridades judiciales o administrativas para determinar la culpabilidad y atribuir la responsabilidad. Esto abarca la presentación de pruebas ante cortes o tribunales administrativos y la emisión de sentencias. Las violaciones de normas ambientales, de uso de la tierra y de recursos naturales pueden dar lugar a sanciones administrativas —como multas, embargos y suspensiones de licencias—, así como a responsabilidad penal cuando la conducta implique fraude, corrupción, lavado de dinero, violencia o daño ambiental significativo.

• A medida que los casos avanzan en la fase de enjuiciamiento y sentencia, la sociedad civil puede participar en los procedimientos judiciales (Sección 6), brindando apoyo legal y técnico mediante mecanismos como el amicus curiae¹⁹ o la pericia técnica.

Etapa 5. Ejecución de sentencias y/o sanciones: Incluso cuando los delitos ambientales se procesan con éxito, la eficacia de estas resoluciones depende de que las sentencias o sanciones se cumplan adecuadamente. Esto incluye el cobro de multas, la incautación de activos obtenidos ilegalmente, el cumplimiento de las penas de prisión y la revocación de licencias o permisos. La tasa de éxito en esta etapa es fundamental: sin una ejecución creíble de las medidas punitivas, todo el proceso de rendición de cuentas pierde su capacidad de disuadir futuras violaciones. En muchos países amazónicos, la ejecución de las sanciones se ve obstaculizada por la capacidad limitada de aplicación de la ley, la corrupción y la priorización de otros asuntos judiciales.²⁰

• En esta etapa, las OSC pueden contribuir mediante una evaluación sistemática de la eficacia de las respuestas institucionales (Sección 7), ayudando a verificar si los delitos ambientales avanzan efectivamente a lo largo del proceso de rendición de cuentas y si las sanciones se aplican en última instancia.

Metodología²¹

La información contenida en este informe proviene de dos fuentes principales: una encuesta y entrevistas semiestructuradas, con el fin de generar una evaluación exploratoria de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que abordan los delitos relacionados con la naturaleza en los ocho países amazónicos. En primer lugar, se realizó un mapeo documental utilizando la red de Amazon Conservation para identificar a las OSC activas y garantizar una amplia cobertura geográfica. Con base en este mapeo, se difundió una encuesta a través de redes de socios y canales públicos. El cuestionario, compuesto por 56 preguntas distribuidas en siete secciones temáticas, recabó información sobre las características organizativas, el trabajo en materia de delitos ambientales, la recopilación y el uso de datos, las capacidades legales, los desafíos operativos y la participación en redes y alianzas. Mediante un enfoque de muestreo no probabilístico, la encuesta recopiló 41 respuestas de organizaciones que operan en todos los países amazónicos.

A partir de los resultados de la encuesta, se realizaron entrevistas semiestructuradas con un subconjunto específico de organizaciones para profundizar y contextualizar el análisis. Se seleccionaron diez OSC en función de su experiencia declarada en acciones legales relacionadas con delitos ambientales, complementadas con entrevistados adicionales para garantizar la representación de todos los países. Las entrevistas siguieron una estructura flexible que combinaba 24 preguntas guía con la posibilidad de adaptarse al contexto de cada organización. En ellas se exploraron las estrategias de litigio, las interacciones con las autoridades judiciales y administrativas, los obstáculos para emprender acciones legales, las dinámicas de aplicación de la ley y las percepciones sobre los marcos legales y de políticas, así como la naturaleza de las relaciones entre los gobiernos y la sociedad civil. Este enfoque de métodos mixtos permitió una comprensión más matizada tanto de las realidades operativas como de las dimensiones legales que dan forma a la participación de las OSC en la lucha contra los delitos ambientales en la región amazónica. En el Anexo I se proporcionan más detalles metodológicos, y en las Figuras 2 y 3, a continuación, se presenta un resumen de la composición de los encuestados y sus respuestas

Relevancia de este informe

Para las OSC: Al identificar claramente sus respectivos roles, mandatos y experiencia temática a lo largo de la cadena de rendición de cuentas, y al desarrollar una tipología clara de las contribuciones de la sociedad civil, el informe busca apoyar la consolidación de un «ecosistema de defensores ambientales» articulado, capaz de responder de manera efectiva al «ecosistema de delitos ambientales»²² que opera en toda la cuenca amazónica. Al documentar las estrategias y las lecciones aprendidas por las OSC que operan en diversos contextos legales, políticos e institucionales, identifica las condiciones bajo las cuales sus contribuciones son más efectivas y los desafíos persistentes que limitan su impacto, destacando oportunidades para la emulación entre organizaciones y países.

Para los gobiernos: Para las instituciones estatales de toda la Amazonía, este informe demuestra que la sociedad civil no es meramente un observador externo, sino un socio operativo fundamental para abordar las complejas dinámicas transnacionales de los delitos contra la naturaleza. Al detallar cómo las OSC generan evidencia técnica, monitorean territorios remotos y apoyan investigaciones complejas, los hallazgos ilustran cómo los gobiernos pueden aprovechar estas capacidades especializadas para superar sus propias limitaciones institucionales y de recursos. Además, este capítulo sienta las bases para la evaluación comparativa presentada en el Capítulo III, demostrando que la colaboración de un Estado con la sociedad civil puede mejorar directamente la eficacia, el alcance y la resiliencia de su acción contra los delitos contra la naturaleza.

Para donantes y socios financiadores: Al mapear las capacidades existentes e identificar brechas, desafíos y oportunidades pendientes, el informe destaca los recursos financieros, técnicos e institucionales necesarios para garantizar una participación más sostenida, coordinada y de mayor impacto en la lucha contra los delitos contra la naturaleza en toda la región.

Para el Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía (ASL): El Programa ASL es una iniciativa que opera en ocho países amazónicos, con el objetivo de mejorar la gestión integrada de los paisajes y la conservación de los ecosistemas. Estos objetivos dependen no solo de las intervenciones de conservación, sino también de sistemas de rendición de cuentas que funcionen y sean capaces de disuadir y sancionar las violaciones ambientales que los socavan.

Al documentar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de las OSC de los ocho países amazónicos, este informe ofrece un conjunto de conocimientos que puede compartirse con los beneficiarios de ASL, los socios ejecutores y las contrapartes gubernamentales, proporcionando una base empírica para fortalecer su cooperación con la sociedad civil que actúa contra los delitos contra la naturaleza.

Figura 2. Composición de los encuestados
(41 organizaciones encuestadas en 8 países)

Figura 3. Resumen de los principales resultados de la encuesta

Contribuciones de la sociedad civil en la lucha contra los delitos contra la naturaleza #

Como se observa en la Figura 1, las contribuciones de la sociedad civil abarcan diversas etapas del proceso de rendición de cuentas y pueden clasificarse en varios tipos funcionales, desde la incidencia política para priorizar la agenda de delitos contra la naturaleza (Sección 1), el monitoreo y la detección independientes (Sección 2), el análisis de legalidad de posibles infracciones ambientales (Sección 3), el intercambio de pruebas con fiscales y jueces (Sección 4), la divulgación de información al público y las campañas de presión (Sección 5), la participación en procedimientos judiciales (Sección 6) y la evaluación sistemática de la acción gubernamental (Sección 7).

Cada sección analiza, con base en los resultados de la encuesta y las entrevistas:

• las estrategias adoptadas por las OSC para maximizar su impacto,

• los desafíos encontrados en su implementación,

• ejemplos concretos extraídos de las entrevistas y de la investigación documental adicional²³

• recomendaciones dirigidas a las OSC, los donantes y los gobiernos para mejorar la eficacia de cada tipo de contribución.

1. Incidencia para priorizar la agenda de los delitos contra la naturaleza #

Cualquier proceso de rendición de cuentas por delitos contra la naturaleza supone que dichos delitos hayan sido definidos y reconocidos formalmente dentro de los marcos legales nacionales. Por ello, además de promover la rendición de cuentas por delitos ya reconocidos, muchas OSC de toda la Amazonía buscan ampliar la definición de lo que constituye un delito contra la naturaleza dentro de los marcos nacionales y elevarlo como prioridad política, ampliando así el potencial para exigir responsabilidades a los actores que causan daños ambientales. Esto contribuye a la Etapa 1 del proceso de «de la evidencia a la rendición de cuentas»: la conceptualización y definición de los delitos contra la naturaleza. Esta contribución puede adoptar dos formas: (i) la incidencia directa ante el poder legislativo, con el objetivo de lograr una reforma legal de las categorías penales, o, de manera más amplia, (ii) elevar los delitos contra la naturaleza como una prioridad en las agendas nacionales o regionales.

(i) Incidencia para la definición de los delitos contra la naturaleza en los marcos jurídicos nacionales

Un ejemplo exitoso de este tipo de contribución se encuentra en los esfuerzos de incidencia de organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y Oceana Perú, que contribuyeron a la incorporación del tráfico de fauna y flora silvestres en el marco de la delincuencia organizada del país mediante la Ley N.º 31622 (2022), ampliando el reconocimiento legal de los daños ambientales como formas de actividad delictiva organizada.²⁴

Los participantes en la encuesta y las entrevistas mencionaron el uso de las siguientes estrategias para influir de manera efectiva en los procesos legislativos y dar forma a las definiciones legales de los delitos contra la naturaleza:

• Recurrir a evidencia objetiva y técnica, como datos de sistemas de monitoreo por teledetección. Esto fortalece la credibilidad de las OSC en los debates legislativos, respalda las reformas legales y reduce riesgos para los defensores del medio ambiente (ICV, Brasil).

• Mantener relaciones a largo plazo con las autoridades públicas, combinando la incidencia pública con el diálogo directo con legisladores, ministerios y responsables de la toma de decisiones de alto nivel (ICV, Brasil; FCDS, Perú).

Se señalaron los siguientes desafíos:

• La participación sostenida en los procesos legislativos requiere recursos financieros, conocimientos técnicos y una presencia continua, algo difícil de mantener para muchas organizaciones (Instituto Socioambiental, Brasil).

• Las iniciativas de incidencia suelen enfrentar resistencia política e intereses contrapuestos de actores que se benefician de una regulación ambiental más débil, lo que limita la adopción o el alcance de las reformas propuestas (Instituto Centro de Vida, Brasil).

• Por último, la participación en los debates legislativos puede exponer a las OSC a riesgos de intimidación y presión, particularmente a nivel subnacional, complicando su capacidad para realizar actividades de incidencia de manera segura y eficaz.

Este tipo de contribución se complementa con al análisis de legalidad de posibles violaciones ambientales (Sección 3): los esfuerzos de incidencia presionan para que se establezcan definiciones legales más claras y exhaustivas de los delitos contra la naturaleza, fijando los puntos de referencia normativos con los que se pueden evaluar las actividades detectadas.

(ii) Elevar los delitos contra la naturaleza a la agenda política regional

Los encuestados también señalaron que, más allá de los marcos nacionales, una estrategia importante consiste en posicionar los delitos contra la naturaleza como una prioridad en los foros de cooperación regional, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) o la Comunidad Andina (CAN).

• Esto se considera crucial, dado que muchos casos de delitos contra la naturaleza son transfronterizos, lo que exige coordinación de políticas y de la aplicación de la ley entre los países amazónicos (Instituto Igarapé, Brasil).

• Este enfoque también implica replantear la degradación ambiental como un tema de seguridad crítica y promover la convergencia en la definición y regulación de los delitos ambientales para cerrar las lagunas normativas que explotan las redes criminales transnacionales (AARIMO²⁵ , Instituto Igarapé) —como lo ilustra el caso del Instituto Igarapé en el recuadro a continuación—.

Un desafío para este enfoque radica en los distintos niveles de compromiso con la regulación ambiental en los países amazónicos, lo que puede obstaculizar el consenso regional y los esfuerzos de armonización. Esta barrera ha sido abordada por el Instituto Igarapé mediante un modelo distintivo de diplomacia discreta y replanteamiento estratégico.

Instituto Igarapé — Replanteamiento de los delitos contra la naturaleza como una cuestión de seguridad El Instituto Igarapé (Brasil) trabaja para cambiar la forma en que se definen y priorizan los delitos contra la naturaleza dentro de los marcos políticos de toda la cuenca amazónica. Al reconocer que la deforestación ilegal, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal estaban prácticamente ausentes de las agendas de seguridad y justicia penal (a menudo descartados por las fuerzas del orden como actividades de subsistencia en lugar de crimen organizado), la organización desarrolló una estrategia para replantear el daño ambiental como una amenaza a la seguridad pública. En lugar de recurrir a los tribunales, Igarapé se enfocó en influir en los responsables de la toma de decisiones mediante investigación aplicada y una «diplomacia discreta» sostenida: generando confianza con los funcionarios, facilitando diálogos a puerta cerrada entre autoridades que de otro modo no se habrían reunido y coordinando posiciones entre bastidores antes de las negociaciones formales. Este enfoque contribuyó a dos resultados concretos a escala regional: En colaboración con los gobiernos de Brasil y Colombia y la secretaría de la OTCA, Igarapé ayudó a garantizar la inclusión de los delitos contra la naturaleza en la Declaración de Belém de 2023. La organización también había sido fundamental, desde 2021, para convencer a los Estados miembros de la OTCA de que la seguridad era un ámbito institucional legítimo para el organismo, lo que condujo a la creación de una Comisión de Seguridad Pública dentro de la OTCA con una subcomisión dedicada a los delitos ambientales.

Recomendaciones #

Con base en las experiencias documentadas, las siguientes recomendaciones pueden ayudar a que las contribuciones de las OSC sean más efectivas en esta etapa.

• Identificar las lagunas legales existentes en la definición de «delitos contra la naturaleza» en su país, utilizando como puntos de referencia marcos comparativos de otros países amazónicos. La reforma legal suele avanzar con mayor facilidad cuando se presenta como una armonización regional, y no como una exigencia nacional unilateral.

• Involucrar directamente a las comisiones legislativas y a las agencias reguladoras mediante presentaciones escritas, audiencias técnicas y testimonios de expertos, actuando como socios técnicos en la redacción de los textos legales.

• Formar coaliciones con otras organizaciones de la sociedad civil para presentar un frente unificado. La incidencia en coalición es más efectiva en esta etapa porque los legisladores y reguladores tienden a percibir una demanda como reflejo de un consenso social amplio cuando proviene de múltiples organizaciones, y no como una posición aislada.

• Utilizar las reformas exitosas de países vecinos como herramientas de incidencia a nivel nacional. Por ejemplo, el papel de la SPDA en Perú o la incidencia del CEDIB en Bolivia. Los ejemplos ayudan a desplazar el debate desde si la reforma es deseable hacia si es factible.

• Replantear los delitos contra la naturaleza como un tema de seguridad y gobernanza. Esto amplía la coalición de aliados potenciales más allá del sector ambiental, incorporando a actores como los ministerios de justicia, las agencias de seguridad o los organismos anticorrupción, cuya participación aumenta significativamente el peso político de la incidencia.

2. Monitoreo y detección independientes #

Una vez que se ha definido qué constituye una violación ambiental²⁶, el siguiente paso en el proceso de rendición de cuentas requiere detectar los actos o daños ambientales que constituyen dicha violación. La capacidad para identificar y monitorear posibles infracciones ambientales varía ampliamente entre los países de la región (véase el Capítulo I), pero una constante es la contribución de las OSC a esa etapa del proceso.

El monitoreo y la detección se destacaron como el enfoque principal más mencionado entre los encuestados:,casi dos tercios lo identificaron como un elemento central de su trabajo. Para monitorear la minería ilegal, por ejemplo, el 22 % de las OSC encuestadas recopilan sus propios datos mediante tecnologías de monitoreo remoto²⁷, y el 28 % utiliza diversas formas de monitoreo comunitario.

Esto contribuye a la Etapa 2 del proceso de «de la evidencia a la rendición de cuentas»: monitoreo y detección. Sin embargo, dada la variación en la capacidad de monitoreo de los gobiernos, el papel de la sociedad civil difiere según los contextos nacionales:

• Cuando la capacidad técnica y el acceso a imágenes son limitados, pero existe voluntad política (por ejemplo, en Perú), la sociedad civil puede asumir el papel de socio en materia de datos, a veces mediante acuerdos formales con las autoridades.

• Cuando tanto la capacidad técnica como la disposición son bajas, la sociedad civil puede recurrir a la detección independiente para dar la voz de alarma y ejercer presión nacional y/o internacional sobre los gobiernos.

• Cuando la capacidad técnica y el acceso a los datos son elevados (por ejemplo, en Brasil), la sociedad civil suele continuar monitoreando y detectando de manera independiente posibles manifestaciones de delitos contra la naturaleza. En este contexto, la independencia de la sociedad civil funciona como garantía frente a posibles cambios en la voluntad política de mantener o utilizar eficazmente estos sistemas.

A continuación, se presentan tres estrategias adoptadas por las OSC para el monitoreo y la detección, así como los desafíos asociados. La primera es el uso de tecnologías de teledetección (i), seguida del monitoreo comunitario (ii).

(i) Teledetección e imágenes

En toda la Amazonía, las herramientas de teledetección han permitido un cambio radical en la capacidad de la sociedad civil para monitorear las manifestaciones de los delitos contra la naturaleza, con una velocidad y precisión sin precedentes (véase el Capítulo I). Muchas organizaciones colaboran con instituciones de investigación, ONG y socios tecnológicos para compartir herramientas analíticas, datos de monitoreo y conocimientos técnicos (el 76 % de las organizaciones indicaron que colaboran con otras organizaciones). Este enfoque colaborativo permite agregar datos y metodologías, generando información estandarizada y comparable sobre las presiones ambientales en toda la región.

• El Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) es un ejemplo destacado (véase el recuadro a continuación) y ha trabajado con diversas organizaciones locales para contextualizar la evidencia de teledetección y comunicar a las autoridades pertinentes.

• Conservación Amazónica – ACCA (Perú) elabora informes de políticas basados en la interpretación de imágenes satelitales y otras herramientas de monitoreo geoespacial, proporcionando información oportuna, objetiva y técnicamente sólida para las autoridades competentes que investigan delitos ambientales en áreas específicas de la Amazonía.

• Además de las imágenes satelitales, FCDS (Colombia) destaca el uso de sobrevuelos a baja altitud para recopilar datos que las imágenes satelitales podrían pasar por alto. Explica que las entidades gubernamentales a menudo no cuentan con capacidad para complementar las imágenes con sobrevuelos, y que esta información es crucial para detectar la minería ilegal bajo el dosel forestal o indicadores específicos de acaparamiento de tierras invisibles en el monitoreo satelital estándar.

Sin embargo, las organizaciones que dependen de la teledetección enfrentan barreras tecnológicas y financieras. El acceso a tecnologías avanzadas de monitoreo e imágenes satelitales de alta resolución sigue siendo desigual, y el 49 % de las organizaciones señaló como su principal dificultad. Además, existen limitaciones ambientales y técnicas inherentes: la nubosidad persistente y la resolución de las imágenes pueden afectar la confiabilidad del monitoreo basado satelital.

• Una respuesta práctica a ambas limitaciones es el uso de imágenes de radar de libre acceso. Conservación Amazónica – ACCA en Perú, por ejemplo, desarrolló su plataforma de Monitoreo de Minería por Radar (RAMI) a partir de datos del Sentinel-1, que acceso abierto y capaces de penetrar la nubosidad.

Otro desafío es que, aunque el uso de datos de teledetección para documentar evidencia de delitos contra la naturaleza está muy extendido, su utilización para obligar a las autoridades a actuar se ve limitada por la falta de admisibilidad legal de esta evidencia²⁸ :

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú) ha abogado por la admisibilidad legal del monitoreo satelital como prueba, en colaboración con fiscales especializados en medio ambiente (FEMA). Esto garantiza que los datos recopilados de forma remota tengan peso en los procedimientos legales, reduciendo la necesidad de recopilar pruebas sobre el terreno, lo cual puede ser riesgoso. Sin embargo, persisten las brechas: los fiscales de la FEMA y las unidades de monitoreo satelital aún enfrentan limitaciones técnicas interpretar y evaluar estas pruebas.

• El Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS, Brasil) ha trabajado para fortalecer el fundamento legal de las pruebas derivadas de satélites en los procedimientos ambientales. A través de su plataforma JusAmazônia y de una labor sostenida de incidencia ante los órganos judiciales y fiscales, el IDS contribuyó a crear el entorno institucional que permitió el reconocimiento formal de los datos de teledetección como prueba válida en los tribunales brasileños.

(ii) Monitoreo comunitario

Al reconocer que los datos satelitales por sí solos a menudo no son suficientes para documentar los delitos ambientales —ya que no pueden revelar quién es el responsable ni permiten identificar casos de coacción—, las OSC han desarrollado estrategias sólidas de monitoreo comunitario.

• Las OSC apoyan cada vez más sistemas de monitoreo indígenas y locales que combinan el conocimiento territorial con herramientas digitales de reporte y mapeo participativo (Amazon Conservation Team – ACT, Surinam y Guyana; Conservación Amazónica – ACCA, Perú). Un componente clave de esta estrategia es la capacitación y el fortalecimiento de capacidades de los monitores locales. Los programas que forman a los miembros de la comunidad en técnicas de monitoreo ambiental refuerzan la capacidad local para documentar delitos ambientales, proporcionando verificación en terreno de daños y permisos irregulares.

• El Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil promueve activamente una red de investigadores indígenas y no indígenas para el monitoreo colaborativo y la generación de evidencia. Por ejemplo, respalda los datos recopilados por el Sistema de Alerta del Territorio Indígena Yanomami, una iniciativa liderada por organizaciones indígenas del territorio, como la Asociación Hutukara Yanomami y la Asociación Wanasseduume Ye’kwana. El ISA proporciona infraestructura técnica y desarrollo de capacidades que permiten el funcionamiento de este sistema liderado por las comunidades, asegurando que los hallazgos se documenten en formatos útiles para los procesos de rendición de cuentas.

• La integración de la documentación de campo y basada en la comunidad —como testimonios, conocimientos locales y observaciones sobre el terreno— complementa el monitoreo tecnológico y fortalece el registro probatorio, además de ofrecer una visión más completa de las violaciones. Esto ayuda a transformar los resultados del monitoreo técnico en conjuntos de pruebas claros y estructurados que fiscales y jueces con conocimientos limitados en materia ambiental puedan interpretar y utilizar (Instituto Centro de Vida, Instituto Socioambiental, Brasil; SOS Orinoco, Venezuela).

Un desafío central de este enfoque son los riesgos de seguridad para los monitores ambientales. Recopilar y publicar información sobre actividades ilegales puede exponer a las comunidades y organizaciones a amenazas, intimidación o violencia (el 68 % de los encuestados utiliza la información para campañas de concientización o interacción con medios).

• El 41,5 % de los encuestados destacó la seguridad como un desafío prioritario. En muchos casos, las comunidades temen represalias al denunciar actividades ilegales como minería, la tala o acaparamiento de tierras.

• Algunas organizaciones han respondido desarrollando herramientas que reducen la exposición individual, como el sistema Wãnori utilizado por ISA y la Asociación Hutukara Yanomami, que permite reportar incidentes mediante una aplicación, radio o WhatsApp sin identificarse directamente; y plataformas digitales de denuncia anónima como Wildlife Sentinel, que protegen la identidad de quienes reportan presuntos delitos.

El monitoreo y la detección independientes son actividades fundamentales en el trabajo de las OSC que luchan contra los delitos contra la naturaleza. Constituyen la base para el análisis de legalidad (Sección 3) y el posterior intercambio de datos con los fiscales (Sección 4), para su uso en campañas de presión pública (Sección 5) o en procedimientos judiciales (Sección 6). También son un insumo clave para las evaluaciones sistemáticas de la acción gubernamental (Sección 7).

Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) Monitoreo independiente por satélite de los delitos contra la naturaleza El Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), un programa emblemático de Amazon Conservation (EE. UU.), implementado en colaboración con Conservación Amazónica – ACCA (Perú) y Conservación Amazónica – ACEAA (Bolivia) y una red de socios locales en toda la región, ilustra la eficacia con la que el monitoreo de la sociedad civil puede adaptarse a las realidades institucionales de distintos contextos nacionales. Al combinar imágenes satelitales de alta y media resolución, datos de drones y algoritmos de radar, MAAP ofrece detección casi en tiempo real de la minería ilegal, tala y deforestación en todo el bioma amazónico, abarcando los nueve países de la región. Es fundamental destacar que su metodología está diseñada no solo para detectar la pérdida de bosques, sino también para evaluar su legalidad, identificando los casos más urgentes a medida que ocurren. MAAP opera de dos maneras complementarias: 1) proporcionando a las agencias gubernamentales fuerzas del orden informes de inteligencia confidenciales que pueden respaldar operaciones de campo contra actividades ilegales, y 2) dando a conocer públicamente los casos más urgentes para generar conciencia y presión para que se tomen medidas. Además del apoyo directo a la aplicación de la ley en casos concretos, MAAP produce análisis temáticos más amplios sobre la Amazonía como sistema interconectado, incluyendo tendencias de deforestación, «ríos voladores», puntos de inflexión y dinámica del carbono. Este modelo ha fortalecido la capacidad de las autoridades públicas de toda la región para vincular directamente la detección con la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Recomendaciones #

Los siguientes enfoques reflejan prácticas que las OSC de toda la Amazonía han comprobado que funcionan en la realidad, independientemente del tamaño organizacional, la capacidad técnica o el contexto nacional.

• Buscar alianzas con organismos gubernamentales cuando exista voluntad política. Las alianzas entre OSC e instituciones públicas fortalecen los sistemas nacionales de monitoreo y facilitan la circulación de información ambiental.

• Utilizar herramientas de libre acceso para integrar imágenes satelitales y alertas de deforestación en los flujos de trabajo. Plataformas como Global Forest Watch, MapBiomas Alerta y Amazon Mining Watch ofrecen capacidad analítica ágil y ponen al alcance de organizaciones de todos los tamaños datos confiables de teledetección.

• Unirse o contribuir a alianzas de monitoreo multiinstitucionales que se adapten al contexto —como MAAP para apoyo analítico y respuesta rápida, o MapBiomas Alerta para datos validados de deforestación—. La puesta en común de capacidades analíticas y metodologías evita la duplicación de infraestructura y permite que organizaciones pequeñas accedan a capacidades que no podrían desarrollar por sí mesmas.

• Desarrollar y fortalecer redes comunitarias de vigilancia y monitoreo, capacitando a líderes y comités de vigilancia de comunidades locales e indígenas en protocolos estandarizados para observar, documentar y registrar delitos ambientales durante las patrullas territoriales, incorporando medidas de seguridad y protección. Esta estrategia genera información oportuna y de alta resolución que complementa la teledetección satelital, fortalece la capacidad de respuesta comunitaria y fomenta mayor participación y apropiación local en los procesos de vigilancia y rendición de cuentas, contribuyendo a la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de monitoreo frente a limitaciones técnicas o cambios institucionales.

• Cuando exista voluntad política, formalizar acuerdos de intercambio de datos con autoridades públicas que ya cuenten con infraestructura de monitoreo. Esto permite a las OSC concentrar sus recursos en análisis, interpretación jurídica e incidencia política, en lugar de en la recopilación de datos, y establece relaciones institucionales que facilitan la transferencia de evidencia en etapas posteriores del proceso. (véase también la Sección 4)

• En contextos con baja disposición institucional, utilizar el monitoreo independiente para generar presión externa. La evidencia documentada, publicada o compartida con actores internacionales ha impulsado respuestas gubernamentales en casos donde los canales nacionales no respondían, convirtiendo el monitoreo en una palanca de rendición de cuentas incluso antes de que se inicien los procesos formales (véase también la Sección 5).

3. Análisis de legalidad de posibles violaciones ambientales #

La detección de actividades de uso de recursos o de cambio en la cobertura del suelo mediante imágenes satelitales o monitoreo comunitario no establece, por sí sola, que se haya producido una violación. Por ello, un paso intermedio fundamental en el proceso de rendición de cuentas consiste en determinar si las actividades detectadas constituyen un indicio significativo de conducta ilegal.

Aunque, idealmente, esta función de verificación recaería en los organismos públicos encargados de hacer cumplir la ley, la limitada capacidad de investigación en muchos países amazónicos ha llevado a las OSC a asumirla cada vez más, aumentando el valor probatorio de la evidencia que luego de comparte con fiscales y jueces. Por lo tanto, este tipo de contribución une las etapas 2 y 3 del proceso de rendición de cuentas (Monitoreo y detección; Investigación y enjuiciamiento), al transformar los datos brutos en evidencia legalmente significativa de posibles violaciones.

La principal estrategia utilizada por las OSC consiste en cruzar datos sobre posibles manifestaciones de delitos contra la naturaleza con registros administrativos oficiales —como bases de datos del catastro minero, registros de tenencia de la tierra, permisos ambientales o autorizaciones para la deforestación— para validar los datos de monitoreo e identificar presuntos casos de ilegalidad.

• El Portal de Transparencia del Oro (WWF Brasil) agrega datos relevantes para evaluar el cumplimiento legal de la extracción de oro según la legislación brasileña, consolidando información sobre procesos administrativos, imágenes satelitales y datos financieros y geográficos en una sola plataforma.

• Imazon (Brasil) ha creado el Simex (Sistema de Monitoreo de la Explotación Maderera), que utiliza imágenes satelitales de resolución media para detectar infraestructura de tala —carreteras, patios de madera y caminos de arrastre— y cruza esa información con los registros de autorizaciones del SINAFLOR, clasificando las áreas como autorizadas, no autorizadas o de estatus incierto.

• Esta información también puede combinarse con otros datos espaciales para generar una capa territorial con una «presunción de ilegalidad», que puede integrarse fácilmente con datos de detección recurrentes para ofrecer un desglose periódico, por jurisdicción, del porcentaje de actividad asociado a presunción de ilegalidad baja, media o alta (véase el recuadro y el Capítulo I, Sección 4).

• Otra estrategia consiste en establecer cooperación formal con organismos gubernamentales públicos para el intercambio de datos. Esta cooperación permite a las autoridades acceder a conocimientos técnicos especializados, como análisis geoespacial y obtención de pruebas, para respaldar investigaciones complejas, ayudando a superar brechas institucionales en capacidad técnica, análisis y acceso a datos ambientales (Centro de Análisis de Delitos Climáticos, Perú; véase el recuadro a continuación).

• Es importante destacar que el análisis de legalidad no tiene por qué ser realizado por la misma organización que generó los datos brutos. Las OSC suelen colaborar para complementar conocimientos especializados y distribuir responsabilidades.

Este tipo de contribución también enfrenta desafíos:

• Limitaciones en el acceso a datos. Muchos encuestados mencionan que el acceso limitado a datos gubernamentales abiertos y los registros públicos incompletos u obsoletos sobre concesiones mineras, tenencia de la tierra y permisos ambientales obstaculizan gravemente la capacidad de contextualizar alertas y verificar la situación legal de las actividades detectadas (Conservación Amazónica – ACCA, Perú; Conservación Amazónica – ACEAA, Bolivia; Fundación Ecociencia, Ecuador; ICV, Brasil).

• Dificultad para identificar responsables. Establecer una presunción de ilegalidad no basta para identificar a los posibles responsables. Los registros sobre derechos de uso no siempre identifican al titular; los titulares pueden alegar que el daño fue causado por terceros; y la falta de información sobre la tenencia de la tierra dificulta vincular la actividad con una persona o empresa específica (Conservación Amazónica – ACCA, Perú; IDS, Brasil).

Una vez que la evidencia inicial de daño ambiental ha sido validada mediante un análisis de legalidad, está lista para incorporarse a las siguientes etapas del proceso de rendición de cuentas. En ese punto, las OSC decidirán, dependiendo de las características específicas de la evidencia y de su relación con las autoridades, si la comparten directamente con fiscales y jueces (Sección 4) o si la revelan al público con el fin de presionar a las autoridades (Sección 5). Esta información también puede utilizarse en procedimientos judiciales (Sección 6) o, cuando se recopila sistemáticamente durante largos períodos, servir para evaluar la eficacia de la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley (Etapa 7).

Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA), Perú # Análisis forense de la legalidad # El Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) de Perú aplica una metodología forense para determinar la situación jurídica de las infracciones ambientales, con un enfoque específico en casos donde la aplicación de la ley a nivel nacional ha fallado y donde la actividad ilegal está integrada en cadenas de suministro internacionales. El CCCA investiga el papel de los actores internacionales involucrados en la deforestación ilegal en Perú, con especial atención al sector del aceite de palma, reconocido como uno de los principales impulsores globales de la deforestación. Su análisis de legalidad combina imágenes satelitales, investigación de fuentes abiertas, datos geoespaciales y revisión legal de títulos de propiedad y permisos ambientales para establecer presunciones forenses de ilegalidad. Los análisis satelitales realizados por la CCCA documentaron una deforestación significativa en las tierras de Ocho Sur, la segunda empresa de aceite de palma más grande de Perú, vinculada a la pérdida de más de 15 500 hectáreas de bosque. Con base en este análisis, una coalición integrada por el CCCA y organizaciones indígenas presentó una denuncia ante el Punto de Contacto Nacional de la OCDE de los Países Bajos contra Louis Dreyfus Company, por adquirir aceite de palma proveniente de tierras deforestadas ilegalmente. El Punto de Contacto Nacional concluyó que la denuncia merecía un análisis más detallado.29

Amazon Mining Watch – Conservación de la Amazonía, regional Cotejo de datos de detección con marcos legales Amazon Mining Watch (AMW), una plataforma impulsada por inteligencia artificial, da un paso fundamental al cruzar sistemáticamente los sitios mineros detectados con los marcos legales nacionales para generar presunciones estructuradas de ilegalidad. Con base en un análisis de posibles superposiciones con las designaciones de uso de suelo y las regulaciones aplicables, AMW incorpora una presunción de ilegalidad basada en la ubicación, clasificada en cuatro niveles: muy alta, cuando la actividad se realiza sin permiso dentro de un área protegida; alta, cuando la actividad se lleva a cabo fuera de cualquier concesión explícita; media, cuando la actividad ocurre dentro de una concesión cuyo estado activo no puede verificaser o que no cumple con los requisitos legales; y baja, cuando la actividad se realiza dentro de una concesión activa, pero no se puede confirmar el cumplimiento total. Esta capa de legalidad está actualmente operativa para Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y se prevé su expansión al resto de los países amazónicos para 2026.

Recomendaciones #

Con base en las prácticas documentadas en toda la región, los siguientes puntos de partida ofrecen a las OSC una vía para desarrollar o fortalecer su capacidad de analizar la legalidad de la evidencia de posibles violaciones ambientales.

• Desarrollar protocolos sistemáticos de cotejo entre los datos de monitoreo y los registros administrativos oficiales. La creación de metodologías de evaluación estructuradas y repetibles aumenta la velocidad y el alcance del análisis de legalidad, lo que permite a las organizaciones ir más allá de la verificación caso por caso y avanzar hacia evaluaciones a escala jurisdiccional.

• Calificar los casos de daño ambiental según grados de presunción de ilegalidad, en lugar de calificarlos directamente como ilegales, para evitar extralimitarse en las responsabilidades de fiscales y jueces y reducir los riesgos de demandas por difamación o incluso de amenazas de violencia.

• Establecer alianzas con equipos jurídicos o instituciones académicas para fortalecer la calidad probatoria de las evaluaciones de ilegalidad. Esto permite a las OSC con capacidad de detección acceder a conocimientos especializados que refuerzan la solidez jurídica de sus hallazgos sin necesidad de contar de manera permanente con expertos legales internos.

• Elaborar formatos de documentación estandarizados y listos para presentar ante los tribunales que traduzcan los hallazgos técnicos en resultados legalmente legibles. Presentar información ambiental que no requiera la interpretación por parte de fiscales y jueces aumenta el valor probatorio de las pruebas y ayuda a cerrar la brecha entre la detección y el enjuiciamiento, que a menudo provoca que los casos se estanquen.

4. Intercambio de pruebas con los fiscales #

Aunque varios países han creado unidades especializadas en investigación ambiental, ya sea dentro de sus fuerzas policiales o de sus agencias ambientales, muchos fiscales carecen de la experiencia necesaria para manejar pruebas de posibles delitos contra la naturaleza. Por lo tanto, una contribución importante de muchas OSC en la Amazonía es traducir los resultados del monitoreo y la detección a formatos que las autoridades puedan utilizar fácilmente en el marco de la investigación, el enjuiciamiento o la resolución judicial de las infracciones ambientales.

Esta acción de las OSC respalda principalmente la Etapa 3 (Investigación y enjuiciamiento) del proceso de rendición de cuentas, al proporcionar a los fiscales y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley las pruebas técnicas necesarias para llevar los casos hacia procedimientos formales.

Este tipo de contribución es muy común: el 78 % de las OSC encuestadas afirma haber compartido sus datos con las autoridades públicas. Es importante destacar que este intercambio de información no equivale necesariamente a una denuncia formal, la cual requeriría que una OSC se identificara formalmente como la parte denunciante. Las denuncias formales pueden desencadenar un proceso legal que exponga a la organización y genere cargas financieras, mientras que el intercambio informal de datos le permite mantener cierta distancia operativa respecto a los procedimientos que se derivan.

Las OSC emplean diversas estrategias para compartir pruebas con las autoridades:

• Las OSC convierten los datos de monitoreo, los análisis geoespaciales y las observaciones de campo en documentación probatoria estructurada, en forma de informes técnicos, expedientes de casos y conjuntos de datos georreferenciados. En Brasil, ICV ha establecido relaciones de trabajo sostenidas con los fiscales de Mato Grosso, adaptando su análisis a sus estándares probatorios. Esto garantiza que los datos técnicos complejos se transformen en pruebas científicas admisibles y fácilmente comprensibles para los fiscales que tal vez carezcan de conocimientos especializados en materia ambiental.

• Muchas organizaciones destacaron la importancia de mantener relaciones de trabajo directas con los actores institucionales involucrados en la aplicación de la ley ambiental. En lugar de depender únicamente de los canales formales de denuncia, las OSC suelen colaborar con fiscales o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que están familiarizados con los casos de delitos ambientales y con el papel que la sociedad civil puede desempeñar en el apoyo a las investigaciones (ICV, Brasil; FCDS, Colombia y Perú; DAR, Perú).

• Otro aspecto clave del intercambio de evidencia es la recopilación de información a largo plazo, lo cual evita que las autoridades alegen falta de datos o incertidumbre sobre el alcance del daño ambiental. La Fundación Río Napo (Ecuador) ejemplifica esta estrategia al documentar meticulosamente las actividades mineras ilegales durante largos períodos. Esta evidencia atrajo la atención internacional, lo que puso al gobierno «en una situación incómoda» y, finalmente, condujo a una orden judicial para realizar trabajos de restauración en el sitio.

• Los datos compartidos también pueden ir más allá de la mera descripción del daño ambiental. Un ejemplo convincente es la Calculadora de Impactos Mineros desarrollada por el Conservation Strategy Fund (CSF) en colaboración con las autoridades brasileñas, una herramienta diseñada para estimar el costo socioambiental y económico de la minería ilegal de oro en términos monetarios, que los fiscales y los responsables de políticas pueden utilizar fácilmente para abogar por sanciones adecuadas, incluidas multas monetarias (véase el recuadro a continuación).

• Estas relaciones de colaboración se formalizan, en algunos casos, mediante acuerdos de cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas (FCDS y WCS en Perú). Estas alianzas suelen surgir cuando las autoridades buscan fortalecer su capacidad técnica, particularmente en la interpretación y el uso de datos ambientales y geoespaciales. La FCDS destaca que actúa como un centro de «inteligencia técnica», tendiendo un puente entre los datos ambientales sin procesar y los requisitos legales del Estado, especialmente cuando los organismos gubernamentales carecen de suficientes profesionales técnicos para analizar información ambiental compleja. En Perú, el trabajo de Conservación Amazónica – ACCA también ilustra cómo la cooperación formal sostenida puede fortalecer progresivamente la capacidad técnica de las instituciones estatales encargadas de hacer cumplir la ley para utilizar de manera independiente y actuar sobre la base de evidencia derivada de satélites (véase el recuadro a continuación).

Un desafío central de esta contribución es el riesgo de represalias por parte de personas o empresas implicadas por los datos compartidos con los fiscales. Los encuestados que enfrentan estos riesgos de seguridad mencionan medidas como actuar bajo un seudónimo o construir una cadena de información para proteger a quienes están en el terreno —lo que implica que los monitores de campo recojan y transmitán la información a un contacto intermedio, quien a su vez la entrega a la organización, de modo que ninguna persona tenga el panorama completo y la identidad de quienes están más cerca de la violación nunca sea directamente rastreable en la documentación (SOS Orinoco, Guardianes del Bosque, Venezuela; Instituto Centro de Vida, Brasil).

Conservación Amazónica – ACCA, Perú Incorporación de las pruebas de la sociedad civil en los sistemas estatales de aplicación de la ley Conservación Amazónica (ACCA) en Perú muestra cómo una organización de la sociedad civil puede ir más allá de generar evidencia en paralelo a las instituciones estatales y, en cambio, integrarse estructuralmente en ellas. ACCA desarrolló una estrategia de múltiples niveles para garantizar que las pruebas derivadas de imágenes satelitales sobre delitos contra la naturaleza lleguen a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y sean utilizables por ellas. Entre 2018 y 2025, ACCA entregó 520 informes confidenciales a fiscales, autoridades ambientales, representantes indígenas y la prensa, lo que contribuyó a al menos 15 intervenciones directas en el terreno con la presencia de las autoridades. Es fundamental destacar que ACCA no se limitó a producir y transmitir evidencia. Apoyó la creación de unidades especializadas de monitoreo satelital dentro de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) en Madre de Dios y dentro del Servicio Nacional de Bosques y Vida Silvestre (SERFOR), y desde entonces ha brindado apoyo técnico continuo a las unidades de monitoreo del SERNANP, la Oficina de Supervisión de Recursos Forestales y de Vida Silvestre (OSINFOR) y el Ministerio de Cultura. En febrero de 2023, este trabajo culminó con el lanzamiento de la Red Nacional de Unidades de Monitoreo por Satélite del Perú, que reúne a 14 instituciones estatales y 3 organizaciones de la sociedad civil bajo un marco común.

Conservation Strategy Fund, regional # Calculadora de Impactos Mineros # Un obstáculo persistente para el enjuiciamiento de los delitos contra la naturaleza en toda la Amazonía es la dificultad de cuantificar el daño ambiental en términos que los tribunales y los órganos administrativos puedan aplicar para determinar las sanciones. Conservation Strategy Fund (CSF) desarrolló dos herramientas que abordan directamente esta brecha. Su Calculadora de Impactos Mineros30 fue desarrollada originalmente en colaboración con la Fiscalía Federal de Brasil. En un caso concreto, los fiscales calcularon inicialmente una indemnización por daños y perjuicios de menor cuantía contra una empresa minera ilegal; sin embargo, al utilizar la herramienta, la Fiscalía Federal ajustó la cifra a 268 millones de reales para incluir los daños sociales relacionados con la deforestación, la erosión y la contaminación por mercurio, lo que le permitió obtener el embargo judicial de los activos de la empresa en una acción civil pública.31 La CSF extendió la Calculadora a Colombia, Perú, Guyana, Surinam, Ecuador y Bolivia, creando un marco regional común para mejorar la comparabilidad de las evaluaciones y fortalecer la rendición de cuentas en toda la Amazonía. En Perú, la CSF celebró reuniones con funcionarios del Ministerio del Ambiente y de la Fiscalía General para promover su implementación, y capacitó a funcionarios de los gobiernos regionales de Loreto y Madre de Dios, junto con representantes de la sociedad civil y del ámbito académico.

Recomendaciones #

Los siguientes enfoques reflejan cómo las OSC de la región han logrado con éxito la transición de la producción de evidencia al intercambio de evidencia, y qué condiciones han hecho que esa transición sea más efectiva.

• Formalizar las relaciones con las fiscalías y los organismos de fiscalización ambiental mediante protocolos o memorandos de entendimiento. Los acuerdos estructurados garantizan que la transferencia de evidencia perdure a pesar de la rotación de personal, las transiciones políticas y las reorganizaciones institucionales, momentos en los que las relaciones informales tienden a romperse.

• Convertir los resultados del monitoreo técnico —imágenes satelitales, datos geoespaciales, resultados de teledetección— en formatos legales accesibles para fiscales y jueces. Estos actores a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para interpretar los datos brutos de monitoreo; las organizaciones que realizan esta labor de conversión aumentan significativamente la utilidad de sus pruebas y favorecen la solidez de los casos legales.

• Documentar los casos exitosos en los que se han utilizado las pruebas y compartirlos con las autoridades pertinentes. Construir un historial visible demuestra el valor de las contribuciones de las OSC y ayuda a abrir puertas con instituciones que aún se muestran reacias a colaborar, convirtiendo los éxitos individuales en legitimidad institucional.

• En contextos donde el estado de derecho es débil o las instituciones están comprometidas, considere operar a través de entidades legalmente registradas en otras jurisdicciones. Esto preserva la capacidad de documentar y compartir pruebas de manera segura cuando trabajar a nivel nacional expondría a la organización o a su personal a un riesgo inaceptable.

5. Difusión de información al público y campañas de presión #

Cuando las estrategias formales de participación, como las reuniones informativas con las autoridades o la presentación de denuncias, no logran provocar una respuesta, las OSC suelen recurrir a la difusión pública de información y a las campañas de presión como vía alternativa para impulsar la acción institucional. Los encuestados mencionan el uso de una variedad de productos, principalmente informes y campañas en los medios de comunicación (58,5 %), seguidos de materiales educativos para la comunidad (46,3 %), plataformas públicas de datos (41,5 %) y publicaciones académicas (39 %).

Este tipo de actividad funciona como una palanca transversal en las etapas 2 a 4 del proceso de rendición de cuentas (Monitoreo y detección; Investigación y enjuiciamiento; Sentencia), al generar presión pública que puede desbloquear la inacción en cualquiera de estas etapas cuando los canales formales resultan insuficientes.

• Una estrategia mencionada por los encuestados es la traducción de datos técnicos a formatos accesibles para el público, como informes, visualizaciones y contenido mediático, un paso fundamental para ampliar el alcance y aumentar la visibilidad. El informe de 2021 del ISA³² sobre el territorio yanomami, por ejemplo, combinó imágenes satelitales, datos epidemiológicos y relatos etnográficos de investigadores indígenas en un único documento público que posteriormente fue presentado por diputados federales en audiencias del Congreso y por el ministro y el presidente de la FUNAI ante el presidente de Brasil durante una visita oficial al territorio (Instituto Socioambiental, Brasil).

• A esto se suma la estrategia de sincronizar estratégicamente la divulgación de la información, en la que las OSC alinean la publicación con acciones legales, oportunidades políticas o momentos de mayor atención para potenciar el impacto y la capacidad de respuesta. La Amazon Conservation Association, por ejemplo, sincronizó la publicación de un informe sobre el impacto previsto de la carretera BR-319 en los patrones de lluvia y los ríos voladores amazónicos para que coincidiera con un momento de intenso debate público, tras el anuncio del gobierno brasileño de una inversión de 75 millones de dólares en la construcción de la carretera a través del corazón de la Amazonía.³³³⁴

• Aprovechar la visibilidad internacional mediante la difusión en plataformas y medios globales también puede aumentar la presión sobre las autoridades nacionales y elevar los costos reputacionales de la inacción. Por ejemplo, la visibilidad internacional de los impactos de la deforestación y la minería de oro en plataformas como el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) ha influido positivamente en la regulación al hacer que los gobiernos se sientan incómodos ante el escrutinio global (Fundación Río Napo, Ecuador; Amazon Conservation/MAAP, Venezuela). La visibilidad pública a veces puede impulsar la acción institucional más rápidamente que las presentaciones legales formales por sí solas (Instituto Socioambiental, Brasil; Fundación Río Napo, Ecuador).

Estas estrategias de denuncia enfrentan su propio conjunto de desafíos:

• La falta de respuesta por parte de las autoridades puede persistir incluso cuando la evidencia se difunde ampliamente, ya que la postura de las autoridades públicas puede deberse a intereses contrapuestos más que a la falta de información.

• Las tensiones entre los objetivos de confidencialidad y la exposición pública crean dilemas difíciles. Las pruebas preparadas para procesos legales pueden requerir confidencialidad para proteger a las fuentes y mantener la cadena de custodia, mientras que las estrategias de incidencia a menudo dependen de la difusión pública de la información.

• Quizás lo más crítico es que una mayor visibilidad de los delitos ambientales puede exponer a las comunidades y a los activistas a represalias, particularmente en contextos donde la protección del Estado es débil. Los riesgos para los defensores del medio ambiente representan una preocupación de alta prioridad para las organizaciones que llevan a cabo campañas públicas.

• En Venezuela, las ONG suelen enfrentar obstáculos para registrarse formalmente o ven bloqueado su reconocimiento legal por parte del Estado. Para sortear estos espacios cívicos restringidos, algunos grupos adoptan formas de organización informales o comunitarias (Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas – GTAI en Venezuela), ya que trabajar a través de estructuras comunitarias descentralizadas permite que las actividades de documentación continúen sin depender de un reconocimiento institucional que tal vez nunca se otorgue. Otros operan a través de entidades legalmente registradas fuera de su país de origen para continuar con su documentación sistemática de los delitos ambientales de manera segura (SOS Orinoco en Venezuela).

• En Perú, está surgiendo una dinámica similar a través de canales normativos. En 2025, el Congreso de Perú aprobó la Ley N.º 32301, que modifica la ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), comúnmente conocida como la «Ley APCI». Esta ley introduce nuevas restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y a la cooperación internacional, estableciendo un régimen de sobrerregulación que limita su funcionamiento y restringe la defensa jurídica contra el Estado peruano en casos relacionados con la protección de los derechos fundamentales, incluidos los presentados por los pueblos indígenas. También introduce un régimen de sanciones y multas severas que genera un efecto disuasivo sobre la labor de defensa de los derechos humanos, desalienta la denuncia y la supervisión ciudadanas, y restringe el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y defensa por parte de las OSC, lo que afecta de manera desproporcionada la defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Para sortear estas tensiones y riesgos sin perder su eficacia, algunas OSC recurren a coaliciones y plataformas con múltiples socios para sus campañas de presión pública. Al trabajar a través de iniciativas conjuntas en lugar de actuar en solitario, las OSC pueden distanciarse de los aspectos más conflictivos de las campañas y, al mismo tiempo, mantener sus relaciones de colaboración con los organismos gubernamentales.

Este enfoque resulta particularmente valioso cuando una OSC necesita criticar simultáneamente la actuación del gobierno a través de campañas públicas y, al mismo tiempo, mantener la cooperación técnica con esas mismas instituciones en otros frentes. En Brasil, por ejemplo, el Instituto Centro de Vida participa en el Observatorio Socioambiental de Mato Grosso (Observa MT), una red que también integra a la Federación de Pueblos Indígenas de Mato Grosso, Operación Amazonía Nativa y otras organizaciones, y que supervisa las agendas socioambientales y da seguimiento a las medidas legislativas y ejecutivas a nivel estatal (Instituto Socioambiental y Asociación Hutukara Yanomami, Instituto Centro de Vida/ObservaMT, Brasil; Conservación Amazónica – ACEAA/GITOR, Bolivia).

La estructura de coalición permite que la voz colectiva tenga peso, mientras que los miembros individuales conservan la flexibilidad para participar en relaciones institucionales continuas. Más allá de la gestión de la visibilidad basada en coaliciones, algunas organizaciones van más allá al ajustar su exposición institucional caso por caso, como lo ilustra el enfoque del ICV en el recuadro de caso a continuación.

Instituto Centro de Vida, Brasil Campañas públicas en contextos de alto riesgo # En contextos donde los defensores del medio ambiente enfrentan amenazas físicas directas, la decisión de cómo y en nombre de quién llevar a cabo la incidencia pública puede tener consecuencias importantes. El Instituto Centro de Vida (ICV) de Brasil muestra cómo las organizaciones que operan en territorios de alto riesgo ajustan cuidadosamente su visibilidad para proteger tanto al personal como a los socios locales. En el caso del Parque Estatal Cristalino, en el norte de Mato Grosso, el ICV presentó reclamaciones formales ante la Fiscalía, al tiempo que gestionó deliberadamente la atribución de la autoría, canalizando las acciones a través de un intermediario en lugar de hacerlo bajo el nombre institucional del ICV, y protegiendo la identidad del personal y los socios locales. La organización describe este enfoque como una «barrera de protección frágil»: imperfecta, pero suficiente para reducir la exposición en un contexto en el que la asociación visible con el caso conlleva un riesgo personal real. Este enfoque contribuyó a la reapertura de un proceso judicial relacionado con la protección del parque, lo que demuestra que una presión pública cuidadosamente calibrada, que combine la participación legal formal con la gestión estratégica de la visibilidad institucional, puede generar resultados en materia de rendición de cuentas incluso bajo importantes restricciones de seguridad.

Recomendaciones: #

Las siguientes estrategias se basan en la experiencia documentada de las OSC en la región para ilustrar cómo se pueden diseñar y llevar a cabo de manera efectiva campañas de comunicación y presión públicas, incluso en contextos de alto riesgo.

• Utilizar portales de datos abiertos para difundir los hallazgos de manera amplia y regular. Los paneles de control y los informes de acceso público pueden generar atención sostenida más allá de un solo ciclo noticioso, manteniendo la presión sobre las instituciones sin requerir una inversión continua en cada nueva publicación.

• Establecer relaciones con socios mediáticos de confianza con anticipación, antes de que las pruebas estén listas para hacerse públicas. Los canales ya establecidos permiten que los hallazgos se difundan de manera responsable y precisa cuando surja la oportunidad, lo que reduce el riesgo de tergiversación y aumenta el alcance y la credibilidad del mensaje.

• Desarrollar criterios internos claros sobre cuándo hacer pública la información, sopesando el potencial de desencadenar acciones institucionales frente a riesgos como alertar a los perpetradores, poner en peligro a los observadores comunitarios o socavar los procedimientos legales en curso.

• Adaptar las campañas para el público objetivo, distinguiendo entre iniciativas destinadas a movilizar a la opinión pública, presionar a organismos específicos o influir en actores internacionales. Cada una requiere un mensaje, un formato y un canal diferentes.

• Documentar los resultados de campañas anteriores, incluidos los casos en los que la presión pública logró desbloquear la inacción institucional. Esto genera una base de evidencia interna para futuras decisiones estratégicas y brinda a los financiadores pruebas concretas del impacto.

• Monitorear y responder a nuevas restricciones legales y normativas que afectan a la sociedad civil, como la Ley N.º 32301 de Perú («Ley APCI»), que puede limitar la capacidad de incidencia de las OSC y disuadirlas de llevar a cabo campañas de presión pública, particularmente en defensa de las poblaciones más vulnerables.

6. Participación en procedimientos judiciales y litigios #

Los procedimientos judiciales representan el mecanismo formal a través del cual se establece, en última instancia, la rendición de cuentas. Se trata de una contribución relativamente menos utilizada en el proceso que va de la evidencia a la rendición de cuentas, ya que solo el 12 % de los encuestados mencionó una participación directa en este tipo de actividad.

Esta participación de las OSC en los procedimientos judiciales respalda principalmente la Etapa 4 (Sentencia o aplicación de una sanción administrativa) del proceso de rendición de cuentas, al proporcionar a los juzgados y tribunales pruebas periciales que fortalecen los fundamentos para determinar la culpabilidad y atribuir la responsabilidad.

La baja proporción de organizaciones encuestadas que mencionan participar directamente en litigios refleja la realidad estructural de que los procesos penales relacionados con infracciones ambientales son iniciados y dirigidos por el Estado, por lo general a través de las fiscalías. Si bien estas limitaciones estructurales restringen a las OSC a un papel de apoyo, su contribución en esta etapa puede ser decisiva para determinar si los casos tienen éxito y qué reparaciones se obtienen.

Para superar estas limitaciones estructurales, las OSC emplean varias estrategias:

• Cuando el enjuiciamiento penal resulta difícil o lento, las OSC pueden respaldar acciones ante organismos administrativos, tribunales ambientales o jurisdicciones especializadas, como los tribunales agroambientales o los sistemas de justicia indígena. En Venezuela, donde la aplicación penal de los derechos ambientales reconocidos constitucionalmente ha sido en gran medida ineficaz en la práctica, GTAI ha trabajado para fortalecer las jurisdicciones consuetudinarias indígenas como un canal alternativo de rendición de cuentas (véase el Capítulo III, perfil de Venezuela).

• Muchas organizaciones también participan a través de mecanismos como las presentaciones de amicus curiae (Instituto Centro de Vida – ICV en Brasil, Conservación Amazónica – ACEAA en Bolivia), elaborando informes técnicos, análisis geoespaciales y documentación de expertos que pueden ser utilizados por fiscales, jueces y litigantes aliados.

• En contextos donde el estado de derecho es débil y el gobierno no procesa ni dicta sentencias contra los autores de delitos ambientales, algunas organizaciones optan por recurrir a jurisdicciones internacionales. Las OSC pueden presentar pruebas ante organismos regionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para generar escrutinio y presión a fin de exigir rendición de cuentas. GTAI y SOS Orinoco han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su principal vía de rendición de cuentas ante la minería ilegal, con el apoyo de socios legales especializados como la Fundación Due Process of Law (SOS Orinoco en Venezuela, GTAI en Venezuela).

Entre los desafíos que plantean las acciones legales se incluyen

• La falta de capacidad jurídica, que puede representar una barrera sustancial, ya que muchas organizaciones no cuentan con la experiencia interna necesaria para llevar a cabo litigios ambientales complejos (el 34 % de los encuestados clasificó a la «falta de apoyo legal o institucional» entre sus tres principales desafíos). Mantener un equipo jurídico interno u obtener asesoría legal continua puede resultar difícil, especialmente para las organizaciones que dependen de financiamiento basado en proyectos. A esto se suman los altos costos financieros y los prolongados procesos judiciales.

• El hecho de que los procedimientos judiciales relacionados con los delitos ambientales suelen ser largos y requerir muchos recursos. Dado que las OSC suelen operar con financiamiento basado en proyectos, contar con un equipo técnico especializado durante dichos procesos a menudo resulta inviable (Guardianes del Bosque y GTAI, Venezuela; IDS, Brasil).

• El acceso a los mecanismos judiciales internacionales requiere recursos financieros sustanciales, conocimientos especializados en derecho internacional y de derechos humanos, y la capacidad de apoyar la participación de las comunidades afectadas y los testigos expertos a lo largo de largos procedimientos legales (AARIMO, Colombia; SOS Orinoco, GTAI, Venezuela).

• La participación en litigios ambientales puede exponer a las organizaciones y a su personal a riesgos de seguridad. Denunciar públicamente los delitos ambientales o aportar evidencia técnica a los casos legales puede provocar represalias por parte de actores involucrados en la minería ilegal, la tala ilegal o el acaparamiento de tierras, lo que obliga a las organizaciones a implementar medidas de protección para los defensores del medio ambiente (SOS Orinoco, Venezuela; Instituto Centro de Vida, Brasil).

GI-TOR, Bolivia La ciencia de la sociedad civil como evidencia pericial en litigios ambientales GI-TOR, un consorcio de organizaciones científicas y conservacionistas de Bolivia, muestra cómo los conocimientos técnicos de la sociedad civil pueden integrarse formalmente en los procedimientos judiciales para superar uno de los obstáculos más persistentes en la rendición de cuentas ambiental: la ausencia de pruebas creíbles y admisibles ante los tribunales sobre el daño ecológico. Los casos ambientales en Bolivia suelen estancarse en la etapa de investigación porque ni los fiscales ni los jueces tienen acceso a instituciones capaces de proporcionar evaluaciones técnicamente rigurosas e independientes del daño ambiental. GI-TOR llenó este vacío, inicialmente al proporcionar información técnica de manera informal para respaldar las acciones legales iniciadas por abogados aliados y comunidades indígenas. GI-TOR fue designado formalmente por el Tribunal Nacional Agroambiental como perito técnico designado por el tribunal en los procedimientos contra 43 cooperativas mineras ilegales que operaban en el río Tuichi. El informe pericial de GI-TOR, que evalúa los daños en los territorios indígenas de los pueblos Mosetén y Chimane, se encuentra ahora a la espera de sentencia y se espera que siente un precedente nacional para la cuantificación del daño ambiental. Paralelamente, las contribuciones técnicas de GITOR respaldaron una acción constitucional que condujo a que el río Beni fuera declarado sujeto de derechos en virtud de la Ley de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia (SCP 1326/2023-S1).

Recomendaciones #

Los siguientes puntos de partida reflejan cómo las OSC de toda la Amazonía han participado en litigios y procedimientos judiciales, desde aportar evidencia técnica hasta llevar adelante casos estratégicos a través de mecanismos regionales de derechos humanos.

• Identificar casos en los que las OSC hayan contribuido a resultados exitosos y mapear las estrategias que marcaron la diferencia. Aprender de los litigios que ya han dado resultados, comprender qué tipo de evidencia se utilizó, cómo se construyó la relación con los fiscales y qué argumentos legales resultaron más efectivos, puede ayudar a las organizaciones a perfeccionar su estrategia legal.

• Cuando los canales nacionales estén bloqueados, explorar los mecanismos regionales de derechos humanos, como la CIDH. Identificar estas vías alternativas con anticipación, incluso antes de que sean necesarias, permite a las OSC contar con una estrategia cuando se cierren las vías nacionales.

• Las OSC deben identificar los mecanismos legales disponibles en su jurisdicción —constitucionales, penales, civiles y administrativos— antes de diseñar una estrategia de participación. La evaluación comparativa de las vías legales en los ocho países amazónicos que se presenta en el Capítulo III ofrece una referencia útil para este ejercicio.

7. Evaluación sistemática de la eficacia de las medidas gubernamentales #

La etapa final del proceso que va de la evidencia a la rendición de cuentas consiste en monitorear la aplicación de las sanciones y los resultados de las decisiones judiciales. Los delitos contra la naturaleza en la Amazonía siguen siendo sistemáticamente subdenunciados, subinvestigados y subcondenados. Entre 2018 y 2024, solo se registraron 147 condenas de un total de 2.376 investigaciones penales relacionadas con delitos ambientales en la Amazonía colombiana³⁵. En Brasil, un análisis de Imazon de más de 3.500 demandas por deforestación ilegal presentadas entre 2017 y 2020 reveló que el 78 por ciento fueron desestimadas sin perjuicio y solo el 8 por ciento dieron lugar a un fallo con responsabilidad; de las indemnizaciones y sanciones civiles ordenadas, apenas el 0,2 por ciento se había pagado hasta diciembre de 2023.³⁶ En Ecuador, un grupo de trabajo especializado de la fiscalía abrió 2.075 investigaciones entre 2017 y 2022, de las cuales el 87 % permaneció en la fase de investigación y solo alrededor del 1 % concluyó con una condena o un acuerdo de culpabilidad.³⁷

La recopilación de estas estadísticas es crucial para evaluar la brecha entre la magnitud de las violaciones ambientales y la capacidad institucional disponible para abordarlas. Este tipo de actividad respalda principalmente la Etapa 5 (Ejecución de sentencias y sanciones) del proceso de rendición de cuentas, al dar seguimiento a si las sentencias se ejecutan realmente y al mantener la presión política para que se invierta en la capacidad de las agencias a lo largo de todo el proceso.

• Las OSC, en particular en Brasil, han creado plataformas específicas para organizar, sistematizar y hacer accesibles al público los datos sobre la fiscalización ambiental y los litigios. El Monitor da Fiscalização, desarrollado por una coalición de OSC que incluye al Instituto Centro de Vida (ICV), MapBiomas y Brazil.IO, da seguimiento a la implementación de las medidas de fiscalización ambiental y las sanciones. Por su parte, la plataforma JusAmazônia funciona como una herramienta de búsqueda y monitoreo que recopila información judicial dispersa y extrae estadísticas sobre la resolución de casos de infracciones ambientales. Esta evaluación sistemática a menudo revela que una proporción significativa de los casos permanece sin resolver, lo que refleja limitaciones estructurales en la capacidad de los sistemas estatales para procesar el volumen y la complejidad de las denuncias ambientales³⁸.

• Al poner esta información a disposición de periodistas, investigadores y responsables de políticas, las OSC aumentan la transparencia y generan presión pública para exigir una mayor rendición de cuentas por los delitos contra la naturaleza. Esta evaluación sistemática es fundamental para «cerrar el ciclo» de las contribuciones de la sociedad civil al proceso. Volviendo al primer tipo de contribución, «Incidencia para priorizar los delitos contra la naturaleza», este tipo de información puede utilizarse en campañas de incidencia para abogar por la asignación de recursos acordes con la magnitud del desafío que representan los delitos contra la naturaleza.

Llevar a cabo este tipo de evaluación sistemática presenta una serie de desafíos:

• En muchos países amazónicos, la información sobre inspecciones, sanciones, multas, embargos y casos judiciales se encuentra dispersa en múltiples bases de datos institucionales o simplemente no está disponible públicamente, lo que dificulta este tipo de evaluación sistemática.

• Incluso cuando se puede acceder a datos sobre casos judiciales, puede seguir existiendo una brecha significativa entre las decisiones judiciales y su aplicación. Cuando los tribunales emiten sentencias o las agencias ambientales aplican sanciones administrativas, a menudo hay poca transparencia respecto a si las multas se pagan realmente, si se detienen las actividades ilegales o si se implementan medidas de restauración. Esta «última milla» del proceso de rendición de cuentas es donde los datos son más deficientes.

Instituto Democracia e Sustentabilidad (IDS), Brasil La jurimetría como herramienta para la rendición de cuentas sistémica JusAmazônia, una plataforma desarrollada por el Instituto Democracia e Sustentabilidad (IDS), aplica el análisis jurimétrico a los litigios ambientales en toda la Amazonía brasileña, generando el tipo de diagnóstico sistémico que ni el poder judicial ni la Fiscalía generan de manera rutinaria por sí mismos. A partir de una base de datos de casi 17 000 acciones civiles públicas procedentes de los tribunales estatales y del Tribunal Regional Federal, la plataforma da seguimiento a los casos relacionados con la deforestación desde su presentación hasta la sentencia. Un análisis de más de 3.500 casos presentados en el marco del programa «Amazônia Protege» de la Fiscalía Federal reveló que solo el 7 % culminó en una condena, y que el valor monetario total de las 51 sentencias condenatorias ascendió a 4 millones de reales, una cifra que los investigadores de la plataforma describen como insignificante en comparación con la magnitud del daño. Estos hallazgos se han presentado ante la Corte Suprema, el Consejo Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia, lo que ha generado interés institucional.

Recomendaciones #

• Diseñar plataformas de transparencia pensando en públicos no especializados, incluidos periodistas, responsables políticos y comunidades afectadas. Los datos sobre las brechas en la aplicación de la ley que sean accesibles y comprensibles para estos públicos tienen muchas más probabilidades de generar presión política que los informes técnicamente rigurosos.

• Coordinarse con redes regionales para producir comparaciones entre países. Estas comparaciones son más efectivas para exponer las brechas estructurales que los informes nacionales aislados, y más difíciles de descartar por parte de los gobiernos individuales como casos excepcionales o anómalos, convirtiendo los datos nacionales en una historia de rendición de cuentas a nivel regional.

• Enmarcar los hallazgos en torno a las brechas de rendición de cuentas en lugar de centrarse únicamente en las violaciones, cambiando la narrativa de documentar el daño a evaluar si las instituciones están funcionando. Este enfoque tiende a tener mayor resonancia entre los responsables de políticas y el público internacional, y posiciona a las OSC como observadores de la gobernanza en lugar de adversarios.

Conclusión y recomendaciones #

En una región donde la capacidad del Estado suele ser desigual o está limitada por la inestabilidad política, las OSC pueden transformar observaciones dispersas de daños ambientales en evidencia legalmente admisible y mantener la presión sobre los mecanismos institucionales para garantizar que los responsables de delitos contra la naturaleza rindan cuentas. Estas contribuciones de la sociedad civil abarcan todo el espectro de la respuesta gubernamental. En conjunto, la sociedad civil puede considerarse un centro de inteligencia que trabaja codo a codo con las agencias ambientales y la fiscalía para asegurar que las autoridades estatales cuenten con la base probatoria necesaria para iniciar investigaciones.

La evidencia recopilada para este capítulo apunta a un desequilibrio constante a lo largo del proceso de rendición de cuentas. Los esfuerzos de la sociedad civil se concentran principalmente en la etapa de detección y monitoreo, lo que refleja tanto la relativa accesibilidad de las herramientas de teleobservación como la larga tradición de vigilancia territorial entre las OSC amazónicas. La capacidad se reduce progresivamente hacia las etapas posteriores: el análisis de legalidad, el intercambio de evidencia con los fiscales y, sobre todo, el seguimiento sistemático de los resultados de la aplicación de la ley siguen adoleciendo de una falta crónica de financiamiento y de personal. La brecha es más marcada en la conversión de los datos de monitoreo en pruebas admisibles ante los tribunales —una función que requiere conocimientos jurídicos, relaciones institucionales y experiencia procesal de la que carecen la mayoría de las organizaciones—. Un proceso en el que la etapa de detección cuenta con recursos suficientes, pero la de rendición de cuentas es escasa, genera concientización sin generar resultados.

Persisten desafíos importantes: el desajuste entre el financiamiento de proyectos a corto plazo y la naturaleza a largo plazo que requiere el monitoreo territorial limita el impacto sostenido de los esfuerzos de la sociedad civil. Además, la conversión de pruebas técnicas en acciones judiciales se ve frecuentemente obstaculizada por cuellos de botella institucionales, la falta de conocimientos especializados entre los jueces y la opacidad persistente en torno a los datos gubernamentales sobre la aplicación de la ley en ciertos contextos nacionales. En última instancia, dada la naturaleza exclusiva del enjuiciamiento penal como prerrogativa del Estado, estos cuellos de botella limitan la eficacia de los esfuerzos de la sociedad civil, por muy capacitados y bien financiados que estén (véase también el Capítulo III)

Es poco probable que la rendición de cuentas por los delitos contra la naturaleza en la Amazonía se logre únicamente mediante la acción del Estado, ni puede depender de esfuerzos organizativos aislados. Requiere una red de la sociedad civil altamente articulada, con recursos suficientes y técnicamente competente, que trabaje en complementariedad estratégica con las instituciones estatales y cuente con el apoyo de donantes y gobiernos que comprendan la naturaleza estructural y a largo plazo de este trabajo.

Las siguientes nueve recomendaciones están diseñadas para las OSC, los gobiernos, los donantes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley que busquen fortalecer el proceso de rendición de cuentas. Se basan en las prácticas, estrategias y lecciones documentadas a lo largo de este capítulo y buscan traducir los hallazgos analíticos en acciones concretas que orienten decisiones sobre políticas, programas e inversiones. En el Capítulo III de este estudio se enumeran más recomendaciones para los gobiernos sobre cómo colaborar mejor con la sociedad civil.

1. Establecer plataformas seguras e interoperables para el intercambio de datos a través de las fronteras

Los delitos contra la naturaleza no respetan las fronteras nacionales, pero las respuestas de la sociedad civil siguen organizándose predominantemente a nivel nacional. Las alianzas transfronterizas de datos, como AARIMO, MAAP, MapBiomas Amazonia y Amazon Mining Watch, ya demuestran el valor de las metodologías compartidas y las bases de datos interoperables, y deberían servir de modelo para su expansión.

• Las OSC deberían buscar activamente unirse o contribuir a las alianzas regionales de datos existentes, en lugar de construir infraestructura independiente, aunando los recursos de monitoreo para generar un panorama más integral y resiliente de las violaciones transfronterizas.

• Los gobiernos deben crear condiciones propicias para el intercambio transfronterizo de datos de la sociedad civil, entre otras cosas, reconociendo la validez jurídica de las pruebas generadas por las OSC en los países socios e integrando los resultados del monitoreo de las OSC en mecanismos como la Comisión de Seguridad Pública de la OTCA y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI).

• Los donantes deben dar prioridad a las subvenciones multinacionales que financien una infraestructura de datos compartida, reconociendo que la inversión a nivel de red genera mayor cobertura y resiliencia que el financiamiento aislado de la capacidad organizativa. Los fondos deben ser de mayor duración, ya que los proyectos financiados por 2 o 3 años no son suficientes para sostener proyectos de gran envergadura.

2. Institucionalizar la admisibilidad de las pruebas técnicas y espaciales procedentes de fuentes de la sociedad civil

Las imágenes satelitales, los análisis geoespaciales y los datos de teledetección generados por las OSC siguen teniendo un estatus jurídico incierto en muchas jurisdicciones amazónicas, lo que limita su uso en procedimientos formales, incluso cuando su calidad técnica es alta.

• Las OSC deben adaptar sus metodologías de recopilación de pruebas a los estándares probatorios específicos exigidos por fiscales y jueces en cada contexto nacional, basándose en modelos exitosos como la cooperación técnica entre la FEMA y la sociedad civil en Perú, y la Calculadora de Impactos Mineros desarrollada por la CSF, que se ha adaptado para su uso en casi todos los países amazónicos.

• Los gobiernos y las autoridades judiciales deben establecer protocolos claros y estandarizados para la admisibilidad de las pruebas técnicas generadas por las OSC, e invertir en la capacitación de fiscales y jueces sobre cómo interpretar y aplicar los datos espaciales y ambientales en los procedimientos legales.

• Los donantes deberían financiar el desarrollo de plantillas de documentación listas para presentar ante los tribunales y la asesoría jurídica necesaria para ayudar a las OSC a adaptar sus productos a los requisitos jurisdiccionales de toda la región.

3. Exigir la transparencia pública de los datos gubernamentales sobre el cumplimiento de la ley y las concesiones

El monitoreo independiente y la evaluación comparativa solo son tan sólidos como los datos públicos con los que pueden cruzar información. En muchos países amazónicos, los registros de tenencia de la tierra, concesiones mineras, permisos ambientales, multas y embargos siguen siendo incompletos, desactualizados o inaccesibles.

• Las OSC deben seguir desarrollando plataformas de transparencia que crucen las alertas de monitoreo con los datos públicos disponibles para identificar indicios de ilegalidad, y deben utilizar los mecanismos de libertad de información y los litigios para acceder a los datos cuando se niegue la divulgación proactiva.

• Los gobiernos deben garantizar que los registros de concesiones, las bases de datos de permisos y los registros de aplicación de la ley sean exhaustivos, estén actualizados y sean de acceso público —una obligación que es coherente con los compromisos asumidos por los Estados signatarios en virtud del Acuerdo de Escazú.

• Los donantes deben apoyar a las OSC para que desarrollen su independencia analítica respecto a los sistemas oficiales de datos, financiando metodologías alternativas —como la teledetección y el cruce de datos de fuentes de acceso público— que reduzcan la dependencia de la cooperación gubernamental, la cual podría no estar disponible.

4. Fomentar acuerdos de cooperación técnica entre las OSC y las fuerzas del orden

La brecha entre la detección y la investigación es uno de los cuellos de botella más persistentes en el proceso de rendición de cuentas. Los marcos formales de cooperación entre las OSC y los organismos de investigación estatales se encuentran entre las herramientas más efectivas para superarla.

• Las OSC deben buscar la firma de memorandos de entendimiento formales con las fiscalías y los organismos de aplicación de la ley ambiental, siguiendo modelos como el memorando de entendimiento de la FCDS con la Fiscalía de Colombia, que abarca el suministro de imágenes satelitales, datos de sobrevuelo y expedientes de evidencia técnica, y la integración formal de la ACCA en el sistema nacional de detección y respuesta de Perú.

• Los gobiernos deben crear marcos legales e institucionales que reconozcan a las OSC como socios técnicos formales en las investigaciones, incluso mediante el desarrollo de vías de cooperación anónimas que permitan a las organizaciones compartir pruebas sin ser identificadas públicamente como la fuente, una salvaguardia fundamental en contextos donde los actores investigados cuentan con los medios para tomar represalias.

• Los donantes deben financiar no solo las herramientas técnicas que utilizan las OSC para producir pruebas, sino también el trabajo de construcción de relaciones necesario para establecer y mantener la cooperación con las instituciones fiscales —a través de talleres conjuntos, subvenciones de compromiso plurianuales y apoyo para los costos de coordinación—.

5. Desarrollar y financiar mecanismos de litigio y apoyo legal a largo plazo

El litigio estratégico es una de las herramientas más poderosas de que dispone la sociedad civil, pero su alto costo y su larga duración lo ponen fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones que operan en la Amazonía.

• Las OSC deben identificar casos en los que su participación previa en el monitoreo y la documentación las posicione como contribuyentes creíbles al litigio, y analizar casos anteriores con resultados positivos para extraer estrategias legales replicables. La participación como amicus curiae o experto técnico, en lugar de como litigante principal, ofrece un punto de entrada de menor costo que maximiza el impacto sin requerir que las organizaciones absorban toda la carga de los procedimientos legales.

• Los gobiernos deben garantizar que los marcos legales de cada país permitan la participación de las OSC en litigios ambientales, incluso como amicus curiae, y deben crear tribunales ambientales específicos o salas especializadas donde estos casos puedan ser juzgados por jueces con experiencia relevante.

• Los donantes deben financiar programas de capacitación que fortalezcan la capacidad de las OSC para desenvolverse tanto en las vías legales nacionales como en los mecanismos internacionales, como la CIDH, asegurándose de que las organizaciones conozcan y puedan acceder a toda la gama de vías legales disponibles antes de que sean necesarias. También deben considerar estructuras de financiamiento que permitan un compromiso legislativo plurianual. Los ciclos cortos de financiamiento son particularmente perjudiciales en esta etapa, ya que la reforma legal depende de relaciones acumuladas y de la confianza institucional que no se pueden reconstruir rápidamente, y las organizaciones que desaparecen entre rondas de financiamiento pierden un acceso que lleva años reconstruir.

6. Ampliar el fortalecimiento de capacidades especializadas para los operadores judiciales y administrativos

Incluso cuando existen pruebas sólidas y mecanismos formales de cooperación, los casos con frecuencia se estancan en la etapa de resolución judicial debido a la falta de capacidad judicial y fiscal para interpretar datos complejos de carácter ambiental, espacial y financiero.

• Las OSC deben ampliar su papel en la capacitación de jueces, fiscales y policías ambientales, yendo más allá del derecho ambiental básico para abarcar los mecanismos del crimen organizado transnacional, el lavado de materias primas y la interpretación de pruebas geoespaciales y financieras. La Calculadora de Impactos Mineros, desarrollada por CSF y adaptada en casi todos los países amazónicos, es un modelo de cómo las herramientas desarrolladas por las OSC pueden integrarse en la práctica judicial.

• Los gobiernos deberían institucionalizar el desarrollo de capacidades en materia de delitos ambientales como un componente recurrente de la capacitación judicial y fiscal, en lugar de una intervención puntual que dependa de la iniciativa de las OSC o de los donantes.

• Los donantes deberían financiar el desarrollo y la adaptación de herramientas técnicas —como modelos de cuantificación de daños, monitoreo de evidencia geoespacial y guías de traducción jurídica— que las OSC puedan implementar repetidamente en distintas jurisdicciones, lo que reduciría el costo de cada intervención individual y permitiría ampliar su impacto. También deberían financiar la capacidad de comunicación específica dentro de las OSC —incluyendo personal, herramientas y capacitación—, reconociendo que las pruebas que nunca llegan al público tienen un impacto limitado en la rendición de cuentas, mientras que las funciones de comunicación se tratan sistemáticamente como gastos generales en lugar de como trabajo programático fundamental.

7. Abordar la seguridad de los defensores del medio ambiente mediante protección institucional y estrategias adaptativas de la sociedad civil

La documentación de los delitos ambientales conlleva graves riesgos de seguridad. Sin la protección adecuada, el proceso de rendición de cuentas pierde a sus actores más esenciales.

• Las OSC deben desarrollar protocolos de seguridad internos, que incluyan comunicaciones encriptadas, estructuras de cadena de información que protejan a los monitores de campo de la atribución directa y estrategias de publicación colectivas que distribuyen el riesgo reputacional entre múltiples organizaciones. En entornos políticamente hostiles, operar a través de coaliciones o redes académicas puede mantener la presión para la rendición de cuentas al tiempo que reduce la exposición directa.

• Los gobiernos deben fortalecer los protocolos estatales de protección para los defensores del medio ambiente, reconocer la naturaleza delictiva específica de la violencia contra ellos y crear marcos legales —incluido el estatus de informante confidencial para las OSC en contextos de alto riesgo— que permitan a las organizaciones cooperar con las autoridades sin poner en riesgo a su personal o a sus socios.

• Los donantes deben tratar los presupuestos de seguridad como partidas no negociables en las subvenciones a las OSC, permitiendo asignaciones flexibles dedicadas específicamente a la seguridad física y digital de los investigadores de campo, los líderes comunitarios y el personal en general. Esto debe considerarse como un paso en el proceso de diligencia debida para otorgar un fondo específico para los defensores del medio ambiente en la región.

8. Dar seguimiento a las sentencias y a la ejecución de las sanciones para cerrar el ciclo de rendición de cuentas

Generar evidencia y obtener sentencias judiciales no es suficiente si no se hacen cumplir las sanciones. La etapa final del proceso —la ejecución de las sentencias y el monitoreo del cumplimiento— sigue siendo la que cuenta con menos recursos y está menos documentada en la región.

• Las OSC deben dedicar recursos al seguimiento sistemático de la implementación de las resoluciones judiciales y las sanciones administrativas, basándose en modelos como Monitor da Fiscalização y JusAmazônia en Brasil, y trabajando para adaptar estos enfoques a otros países amazónicos.

• Los gobiernos deben establecer mecanismos de información abiertos sobre la aplicación de las sanciones ambientales, poniendo a disposición del público los datos de cumplimiento para que las OSC y los ciudadanos puedan verificar de manera independiente si se están aplicando las resoluciones.

• Los donantes deben dar prioridad a las iniciativas que supervisan el cumplimiento y ponen de relieve públicamente las brechas en la implementación, reconociendo que el efecto disuasivo de todo el proceso de rendición de cuentas depende de que las sanciones se apliquen de manera visible.

9. Apoyar las iniciativas de la sociedad civil transamazónica y las plataformas de intercambio panamazónicas #

La naturaleza transnacional de las redes de delitos ambientales requiere una respuesta de la sociedad civil que sea igualmente transnacional en su coordinación, intercambio de conocimientos e incidencia política.

• Las OSC deben buscar activamente alianzas con organizaciones de otros países amazónicos, contribuyendo a estrategias legales compartidas, enfoques de monitoreo y lecciones aprendidas de la colaboración con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y aprovechando estos recursos. Esto ayuda a reducir la duplicación de esfuerzos y a acelerar la difusión de prácticas efectivas en toda la región y en los temas específicos que las OSC buscan abordar en materia de delitos ambientales.

• Los gobiernos deben fomentar y reconocer formalmente la colaboración transamazónica de la sociedad civil, incluso mediante la creación de espacios institucionales, dentro de la OTCA y otros organismos regionales, donde se puedan presentar, debatir e integrar los hallazgos de las OSC en las estrategias intergubernamentales de aplicación de la ley.

• Los donantes deben financiar proyectos que incluyan a OSC de más de un país amazónico y destinar recursos a plataformas de intercambio panamazónicas específicas que permitan la consulta regular entre organizaciones de los ocho países amazónicos, considerando la coordinación regional como una prioridad programática y no como un elemento adicional.

Anexo I. Metodología detallada #

Estudio #

Para trazar un mapa del panorama de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan en los ocho países amazónicos, se llevó a cabo un mapeo inicial documental utilizando la red regional existente de la Amazon Conservation Association (ACA). Este paso tenía como objetivo identificar a las organizaciones activas y garantizar una amplia cobertura geográfica. A partir de este mapeo preliminar, se diseñó una encuesta estructurada para recopilar de manera sistemática información comparable sobre las OSC dedicadas a la prevención, el monitoreo y la respuesta a los delitos contra la naturaleza. La encuesta se difundió a través de las redes de socios de la ACA y se compartió públicamente en sus canales de redes sociales para llegar tanto a socios de larga data como a organizaciones fuera de su red inmediata.

El cuestionario constaba de 56 preguntas organizadas en siete secciones temáticas. La sección 1 recogía las características organizativas fundamentales, entre ellas los países y regiones de operación, el año de fundación, el tamaño de la organización, las principales áreas de trabajo y la forma jurídica. La sección 2 se centró en la participación de la organización en la lucha contra los delitos relacionados con la naturaleza, identificando los tipos de delitos abordados, los principales enfoques de intervención y las herramientas y metodologías de recopilación de datos empleadas. La sección 3 examinó el uso de los datos, con preguntas destinadas a comprender si las organizaciones recopilan datos sobre delitos ambientales y de qué manera lo hacen, así como los fines para los que se utilizan dichos datos, incluyendo la incidencia política, los litigios o la participación en la formulación de políticas.

Las secciones 4 y 5 abordaron la capacidad jurídica, abarcando el acceso de las organizaciones a la representación legal, la participación previa en acciones legales y la disponibilidad de apoyo y capacitación jurídica, tanto interna como externa. La sección 6 exploró los principales desafíos operativos, institucionales y contextuales que enfrentan las OSC que trabajan en el ámbito de los delitos ambientales. Finalmente, la sección 7 examinó la participación en alianzas, redes e iniciativas de colaboración, con el fin de comprender las dinámicas de coordinación y las oportunidades de acción colectiva en toda la región.

La encuesta siguió un enfoque de muestreo no probabilístico y se distribuyó a través de redes profesionales y organizativas existentes. Por lo tanto, los resultados no pretenden ser estadísticamente representativos de todas las OSC que operan en la región amazónica, sino proporcionar una visión general indicativa y exploratoria de los perfiles, capacidades y desafíos de las organizaciones activas que trabajan en delitos relacionados con la naturaleza.

En total, se recopilaron 41 respuestas de OSC con operaciones que abarcan los ocho países amazónicos. Los datos de la encuesta se analizaron de manera descriptiva para identificar patrones recurrentes y brechas, y las respuestas se trataron de forma agregada para evitar la atribución de información sensible.

Entrevistas #

Tras la fase de la encuesta, se realizaron entrevistas semiestructuradas con un grupo seleccionado de OSC para profundizar y contextualizar los hallazgos. De las 41 organizaciones que respondieron a la encuesta, se seleccionaron 10 para esta segunda fase en función de su respuesta afirmativa a haber participado en acciones legales relacionadas con delitos ambientales o contra la naturaleza a nivel nacional, regional o internacional. Este criterio de selección tenía como objetivo obtener información más detallada sobre las estrategias legales, las interacciones institucionales y los desafíos de implementación.

Además, se incluyó a un número limitado de entrevistados que no formaban parte del grupo inicial de diez organizaciones para garantizar la representación de todos los países amazónicos. Estos entrevistados adicionales fueron seleccionados de la red de socios de la Amazon Conservation Association.

El formato semiestructurado combinó un conjunto común de 24 preguntas guía con la flexibilidad de explorar con mayor profundidad los temas planteados por los entrevistados o de omitir algunas preguntas cuando no fueran relevantes. Este enfoque garantizó la comparabilidad entre las entrevistas, al tiempo que tuvo en cuenta la variación en los mandatos organizacionales, los contextos nacionales y los tipos de participación legal.

Las entrevistas se centraron en temas que incluían la experiencia de las organizaciones con litigios y denuncias legales, las interacciones con autoridades judiciales y administrativas, los obstáculos para emprender acciones legales, las dinámicas de aplicación de la ley, las percepciones sobre la eficacia de los marcos legales y normativos existentes, y la relación del gobierno con las OSC en el país del entrevistado.

Lista de OSC entrevistadas #

La Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO)	Colombia
Conservación Amazónica (ACCA)	Perú
Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS)	Colombia Perú
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)	Perú
Conservación Amazónica (ACEAA)	Bolivia
Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR)	Bolivia
Equipo de Conservación Amazónica (ACT)	Guyana y Surinam
EcoCiencia	Ecuador
Fundación Río Napo	Ecuador
Instituto Centro Vida (ICV)	Brasil
Instituto de Desarrollo Social (ISD)	Brasil
Instituto Igarapé	Brasil
Instituto Socioambiental (ISA)	Brasil
Grupo de Trabajo Indígena (Universidad de los Andes)	Venezuela
SOS Orinoco	Venezuela

Lista de participantes en la encuesta #

Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO)
Instituto Centro de Vida (ICV)
Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos – EcoCiencia
Conservación Amazónica-ACEAA
Earth Genome
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Ecuador
SOSOrinoco
Instituto Socioambiental (ISA)
Programa de los Pueblos del Bosque (FPP) – Perú
Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA)
Amazon Rainforest Conservancy (ARC) es una organización benéfica canadiense registrada que trabaja en colaboración con dos organizaciones hermanas peruanas sin fines de lucro: Amazon Rainforest Conservancy Northern Peru (ARCNP) y Peruvian Amazon Rainforest Conservancy (PARC).
Clima21
Asociación COLNODO
Asociación de trabajadores rurales «Dios es amor» de la región de Taboca.
Biome Conservation (Fondo Internacional de Conservación de Canadá)
Fundación Río Napo
Asociación Civil Centro de Capacitación y Gestión Comunitaria La Cosecha.
Cámara de Minería del Ecuador
Guardianes del Bosque
Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA)
Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela «Wayamoutheri»
Conservación Amazónica – ACCA
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) Universidad de Los Andes
Equipo de Conservación Amazónica (ACT)
Observatorio del Código Forestal
Proética – Capítulo peruano de Transparencia Internacional
SOS Amazonía
Fondo de Estrategia de Conservación (CSF)
Observatorio BR-319
Fundación Natura Colombia
Universidad Católica Andrés Bello
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sustentable (FCDS)
Gaia Amazonas
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Programa Ecuador
Equipo de Conservación del Amazonas de las Guayanas
Sociedad para la Conservación del Sur de Rupununi
Red CORAL (Red de monitoreo y análisis del Crimen Organizado en América Latina)
Grupo Representativo de las Comunidades de las Montañas de Kanuku
Amazon Underworld

Anexo II. Directorio de ejemplos de contribuciones de la sociedad civil #

Notas #

1. «No existe un consenso universal sobre la definición de “delito ambiental”, pero a menudo se entiende como un término colectivo para describir las actividades ilegales que dañan el medio ambiente y que tienen como objetivo beneficiar a individuos, grupos o empresas mediante la explotación, el daño, el comercio o el robo de recursos naturales, incluidos los delitos graves y la delincuencia organizada transnacional». Más información en: Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (Eds.). 2016. El auge del delito ambiental: una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida del PNUMA e INTERPOL. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y RHIPTO Rapid Response – Centro Noruego de Análisis Globales, www.rhipto.org-

2. Barber, C. V., K. Winfield y Y. Aspinall. Gente. Planeta. Justicia. Understanding and countering Nature crime. Informe. Washington, DC: Instituto de Recursos Mundiales. 2024. Disponible en línea endoi.org/10.46830/wrirpt.22.00038 .

3. Funari, Gabriel; Cote, María Antonia; Aponte, Andrés; Ríos, Lina María Asprilla. Environmental crimes in the Amazon: current trends and rising threats. Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. 2025. Disponible en: https://globalinitiative.net/analysis/environmental-crimes-in-the-amazon/

4. Waisbich, L. T., Risso, M., Husek, T. y Brasil, L. (2022). The ecosystem of environmental crime in the Amazon: An analysis of illicit rainforest economies in Brazil.Documento estratégico n.º 55. Instituto Igarapé. Disponible en: igarape.org.br.

5. Instituto Igarapé. Strategies to combat environmental crimes and associated money laundering. 2026.

6. InSight Crime. El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro. 2025. Disponible en: https://insightcrime.org/es/noticias/crimen-organizado-saca-provecho-record-precios-oro/

7. Instituto Igarapé; InSight Crime. La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países. 2021.

8. InSight Crime. Beneath the Surface of Timber Trafficking on the Peru-Colombia-Brasil Border. 2023. Disponible en: https://insightcrime.org/investigations/beneath-surface-timber-trafficking-peru-colombia-brazil-border/

9. Instituto de Recursos Mundiales. Crimen organizado en el Amazonas: una amenaza creciente para la selva tropical más grande del mundo. Disponible en:
   https://es.wri.org/insights/crimen-organizado-en-el-amazonas-una-amenaza-creciente-para-la-selva-tropical-mas-grande

10. Instituto de Recursos Mundiales. Crimen organizado en el Amazonas: una amenaza creciente para la selva tropical más grande del mundo. 2025. Disponible en: https://insightcrime.org/es/wp-content/uploads/2023/08/InsightCrime-Tri-Border-ES.pdf.

11. Pacheco, Andrea; Meyer, Carsten. Land tenure drives Brazil’s deforestation rates across socio-environmental contexts. *Nature Communications*. Vol. 13. 2022.

12. Reydon, B.; Molendijk, M.; Porras, N.; Siqueira, G. The Amazon Forest Preservation by Clarifying Property Rights and Potential Conflicts: How Experiments Using Fit-for-Purpose Can Help Land. Vol. 10. 2021.

13. Cárdenas, Juan Diego; Ramírez, María Fernanda; Robbins, Seth. Challenges and Opportunities in Protecting Amazon Tri-Border Regions. InSight Crime. 2023. Disponible en: https://insightcrime.org/investigations/challenges-opportunities-protecting-amazon-tri-border-regions/

14. USAID. Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía peruana. 2022.

15. Instituto Igarapé. Strengthening Anti-Money Laundering Systems Against Environmental Crime: Comparative Legal and Policy Frameworks in Amazonian Countries. 2025.

16. InSight Crime; Instituto Igarapé. La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en las regiones de triple frontera. 2023. Disponible en: https://insightcrime.org/es/wp-content/uploads/2023/08/InsightCrime-Tri-Border-ES.pdf

17. Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Amazon Underworld: criminal economies in the world’s largest rainforest. 2023. Disponible en: https://globalinitiative.net/analysis/amazon-underworld-economias-criminales/#:~:text=Economías%20criminales%20en%20la%20selva%20tropical%20más%20grande%20del%20mundo,para%20reorganizarse%20y%20tomar%20el%20control.

18. Instituto Igarapé; InSight Crime. Stolen Amazon: the roots of environmental crime in five countries. 2022. Disponible en: https://igarape.org.br/en/stolen-amazon-the-roots-of-environmental-crime-in-five-countries/

19. «Amicus Curiae, traducido literalmente del latín, significa “amigo del tribunal”. Se refiere a una persona o grupo que no es parte en un proceso, pero que tiene un gran interés en el asunto. Esta persona o grupo solicitará al tribunal permiso para presentar un escrito en el proceso con la intención de influir en la decisión del tribunal». Más información disponible en: https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae

20. Killeen, Timothy J. In the Amazon, lack of transparency and corruption undermine the environment. Mongabay. 2025. Disponible en: https://news.mongabay.com/2025/12/in-the-amazon-lack-of-transparency-and-corruption-undermine-the-environment/

21. Se pueden encontrar más detalles sobre la metodología en el Anexo IV.

22. Waisbich, L. T., Risso, M., Husek, T. y Brasil, L. (2022). The ecosystem of environmental crime in the Amazon: An analysis of illicit rainforest economies in Brazil. Documento estratégico n.º 55. Instituto Igarapé. Disponible en: igarape.org.br.

23. En el Anexo II también se puede encontrar una lista adicional de ejemplos y materiales, organizada por tipo de contribución.

24. SPDA. Cinco puntos que debe tener en cuenta el Congreso sobre la incorporación del tráfico de vida silvestre dentro de la Ley contra el crimen organizado. Opinión legal. 2021. Disponible en: https://spda.org.pe/publicacion/cinco-puntos-que-debe-tener-en-cuenta-el-congreso-sobre-la-incorporacion-del-trafico-de-vida-silvestre-dentro-de-la-ley-contra-el-crimen-organizado-opinion-legal/.

25. La Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

26. Los términos «delito contra la naturaleza» y «infracción ambiental» se utilizan de manera distinta a lo largo de este informe. «Delito contra la naturaleza» se refiere específicamente a actos que constituyen delitos penales según la legislación nacional y están sujetos a sanciones penales, como multas o penas de prisión. La «violación ambiental», por el contrario, es una categoría más amplia que abarca cualquier incumplimiento de las normas ambientales, incluidas las infracciones administrativas que, si bien no alcanzan el umbral de responsabilidad penal, sí dan lugar a respuestas normativas como sanciones administrativas, revocaciones de permisos u órdenes de remediación. Las actividades de monitoreo y detección realizadas por las OSC pueden identificar ambos tipos de incumplimiento; la vía de rendición de cuentas posterior (proceso penal o medidas administrativas) dependerá de la clasificación jurídica del acto en cada jurisdicción nacional. Para más información, véase el Capítulo III.

27. Las tecnologías de teleobservación se refieren a los métodos de recopilación de datos sobre la superficie terrestre a distancia, por lo general mediante imágenes satelitales, fotografía aérea o sensores montados en drones. En el contexto del monitoreo ambiental, estas herramientas se utilizan para detectar cambios en la cobertura del suelo, identificar la deforestación, cartografiar la actividad minera y dar seguimiento a otras formas de degradación ambiental sin necesidad de presencia física en el terreno. Entre las plataformas más utilizadas se encuentran Sentinel-1 y Sentinel-2 (Agencia Espacial Europea), Landsat (NASA/USGS) y proveedores comerciales de imágenes de alta resolución, así como sistemas de alertas procesadas como Global Forest Watch y MapBiomas, que crean capas analíticas sobre los datos satelitales sin procesar.

28. La admisibilidad específica de las pruebas de teledetección en cada uno de los ocho países de la Amazonía se analiza con mayor detalle en el Capítulo III.

29. Center for Climate Crisis Analysis. Fighting illegal deforestation And Its Drivers In Peru. https://climatecrimeanalysis.org/project/fighting-illegal-deforestation-caused-by-palm-oil-in-peru/. 2022.

30. Conservation Strategy Fund. Mining Impacts Calculator. Disponible en: https://miningcalculator.conservation-strategy.org/

31. Conservation Strategy Fund. CSF’s Mining Calculator Makes an Impact on the Ground. 2023. Disponible en: https://www.conservation-strategy.org/news/csfs-mining-calculator-makes-impact-ground.

32. Instituto SocioAmbiental. Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo. Disponible en: ???

33. Amazon Conservation. (2026). Keeping the Rivers Flowing – How Deforestation in the Brazilian Amazon Threatens Rainfall in Peru and Bolivia. Disponible en: https://www.amazonconservation.org/wp-content/uploads/2026/05/EN_Flying-Rivers-1.pdf

34. Majundar, Roshni. Brazil revives plan to pave highway through Amazon. DW News. 2026. Disponible en: https://www.dw.com/en/brazil-revives-plan-to-pave-highway-through-amazon/a-77321412

35. Ministerio de Justicia y del Derecho y otros, «Informe estadístico sobre delitos ambientales en Colombia (2018-2024)» (2025), disponible en: https://repositorio.minjusticia.gov.co/politica-criminal/Biblioteca/Informe%20estadistico%20Delitos%20Ambientales%20%282018-2024%29.pdf.

36. Almeida, J., Brito, B. y Farias, H. (2022). Are courts punishing illegal deforesters in the Brazilian Amazon? Results of the Amazônia Protege program — resumen ejecutivo. Imazon. https://imazon.fly.storage.tigris.dev/wp-backup/wp-content/uploads/2022/07/Executive-Summary-Amazonia-Protege.pdf

37. https://news.mongabay.com/2025/10/the-rise-of-anti-corruption-prosecutors-in-the-amazon-region/

38. Moraes, Vitor Hugo S. O Poder Judiciário no combate ao desmatamento e reparação de danos ambientais e climáticos. São Paulo: Instituto Democracia y Sustentabilidad. 2025. (Proyecto JusAmazônia). Disponible en: https://www.idsbrasil.org/wp-content/uploads/2025/12/Resultados-e-aprendizados-do-uso-da-jurimetria_SEM-HIFENIZACAO.pdf.